El próximo 11 de octubre tienen una cita ante el juez de la Audiencia Nacional los representantes de los sindicatos y las patronales de Farmacia para dirimir la representación del bando sindical en la negociación del convenio colectivo de farmacia. Una cita que no ha sido posible evitar, a pesar de que José Luis Rodríguez Dacal, presidente de a Federación Española de Farmacéuticos Empresarios (FEFE) ha estado mediando entre las partes para evitar llegar al juzgado. Finalmente no ha sido posible tal y como ha confirmado el propio Dacal a Diariofarma.
"Vamos a la audiencia el 11 ya que UGT cree que tiene razón", ha explicado Dacal. Esta posición del sindicato ha sido justificada en las últimas semanas aduciendo "dejación" al resto de sindicatos a la hora de iniciar los trabajos de la Mesa Negociadora.
Según explicó la secretaria de Sanidad de UGT, Gracia Álvarez a Diariofarma, "toda la parte sindical fue convocada con antelación el día 4 de julio y que el resto de fuerzas decidieron no presentarse avisando con dos horas de antelación y por correo electrónico", hecho que ha fue corroborado por FEFE.
El motivo de dicha ausencia sería el desencuentro entre el bloque formado por Unión de Trabajadores de Farmacia (UTF) , CCOO y Fetrafa y, por otro lado, UGT, con respecto a la representación obtenida en el proceso electoral que había tenido lugar en los centros de trabajo.
Hasta finales de año
De este modo, la situación se podría alargar hasta acercarse a finales de año, especialmente si alguna de las partes recurre el auto que en primera instancia saliera de la Audiencia Nacional. No obstante, Dacal tiene "la sensación de que no recurrirán" por las conversaciones que hasta el día de hoy ha mantenido con los representantes sindicales.
En cualquier caso, si por la causa que fuere no se llegara a alcanzar un acuerdo el 31 de diciembre, entraría en vigor una cláusula de revisión salarial del 2%, un incremento que, no obstante, no sería consolidado y estaría condicionado al resultado final de la negociación del convenio pudiendo ser reclamadas las cuantías que difieran del acuerdo definitivo, por lo que crearía una situación de incertidumbre tanto para los trabajadores como para los empresarios.
Nicolas Gonzalez Casares: