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Programa electoral de Podemos a las elecciones de Andalucía (22-M)

DIARIOFARMA  |    08.03.2015 - 09:32

Logo-PodemosPrograma Electoral que el Partido Podemos ha presentado a los electores para las Elecciones de Andalucía del 22 de marzo de 2015

Candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía: Teresa Rodríguez

Accede a la página web de la candidatura donde se encuentra el programa electoral e información adicional.

 

MEDIDAS CONCRETAS EN SANIDAD

Abogar por el bienestar social de las personas que viven en Andalucía El bienestar social no se negocia. Desde el comienzo de la crisis económica hemos observado cómo se han ido desmantelando logros alcanzados a través del esfuerzo ciudadano que construyó nuestro Estado de bienestar después del fin de la dictadura. Los recortes en el estado social afectan de manera directa en el desarrollo de nuestra comunidad. El bienestar social y el desarrollo no pueden estar supeditados al mero crecimiento económico, sino a la inversa: sin recuperación de derechos no habrá recuperación económica; si no es con más bienestar, no saldremos de la crisis.

Las circunstancias dramáticas que se desarrollan en el nivel estatal adquieren un mayor y profundo calado en nuestra comunidad andaluza, puesto que la gestión del Gobierno autonómico ha estado solo en manos de una fuerza política desde hace más de tres décadas, demostrando de manera fehaciente su ineficacia política a lo largo de este tiempo.

La crisis económica, en la que la gran mayoría de la ciudadanía está inmersa, sigue avanzando en estos días. Las políticas mantenidas por el Gobierno central, sumado a la inercia secundada por el Gobierno autonómico, han supuesto un ataque directo a la sociedad civil andaluza a través de la disminución de medios y presupuesto en educación −con una disminución del 9% en la inversión pública durante el periodo 2012-2015−, salud −10,5% de recortes entre 2008-2012−, servicios sociales −disminución del 13% entre 2011-2014−, coope- ración al desarrollo −con una bajada del 46% en el periodo 2008-2013− y han afectado notablemente a las políticas de igualdad y migración transversales a los ámbitos descritos. Todo ello ha constituido una pérdida de derechos, un aumento de la desigualdad y un claro empeoramiento en las condiciones de vida de las personas. Una situación dramática que requiere de otras ideas y medidas para un rescate y desarrollo urgente de la acción social que revierta el principal riesgo que corre Andalucía y España: un cambio en el contrato social que normalice la pérdida de derechos y condene a la resignación a nuestros pueblos.

El desarrollo de las políticas de bienestar social no es un horizonte que deba perseguirse, sino la condición para un desarrollo social pleno. Es el punto de partida para la ciudadanía, para alcanzar sus derechos fundamentales y una convivencia democrática. En PODEMOS Andalucía, entendemos que la promoción del bienestar no es un gasto, sino una inversión imprescindible para la reactivación económica. Esta premisa básica debe marcar cualquier modelo político que se ponga en práctica en la sociedad actual, y su protección debe asumirse como prioritaria, alejándose así de intereses y políticas económicas que supeditan lo que es de todas las personas al beneficio de unas pocas.

Debemos tener en cuenta los principios políticos básicos del bienestar social: empoderamiento social, soberanía popular y participación ciudadana. Partiendo de esta concepción, creemos que nuestras medidas deben llevar estos tres principios como prioritarios, entendiendo el empoderamiento social como la posibilidad de gestión ciudadana dentro de un grupo o comunidad; la soberanía popular como el derecho a decidir sobre todos los asuntos que conciernen a la sociedad; y la participación ciudadana como la complementación entre la democracia representativa y la democracia directa y participativa, poniendo a la sociedad civil andaluza en el centro de las instituciones y de la capacidad de decidir autónomamente el modelo de vida que garantice la autonomía personal en el marco de la vida colectiva.

La estrategia de convertir los bienes comunes en mercancías y de privatizar el espacio público puesta en marcha desde el Gobierno estatal (y de la que se ha sido cómplice desde la comunidad autónoma andaluza) ha socavado las áreas de educación, salud, servicios sociales y cooperación al desarrollo, así como también ha contribuido al deterioro de las políticas de igualdad y migración.

La defensa del espacio público, común a toda la ciudadanía, se propone como la estrategia fundamental para el desarrollo del Estado de bienestar.

1. CUIDAR LA SALUD PARA GENERAR UNA ANDALUCÍA FUERTE Andalucía presenta algunas particularidades que hacen que el funcionamiento de su sistema sanitario y su sistema de servicios sociales sea especialmente importante para su población y para su desarrollo. Por un lado, Andalucía tiene un alto índice de desigualdad, que toma su máxima expresión en la tasa de paro más elevada de nuestro país. Por otro, Andalucía presenta importantes focos de exceso de mortalidad y morbilidad, especialmente cuando se compara con el resto de España.

A pesar de esto, nuestra comunidad autónoma presenta el gasto sanitario por habitante más bajo de España −1.091€/habitante− frente al 1.255€/habitante de la media nacional. Además, en los últimos años hemos caído en una importante precarización de las personas trabajadoras de los servicios sociales y de salud, debilitando el necesario vínculo de colaboración entre trabajadoras e instituciones.

La participación ciudadana en materia sanitaria se ha llevado a cabo de forma vertical, concebida esta como un complemento de decisiones ya tomadas y no como una parte esencial en el diseño y funcionamiento de los servicios.

Las políticas en materia de medicamentos han ido dirigidas al copago, a la no financiación pública y a la contención del gasto más que a la adecuación de la prescripción. La masificación y deterioro de los servicios de urgencias es ya constante al haberse convertido en la válvula de escape de las ineficacias de la atención primaria y la especializada.

 

Objetivos

• Impulsar la rendición de cuentas por parte de las instituciones ante la población, tanto con los mecanismos internos de la Administración guiados por la transparencia como con formas adecuadas de participación comunitaria.

• Avanzar hacia la cobertura sanitaria realmente universal, reconociendo el acceso a la salud como un derecho e incluyendo en ese derecho una visión basada en los aspectos sociales que determinan la salud, especialmente en los colectivos más desfavorecidos.

• Concebir la salud más allá de su aspecto sanitario, tomando en cuenta aquellos determinantes sociales −educación, vivienda, entorno físico, etc.− cuyas políticas pueden influir sobre la salud de quienes habitan en nuestra comunidad. Debemos mirar a la salud desde un enfoque integral que incluya todas las políticas y con una visión que permita disminuir las desigualdades sociales en salud en nuestra comunidad, para lo que es fundamental el papel de los servicios de salud pública como centro de coordinación entre lo sanitario, lo social y lo institucional.

 

Proponemos tres estrategias que vertebrarán la totalidad de las medidas presentadas en adelante.

• La potenciación de la atención primaria como eje vertebrador del sistema sanitario y no como la gran olvidada de nuestro sistema. La evidencia nos dice que un sistema eficiente pasa por una atención primaria de calidad.

• Incluir objetivos específicos en los planes de salud y en el acceso, efectividad y calidad de los servicios sanitarios para la disminución de desigualdades en el estado de salud.

• La apuesta por una integración socio-sanitaria real que posibilite un enfoque integral que incluya la mirada hacia los determinantes sociales de la salud y la acción coordinada de los servicios de salud y los servicios sociales.

 

PROPUESTAS

a. Financiación

1. Aumentar el gasto sanitario por habitante para que converja con la media estatal. Este aumento de financiación a corto plazo favorecerá que las reformas que se introduzcan sean sostenibles. La inversión en el sistema sanitario puede tener un importante poder de redistribución y garantía de la funcionalidad social de los individuos.

2. Fijar un mínimo de financiación para las partidas más atacadas por los recortes −atención primaria y salud pública−.

3. Reformar el modelo organizativo creando áreas básicas socio-sanitarias que sirvan como unidad de financiación y priorización de la financiación para las zonas con especial necesidad de transformación social.

 

b. Cobertura sanitaria

4. Ampliar la visión de la universalidad. Lograr la cobertura sanitaria universal, la cual fue eliminada tras aprobarse el RD 16/2012, tanto en la asistencia como en el acceso a las prestaciones de medicamentos y los aspectos sociales que determinan la salud.

5. Monitorizar la cobertura, especialmente en colectivos vulnerables. Supervisar los mecanismos de cobro a entidades privadas, mutuas y otros Estados.

6. Cubrir la pérdida de acceso a la cobertura sanitaria de las y los andaluces que han salido a buscar trabajo al extranjero y han visto perder sus derechos.

 

c. Equidad en el sistema sanitario

7. Despatriarcalizar el sistema sanitario mediante la corrección de su heterosexismo y de los procesos de medicalización de las vidas y los cuerpos de las mujeres como una forma de violencia, garantizando un sistema sanitario que permita a las mujeres, con todas las garantías, poder decidir sobre su propio parto.

8. Sensibilizar y adoptar las medidas oportunas para aquellas enfermedades asociadas o agravadas por cuestiones de género, tales como la salud mental, diversas patologías o trastornos del comportamiento alimentario.

9. Potenciar la educación afectivo-sexual, garantizando la salud sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

 

d. Participación comunitaria

10. Impulsar los Consejos de salud como área de participación e integración social y sanitaria. Crear una partida presupuestaria −con financiación autonómica− para su gestión desde los Consejos locales de salud, para la acción local en salud y servicios sociales.

11. Impulsar la promoción de la salud como eje vertebrador de la participación que potencie el empoderamiento de personas y comunidades sobre los aspectos de su vida y su ciudad que influyen en la salud.

12. Fomentar la participación de colectivos vulnerables, en oposición a la actual participación basada en la elección por azar.

13. Constituir una Red Andaluza de Activos en Salud utilizando los consejos de salud como punto de coordinación y difusión de estos activos.

 

e. Integración asistencial

14. Lograr que la coordinación e integración asistencial sea uno de los centros en torno a los cuales gire el sistema sanitario y cuyo eje sea la atención primaria. Crear una historia clínica electrónica socio-sanitaria única para la mejora e integración de la asistencia social y sanitaria, así como para la investigación aplicada en servicios y políticas públicas.

Esta integración pasa por: 15. Coordinar la atención primaria con la especializada y los hospitales.

16. Facilitar la independencia organizativa en los centros de atención primaria y las iniciativas para aumentar la duración de las consultas y la disminución de los tiempos de espera.

17. Impulsar el rol central de la enfermería y revisar las ratios médico/a-enfermero/ a, especialmente en atención primaria.

 

f. Evaluación de prestaciones y políticas

18. Impulsar la evaluación de las prestaciones y las políticas públicas como fundamento del funcionamiento del sistema sanitario y los servicios sociales.

19. Impulsar una auditoría y evaluación de las políticas sanitarias.

 

g) Gestión pública

20. Auditar el gasto público en concesiones, conciertos y externalizaciones sociales y sanitarias con empresas privadas en las últimas dos legislaturas, empezando por aquellas otorgadas a empresas con ánimo de lucro.

21. Apostar por la gestión pública directa de unos servicios que fomenten la equidad actuando con eficiencia y promover la colaboración pública con cooperativas y otras organizaciones en el ámbito de la asistencia social, especialmente las que existen en el ámbito de la atención a mujeres y niñas y niños víctimas de maltrato.

22. Evaluar la privatización de servicios no clínicos −hostelería, limpieza, etc. − tanto en costes como en resultados y la eficiencia de las innovaciones organizativas −Hospitales de Alta Resolución, Áreas de Gestión Sanitaria−.

23. Simplificar la estructura organizativa del SAS con el objetivo de mejorar la integración, coordinación territorial y capacidad de planificación de las acciones asistenciales, tanto en el ámbito de la atención hospitalaria como de atención primaria, así como su integración efectiva con los servicios de salud pública y de tipo socio-sanitario.

24. Integrar los organismos de titularidad pública adscritos a la Consejería de Salud (Agencias Públicas Empresariales Sanitarias y Empresa de Emergencias Sanitarias) en el Servicio Andaluz de Salud.

 

h. Transparencia sanitaria y rendición de cuentas

25. Publicar anualmente datos sobre estructura, funcionamiento y resultados de los servicios sanitarios y sociales y del sistema en su conjunto − públicos y privados−, incluyendo datos sobre resultados en salud y sus determinantes.

26. Publicar criterios y procedimientos para la toma de decisiones en salud y el gasto sanitario.

27. Fijar fechas para el cumplimiento de objetivos y para la rendición de cuentas ante la población.

 

i. Gestión de profesionales

28. Impulsar un plan de recursos humanos contra la eventualidad laboral en los servicios públicos sociales y sanitarios.

29. Convertir en personal indefinido a aquellas/os profesionales que, según la legislación vigente, hayan encadenado el número de contratos necesarios para dejar de seguir siendo eventuales.

30. Implantar un Plan de Formación Interna de profesionales que responda a las necesidades de las personas trabajadoras y del sistema sanitario, de alta calidad y accesibilidad.

31. Aplicar rigurosamente la Ley de Incompatibilidades.

 

j) Política farmacéutica

32. Fomentar las compras centralizadas a nivel autonómico y estatal. Priorizar la necesidad de continuidad y adherencia de los pacientes a los tratamientos por encima de las disminuciones marginales de coste buscadas por la subasta de medicamentos e instaurar medidas para que no deban cambiar de marca con frecuencia, ya que esto pone en riesgo el cumplimiento de los tratamientos y la salud de las y los pacientes.

33. Fomentar las nuevas formas de contrato para la introducción de medicamentos innovadores.

 

k. Servicios de Urgencias

34. Planificar los períodos de alta frecuentación con antelación para anticipar los colapsos y evitar actuaciones improvisadas y parciales.

35. Cumplir los compromisos de tiempo de espera para ingresar desde Urgencias e inclusión de esto como indicador publicado periódicamente.

36. Implantar un Plan de Formación periódico para los profesionales.

 

l. Salud mental:

37. Aumentar la capacidad de resolución de la atención primaria en temas de salud mental mediante la formación, apoyo institucional y coordinación con los dispositivos especializados.

38. Introducir la perspectiva de género en los planes de salud mental que se implanten, considerándola como fundamental, y diseñar planes de atención socio-sanitaria al malestar, donde la perspectiva de género es especialmente relevante.

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