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CiU propone que la vinculación al PIB no afecte al gasto hospitalario

DIARIOFARMA  |    05.05.2015 - 12:51

La oposición al completo ve en la limitación del crecimiento del gasto farmacéutico en función del Producto Interior Bruto (PIB), una invasión del Gobierno Central sobre las competencias de las comunidades autónomas. Por ese motivo, todos los grupos de la oposición en el Senado han presentado, con el objetivo de garantizar la autonomía presupuestaria y financiera de las regiones, enmiendas de supresión sobre esta modificación de la Ley General de Sanidad que se ha incorporado en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Solo Convergència i Unió (CiU), ha dado alguna opción al Gobierno en su intención de vinculación del gasto farmacéutico al PIB. Más allá de solicitar la supresión de dichos artículos, que lo ha hecho, el grupo Catalán ha presentado enmiendas de modificación para mejorar algunos de los preceptos contenidos en el texto que ha llegado al Senado desde el Congreso de los Diputados. CiU se muestra contraria a control estatal porque lo ve como “una nueva propuesta de intervención en los gobiernos de las comunidades que no resuelve el problema crónico existente del déficit estructural de la sanidad”. Además, considera que “son medidas que conculcan la autonomía de gestión de los servicios sanitarios que corresponde a las CCAA, y pretenden concentrar en la Administración central la gestión de unos servicios de competencia autonómica”. No obstante, ofrece una posible negociación al Grupo Popular en base a las enmiendas que ha presentado y que tienen como ejes la delimitación del gasto afectado por la vinculación al PIB solo al que se produce en oficina de farmacia y, por otro lado, a la necesidad de que el Gobierno central aporte fondos adicionales con la financiación de cada innovación terapéutica.

El objetivo que persigue CiU es evitar que la introducción en la clínica de un medicamento innovador, como ha ocurrido con la hepatitis C, sea suficiente para que una comunidad autónoma supere los objetivos de gasto. Por ello, además de eliminar de esa contabilidad los productos hospitalarios, este grupo solicita que “de acuerdo con el principio de lealtad institucional, el Gobierno facilitará a las comunidades autónomas los recursos económicos necesarios para la financiación de las nuevas prestaciones introducidas por la Administración Pública estatal en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud incluyendo los nuevos medicamentos que ésta autorice a prescribir con cargo al Sistema Nacional de Salud”. Además, de todo esto, este grupo también propone eliminar el apartado en el que se establecen las consecuencias para la comunidad autónoma que incumpla el objetivo.

Por otro lado, las enmiendas de CiU también buscan impedir las limitaciones a la aprobación de cartera de servicios complementaria de una comunidad autónoma. El PP pretendía que, para su aprobación, además  de ser preceptiva “la garantía previa de suficiencia financiera de la misma”, fuera obligatorio que la variación interanual al cierre del ejercicio de los indicadores de gasto farmacéutico y de productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación “no superen la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto”. Esta última obligación es eliminada por el grupo catalán al entender que “es una clara injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos por la Administración central a las comunidades autónomas”.

 

El resto de grupos pide la supresión

Esta posición posibilista de CiU no es compartida por los otros grupos de la oposición, que únicamente solicitan la supresión de los artículos que afectan al gasto farmacéutico. Es más, algunos como el Partido Nacionalista Vasco considera que el rango de ley elegido no permitiría la modificación que se está llevando a cabo. A pesar de que la modificación se ejecute a través de una ley orgánica, la vinculación del gasto farmacéutico al PIB se realiza a través de una ley ordinaria, la Ley General de Sanidad, que según el grupo vasco “resulta a todas luces insuficiente para acoger estas medidas”. Según explican, para que estas medidas sean de aplicabilidad en el País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra deberán encontrar amparo en lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra respectivamente. Esto abre un frente jurídico claro para el futuro de esta ley.

Desde otros grupos, como Entesa pel Progrés de Catalunya, critican que el principio de transparencia al que hace referencia la disposición final para la generación de informes destinados al Ministerio de Haciendadestila cierta intención de control por parte del Gobierno Central”. Además, desde este grupo se indica que el problema de la sostenibilidad o no de los gastos y costes en los que incurran las comunidades autónomas “no se corrige a base de la creación de instrumentos y fondos, que van aparejados normalmente de condiciones y ánimo de control y tutelaje sobre las comunidades autónomas, sino reformando el sistema de financiación de las comunidades autónomas tal y como prevé la ley 22/2009”. La misma justificación se esgrime para solicitar la eliminación de la disposición que supedita la aprobación de la cartera de servicios complementaria de una comunidad autónoma a la garantía de suficiencia financiera y los criterios de estabilidad presupuestaria.

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