Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma
Estoy en contra de vincular el gasto farmacéutico al Producto Interior Bruto (PIB) por muchas razones. Eso no quiere decir que no crea que haya que controlar el gasto público, ni mucho menos, pero creo que el control debería ejercerse sobre el total de gasto autonómico o sobre partidas que claramente son mucho menos eficientes y necesarias que el gasto en medicamentos. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no controla el número de asesores por metro cuadrado que campan por los despachos oficiales de ayuntamientos y comunidades autónomas? ¿O por qué no controla los sueldos de esos asesores o, muy especialmente, de muchos de los trabajadores públicos en el ámbito local? ¿Por qué no han reducido ayuntamientos o eliminado diputaciones y demás entes prescindibles? ¿Por qué hacienda no vigila los gastos suntuosos para hacer más fácil la vida de los políticos o los gastos que en ningún caso benefician a los ciudadanos? Podría, igual que todos los lectores, continuar con esta retahíla. La cuestión es que, como siempre, se va a lo fácil, a lo que se conoce y a lo que 'dando a un botón' es posible de reducir.
Pero volviendo a las razones por las que estoy en contra de la vinculación al PIB las voy a expresar en tres ideas: Primero porque hay que demostrar que la sanidad es una prioridad; segundo porque considero que se hace una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas; tercero porque condena el éxito en el desarrollo de medicamentos y lo convierte en un problema.
De este modo, en primer lugar, creo que la Sanidad y, como parte de ella, la prestación farmacéutica debe ser una de las políticas prioritarias de gasto que deben tener las administraciones públicas. Si se vincula su crecimiento máximo a la evolución de la economía, se está diciendo que la Sanidad y la Farmacia tienen un interés promedio en las prioridades de un Gobierno. Eso, tras una época de expansión del gasto puede ser asumible durante un tiempo, pero en este caso, nos encontramos con que lo que hemos vivido ha sido un lustro de reducción brutal del gasto en medicamentos, que se ha llegado a cifrar en más de un 30% y que nos ha llevado a cifras que no se veían desde 2004. Esta es la razón principal, pero hay más.
En segundo lugar, creo que los gobiernos tienen que tener autonomía, tomar decisiones y, en función de las mismas, ser votados o botados. La clave de cualquier política es el presupuesto. Ahí es donde se ven las prioridades de un gobernante. Si desde otra administración, la central en este caso, se obliga a las comunidades autónomas a tener todas la misma política no habría diferencias entre ellas. Y esto en sí no es malo. Pero en este caso obliga a todos a quedarse donde están, a no evolucionar o corregir problemas detectados con una mayor inversión.
Esta limitación evita que un Gobierno quiera apostar más que el resto por una determinada política sanitaria que requiera un mayor gasto en farmacia. Como creo que es importante la consolidación fiscal, estoy de acuerdo en un control, pero creo que lo que se le debería exigir es ahorros en otras partidas para compensar los sobrecostes en Sanidad y Farmacia. Pero cada gobierno tiene que tener un margen de maniobra mínimo que si se limita desde la Administración Central, no tendrían. Además, estamos a pocos días de unas elecciones autonómicas que previsiblemente van a dar lugar a diversos cambios de color político o de políticas dentro de un mismo partido. Con esta medida se estaría impidiendo que los nuevos responsables autonómicos pudieran tomar medidas en el campo de la farmacia. Están condenados a la continuidad o a la reducción, pero no podrían hacer las cosas distintas apostando más por la Farmacia y la Sanidad que, por ejemplo, por sus coches oficiales.
En tercer lugar, considero que esta limitación implica el riesgo cierto de que una nueva cura para una enfermedad mortal o invalidante de alta prevalencia, no pueda ser utilizada o que sufrirán su uso el resto de pacientes. Es como en el caso de la hepatitis C. Solo los 727 millones de euros comprometidos por el Gobierno para los próximos tres años, suponen un 1,8% del gasto farmacéutico total. Es decir, solo con estos tratamientos ya se habría superado el límite de gasto. Así que, sin ver evoluciones de gasto ni nada de eso, las comunidades autónomas tienen que ver ya cómo recuperan al menos 0,4 puntos de gasto para no superar el 1,4% de crecimiento máximo para 2015. No creo que sea justo.
Como he dicho en numerosas ocasiones en tribunas como esta, la reducción del precio de los medicamentos da votos y no levanta dolor de cabeza al político y, con contadas excepciones, el sector traga y traga todo lo que le echen. Así que... ancha es Castilla.
Nicolas Gonzalez Casares: