Política

El SNS no financiará medicamentos que “comprometan su viabilidad”

El Sistema Nacional de Salud no financiará medicamentos que se comercialicen “a precios tan elevados que comprometan la viabilidad y sostenibilidad del Sistema” aun habiendo demostrado eficacia y seguridad suficientes. Así lo recoge en su artículo 3 el Proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de Medicamentos al que ha accedido en exclusiva Diariofarma.

El texto explica, sin concretar demasiado, que se entiende por compromiso a la sostenibilidad del SNS “un impacto económico que conlleve desequilibrio presupuestario, riesgo de insolvencia para la Hacienda Pública estatal o autonómica y cualquier situación en que el incremento de coste asociado” a la utilización de una nueva intervención terapéutica no se asocie a una mejora indiscutible en el estado de salud de los pacientes en los que esté indicado el medicamento.

Igualmente, no se financiarán los medicamentos cuya financiación “no se estime necesaria para cubrir las necesidades sanitarias básicas de la población española”, así como los medicamentos no sujetos a prescripción médica o los medicamentos homeopáticos, entre otros.

Para acceder a la financiación, las compañías deberán aportar una serie de documentación que podría acabar de una vez por todas con el escandallo. Entre esa documentación, recogida en el artículo 8, destaca una propuesta justificada de precio industrial máximo de financiación en el SNS y, en su caso, de precio industrial notificado; situación de precio y condiciones de financiación del medicamento en los Estados miembros de la Unión Europea donde estuviera comercializado; información relativa a las actividades de I+D+i y de fabricación de medicamentos de la empresa que contribuyan de forma positiva al Producto Interior Bruto y a la inversión del déficit de la balanza comercial.

Además de todo ello, en el apartado e se recoge que en algunos casos, la industria deberá entregar “propuesta de acuerdo para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Es decir, una propuesta de acuerdo de riesgo compartido, techo de gasto o similar para ser estudiada por la administración.

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