Estabilidad y predictibilidad en lo que se refiere a la evolución de la factura farmacéutica y la sostenibilidad del sistema sanitario, por un lado y, por otro, acceso con equidad de los pacientes a las innovaciones terapéuticas son las claves del protocolo de colaboración firmado este miércoles por los Ministerios de Hacienda y Sanidad con Farmaindustria.
El protocolo, anunciado el pasado 30 de abril tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, las relativas a la sostenibilidad, que incluyen una serie de medidas a poner en marcha y una serie de compensaciones que la industria tendría que asumir en caso de que los objetivos marcados se superen y, por otro, se recogen unas medidas que tratan de impulsar el acceso equitativo a las innovaciones terapéuticas por parte de todos los pacientes.
De este modo, Farmaindustria se compromete en nombre de sus asociados, a soportar “medidas compensatorias y correctoras en favor del Sistema Nacional de Salud” en caso de que el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales no genéricos, en farmacia comunitaria y hospital, superase los niveles de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española prevista en el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. Esta tasa está establecida para los próximos ejercicios en 1,4% en 2015 y 1,6% en 2016, llegando a 2,1% en 2018.
En caso de que la variación del gasto superara la tasa de referencia de medio plazo antes mencionada pero no la tasa de crecimiento del PIB real, que en 2015 será superior al 3%, “se concretarán, en el ámbito de la Comisión de Seguimiento, alternativas a dichas medidas compensatorias o correctoras mediante otras actuaciones o medidas que, no suponiendo una transferencia monetaria, sí tengan contenido económico y sean de interés para la economía española o para el Sistema Nacional de Salud”. No obstante, si la evolución del gasto en medicamentos superara la tasa de PIB real, “a las actuaciones anteriores se añadirán las compensaciones monetarias correspondientes al exceso de crecimiento sobre el PIB real en el tramo relativo a la industria”.
Aparte de estas compensaciones, las partes se comprometen a “seguir trabajando en un mejor control de la evolución del gasto farmacéutico” y promover actuaciones que “mejoren la eficiencia y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido se citan programas de seguimiento de pacientes polimedicados y crónicos, promoción de actuaciones para la mejora de la variabilidad de la prescripción, fomento de programas de adherencia o potenciación de las compras centralizadas, entre otras.
En lo que se refiere a las actividades en beneficio del acceso de los pacientes a las innovaciones, el acuerdo establece que el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria “realizarán un seguimiento periódico del acceso de los pacientes a la innovación mediante el uso de indicadores comunes, procurando, siempre que la sostenibilidad del sistema lo permita, la reducción de los plazos para resolver la financiación pública y, en su caso, la fijación de precios de los nuevos medicamentos financiados por el SNS, así como el acceso efectivo de los pacientes en todas las CCAA en condiciones de igualdad”. Además, Sanidad se compromete a velar “por la equidad de acceso” a los medicamentos en cumplimiento del artículo 91 del Texto refundido de la Ley de Garantías, artículo que fue introducido en dicha Ley en 2013 con el objetivo de limitar algunas actividades de las comunidades autónomas como la licitación de subastas de medicamentos y de Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs).
El acuerdo, que tendrá un vigor de doce meses a partir del próximo 1 de diciembre y podrá ser ampliado por acuerdo de las partes hasta un máximo de tres años, supone según el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, una continuación del acuerdo firmado con Farmaindustria en marzo de 2014, supone un paso más y un compromiso formal a alcanzar objetivos comunes. El protocolo firmado será, según ha declarado Alonso, una herramienta de trabajo que obliga a encontrar, entre todos, las mejores soluciones de futuro.
El protocolo incluye, además, la creación de una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de Hacienda, dos de Sanidad, dos de Farmaindustria y uno por cada Comunidad Autónoma que se adhiera al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en la Ley 14/1986 General de Sanidad, modificada en junio pasado. La Comisión elaborará un informe sobre posibles objetivos a alcanzar, evaluando anualmente el grado de avance en cada una de las actuaciones adoptadas. Además, cabe señalar que, según el Gobierno, las comunidades autónomas que se adhieran al instrumento de apoyo podrán beneficiarse de los protocolos, lo que garantizará el acceso efectivo de todos los pacientes a las innovaciones.
Para el presidente de Farmaindustria, Antoni Esteve, ”este acuerdo es una clara muestra del compromiso del Gobierno y la industria farmacéutica con la salud de los ciudadanos y con la realidad económica y social de España”. Además, según el presidente de la patronal ”este compromiso va a garantizar a pacientes, profesionales sanitarios y responsables administrativos poder disponer de los tratamientos farmacológicos más novedosos y adecuados, en una época en la que los avances científicos en biomedicina se están traduciendo en mejoras muy significativas en el tratamiento de las enfermedades que más afectan a nuestra sociedad”.
Esteve también destacó que se trata de un acuerdo moderno, puesto que contempla un modelo de relación público-privado, que en cierto modo podría considerarse de riesgo compartido, en el que todas las partes buscan un objetivo último común: “la mejor atención a los ciudadanos a través de un sistema de salud eficiente y sostenible”.
Nicolas Gonzalez Casares: