El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado desestimar el recurso de reposición presentado contra la sanción de 300.000 euros impuesta el pasado 23 de febrero al titular de una oficina de farmacia de la provincia de Cádiz, que "comercializaba y distribuía, como mayorista no autorizado, medicamentos que previamente adquiría para su negocio a los proveedores legales".
El Ejecutivo andaluz señala que las alegaciones sustanciales incluidas en el recurso "ya fueron expuestas en su momento en el propio procedimiento sancionador" y asimismo rechazadas, al acreditarse con pruebas tanto "la infracción como la voluntad del interesado de llevarla a cabo", explica la Junta en un comunicado.
La sanción, acordada en febrero tras un procedimiento sancionador iniciado en 2015 a raíz de la labor realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consejería de Salud, se impuso en su grado máximo al concurrir, además, circunstancias agravantes de fraude, incumplimiento de las advertencias previas, perjuicio causado, permanencia o transitoriedad de los riesgos y beneficio obtenido con la infracción, entre otras.
Durante el pasado año, los profesionales de este cuerpo realizaron 26 inspecciones a oficinas de farmacia por distribución de medicamentos o ventas sin receta en la comunidad autónoma. Cinco de ellas motivaron la apertura de expedientes sancionadores.
Nicolas Gonzalez Casares: