Las condiciones actuales en las que se presta atención farmacéutica a pacientes institucionalizados incumple el Real Decreto-ley 16/2012 en cuanto a que es necesario unificar este servicio en todas las comunidades. Así se recoge en el informe “Modelos asistenciales de prestación farmacéutica en centros sociosanitarios”, elaborado por responsables del área de evaluación en el contexto del Plan Nacional de Calidad impulsado por el Ministerio de Sanidad y encargado a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. El documento da fe de que “siguen existiendo múltiples diferencias en lo que se refiere a la prestación farmacéutica sociosanitaria”.
Este trabajo se llevó a cabo partiendo de una revisión de la literatura disponible realizada en abril de 2014, para identificar las particularidades de los diferentes modelos de prestación farmacéutica sociosanitaria atendiendo a los requisitos de implantación, la vinculación de los depósitos de medicamentos y la titulación del responsable.
Los autores consideraron también las funciones que tiene que desarrollar el farmacéutico, los sistemas de prescripción, los tipos de envases empleados y el modo de facturación en las comunidades.
La revisión indica que no hay uniformidad en cuanto a los criterios de establecimiento de un servicio de farmacia o un depósito de medicamentos. “Así, sólo en cinco comunidades autónomas se establece la obligatoriedad de disponer de un servicio de farmacia en aquellos centros que dispongan de 100 o más camas de asistidos”. Esas comunidades son Castilla La-Mancha, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra.
En Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, La Rioja, Madrid, País Vasco y Valencia, se establece que la obligatoriedad vendrá determinada por un número de plazas (diferente a 100), por el tipo de atención sanitaria y farmacológica necesarias o por el tipo de residentes. En Baleares es voluntario, en Canarias podría autorizarse, mientras que en Extremadura no se especifica.
Los autores, Judit Aliberas, Arantxa Catalán y Joan MV Pons, han podido constatar que tampoco hay uniformidad en cuanto a la titulación del responsable del servicio de farmacia o del depósito de medicamentos. “Algunas comunidades establecen que deberá ser un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, mientras que otras no lo especifican”, indican.
Por otra parte, el documento asegura que mientras algunas comunidades se decantan por los servicios de farmacia para la vinculación de los depósitos de medicación, otras prefieren las oficinas de farmacia y otras no establecen prioridad en esta materia, y que algunas establecen diferencias en los modelos según la titularidad de los centros sociosanitarios, otras no lo hacen.
Uso racional del medicamento
El informe recuerda que la prestación farmacéutica sociosanitaria busca garantizar el acceso a los medicamentos y su uso racional, haciendo que los pacientes reciban los medicamentos de acuerdo con sus necesidades clínicas, en las dosis precisas y durante el periodo de tiempo necesario.
Dado el envejecimiento de la población y el aumento de la población de pacientes crónicos polimedicados, los autores indican que la prestación farmacéutica en los centros sociosanitarios contribuye a mejorar la calidad y continuidad de la asistencia prestada a pacientes con dicho perfil y en y en situación de dependencia. Además, consideran que se trata de una herramienta para potenciar el uso racional de los recursos por parte de los profesionales sanitarios.
“El aumento del grado de dependencia de las personas institucionalizadas, el agravamiento y la cronicidad de las enfermedades, junto con otros aspectos, como la escasez de unidades hospitalarias de larga estancia en la red sanitaria pública, han convertido los centros residenciales en los principales proveedores de asistencia institucional de larga duración. Así, hay que tener en cuenta la complejidad del abordaje médico y social de este tipo de pacientes”, reza el documento.
Los usuarios de centros residenciales son en su mayoría personas mayores (el 66% sobrepasa los 80 años), con una edad media de 81 años. El 71% corresponde a personas en situación de dependencia y el 24% ocupa una plaza psicogeriátrica.
Según las proyecciones de población, el número de personas con más de 65 años seguirá aumentado en las próximas décadas. Se prevé que a la altura de 2050 habrá algo más de 15 millones de personas mayores en España, casi el doble que en la actualidad, y representarán más de un tercio del total de la población española (36,4%).
Nicolas Gonzalez Casares: