Cobrar por los servicios profesionales farmacéuticos (SPF) es una cuestión que pone de acuerdo a prácticamente toda la profesión. Si es un servicio y es profesional, se debe obtener un rendimiento económico por él, así se puso de manifiesto durante una mesa de debate celebrada en el 20 Congreso Nacional Farmacéutico, que tuvo lugar entre el 19 y 21 de octubre en Castellón en la que participaron la tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Rosa López-Torres, la presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care, Mercé Martí y el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), Jesús C. Gómez.
Para la representante del CGCOF, es necesario cobrar por los servicios, pero consideró de forma pragmática que “debemos demostrar que los servicios son rentables para la administración si los queremos cobrar”. En este sentido, señaló que los farmacéuticos tienen que “demostrar con datos los ahorros en términos económicos y de resultados en salud”.
López-Torres es consciente de que hay “impaciencia”, pero señaló como necesario “demostrar primero”.
Por su parte, la presidenta de Pharmaceutical Care consideró que hay que cobrar “sin duda” por los SPF. Eso sí, coincidió con López-Torres al estimar que “hay que buscar las vías”, aunque se mostró confiada en que las autoridades están empezando a cambiar de mentalidad y ven “que es un servicio eficiente”.
El presidente de SEFAC señaló de forma rotunda que “si alguien no cobra se está cargando el servicio”, al tiempo que destacó que hay que establecer un tiempo y recursos para desarrollar los SPF ya que de otro modo, no existirán, “será un acto de generosidad por parte del farmacéutico, pero no un servicio profesional”.
Para lograr implantar los servicios de forma adecuada hay que seguir implantando herramientas en la farmacia comunitaria. En este sentido, López-Torres señaló que “debemos tener acceso a historia clínica, al menos a historia farmacoterapéutico, pero no es así”, por ello, lamentó que “es muy triste que se hayan desarrollado estas tecnologías y no se estén utilizando”.
Por último, Gómez reclamó acciones en materia de adherencia terapéutica por parte de los políticos. “Hablamos de muchas muerte y de mucho dinero : 11.150 millones al año y los gestores no hacen nada. Ningún partido político sabe que hacer”, sentenció.
Nicolas Gonzalez Casares: