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C’s pide solución para las inequidades en el tratamiento de la hemofilia

Francisco Igea, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

Francisco Igea, diputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.

FRAN ROSA  |    12.12.2016 - 17:42

Francisco Igea Arisqueta, diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, presentó el pasado viernes, 9 de diciembre, una pregunta en el Congreso para interesarse por la presunta situación de "inequidad en el tratamiento de la hemofilia en España". 

En su escrito, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos recuerda que, según cálculos del propio Ministerio de Sanidad en noviembre de 2012, existen en España unos 3.000 pacientes hemofílicos que "precisan la utilización de factores de coagulación" y afirma que "los factores recombinantes aportan más seguridad al estar exentos del riesgo de infecciones cruzadas y han sido recomendados como tratamiento de elección, como se puso de manifiesto en un artículo publicado en la revista Blood, coagulación and fibrinolisis, donde se plasmó un consenso español solicitando el cambio de derivados plasmáticos a factores recombinantes". También estaba incluida esa recomendación en el informe que elaboró Sanidad en noviembre de 2012, el cual también recomendaba la creación de unidades de referencia para un tratamiento multidisciplinares y la elaboración de un registro de pacientes.

Según lo recogido en ese informe, prosigue el escrito, "la situación de inequidad en cuanto al tratamiento de dichos pacientes en nuestro país es absoluta". Así, se daría el caso de que el consumo de Factor VII per cápita es mayor de 8 U.I. en Madrid, mientras que en Extremadura es de alrededor de 3, según Ciudadanos, que también señala que el porcentaje de uso de factor recombinante es del 100% en Baleares y no llega al 50% en Valencia ni en Castilla La Mancha. Además de eso, señalan que no hay noticias de la creación de los centros de referencia, con provincias, como Valladolid, con dos centros que operan de forma diferente, ni del registro. 

Actuaciones

Por ese motivo, en el documento presentado por Igea se solicita al Gobierno que responda si conoce la actual situación de inequidad y si espera tomar alguna medida para avanzar en el establecimiento de un registro, así como si hay previsión de sancionar a las comunidades autónomas que se nieguen a proporcionar información, como indica el Real Decreto 177/2014, de 21 de marzo, que regula el Sistema de Información sobre consumo de medicamentos en la red pública hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, y que actúan en contra de lo expresado por las sociedades científicas.

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