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El PP confía en el cambio de la Ley de Garantías de 2013 para paralizar ahora las subastas en el Contencioso

Jesús Aguirre, senador del Partido Popular

Jesús Aguirre, senador del Partido Popular

CARLOS ARGANDA  |    22.12.2016 - 23:59

En junio de 2013 el Partido Popular impulsó una modificación de la Ley de Garantías para trasponer dos directivas europeas y aprovechó, entre otras cuestiones, para reforzar el papel de la Administración General del Estado en la equidad en el Sistema Nacional de Salud. Entre los objetivos que buscaba el Gobierno en aquél entonces se encontraba la paralización de las subasta por una vía alternativa a la del recurso de inconstitucionalidad que ha resultado fallido para el Ejecutivo central.

Ahora, esa vía es en la que el PP confía para paralizar definitivamente las subastas, tal y como ha explicado a Diariofarma el senador por Córdoba, Jesús Aguirre. El representante del PP señala que esta modificación de la Ley de Garantías, que fue la base para un recurso Contencioso-Administrativo en la cuarta subasta, es clave para pararlas. Este recurso ha estado paralizado a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), por lo que ahora se deberá reiniciar.

Los populares, a pesar de acatar y respetar la sentencia del TC en relación a las subastas, consideran que los perjuicios que provocan en los pacientes son razones más que suficientes para seguir batallando. Según Aguirre, con las subastas se produce “inequidad con respecto a otros pacientes en otras comunidades autónomas y eso rompe la unidad de mercado, lo que va en contra de la Ley de Garantías”.

Por ese motivo, más allá de la vía legal, el PP también va a intentar la vía parlamentaria aprovechando que se inicia el trámite de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. “Vamos a intentar convencer a la administración de que las subastas no suponen ningún beneficio pero sí un agravio comparativo y un perjuicio”, explica Aguirre.

Para él, “una cosa es la línea legal y otra la del sentido común, la de defender la calidad asistencial en Andalucía y el acceso a los medicamentos en las mismas condiciones que el resto de comunidades autónomas”.

Además, según el senador popular, ni siquiera desde el punto de vista económico tienen “razón de ser” las subastas. En primer lugar porque “el sistema de precio más bajo es una subasta continua”. En segundo porque duda del ahorro obtenido que, según la Junta de Andalucía asciende a 413 millones. “No nos consta, lo hemos mirado con lupa; siempre hemos preguntado en qué partida se ha ingresado y nunca nos han contestado”, señala.

El artículo clave de la Ley 10/2013 que modificó la Ley de Garantías

Se añade un nuevo párrafo al artículo 88.1, con la siguiente redacción:

«Las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las comunidades autónomas no producirán diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios. Dichas medidas de racionalización serán homogéneas para la totalidad del territorio español y no producirán distorsiones en el mercado único de medicamentos y productos sanitarios.»

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