La Audiencia Nacional ha acordado el sobreseimiento provisional del ‘caso Convector’ que implicaba a farmacias y distribuidoras de todo el territorio nacional en un supuesto delito de distribución inversa de medicamentos, además de otros de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública u organización criminal.
La resolución del juez Fernando Andreu concluye que los hechos acreditados en la causa no cumplen los elementos del tipo en cada uno de los delitos investigados. Además, señala que no se ha acreditado la existencia de documentos modificados ni de recetas falsificadas para justificar la venta de medicamentos destinados a la exportación ilícita.
Respecto al delito de estafa recoge que examinada la causa se determina que ha quedado perfectamente acreditada la distribución inversa pero no ha podido cuantificar los perjuicios sufridos al Servicio Aragonés de la Salud, que la fiscalía pretendía determinar requiriendo un informe a la Agencia Española de Medicamentos (Aemps). En lo que se refiere al delito contra la Hacienda pública no existe delito fiscal ya que según los informes de la Agencia Tributaria, la deuda tributaria descubierta no alcanza los mínimos previstos en el artículo 305 Código Penal.
Y por último, respecto al blanqueo de capitales y organización criminal concluye que en la investigación no se aportan indicios suficientes de la comisión de un delito de defraudación respecto al blanqueo y respecto a la organización criminal considera que la distribución inversa acreditada es constitutiva de un ilícito administrativo, no de un delito.
La resolución del juez Andreu concluye que en las conductas analizadas no se incurre en ninguno de los tipos penales que se imputaban. También señala que no se ha acreditado que se haya producido la venta de medicamentos caducados ni deteriorados ni la existencia de recetas simuladas para justificar la venta de los medicamentos destinados a la exportación ilícita.
Nicolas Gonzalez Casares: