El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (GPCs) ha registrado una Proposición de Ley “para luchar contra la morosidad que sufren las PYMES y los autónomos por parte de las grandes empresas y las Administraciones Públicas”, según ha afirmado su portavoz de Economía, Toni Roldán.
Entre las medidas que quiere impulsar a través de esta iniciativa, se encuentra la implantación de un régimen sancionador a las empresas morosas, no con un objetivo recaudatorio, sino para que se cumpla la ley, porque, según ha afirmado, “hasta hoy no ha habido un trato de iguales”.
Esta legislación, según ha explicado Roldán, consta de tres puntos básicos. “El primero se basaría en establecer un mecanismo de arbitraje, un sistema de facilitación, para que las partes se puedan entender y los pagos sean más agiles y fáciles. El segundo consistiría en mejorar la transparencia con un sistema en el que será obligatorio publicar los datos de tiempos de pago de las empresas para que se sepa y se cumplan. Y el tercero sería crear un observatorio de seguimiento de la implementación de esta Ley”.
“Hay que acabar con la impunidad y el abuso que sufren PYMES y autónomos para financiar a las grandes empresas o a la Administración Pública a costa de los pequeños”, ha concluido Roldán.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha aplaudido esta iniciativa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, especialmente la de crear un régimen sancionador “que multe a las empresas que sistemáticamente no pagan a sus proveedores en los plazos legales, medida que figura en uno de los 150 acuerdos de Gobierno con el PP”.
Desde esta organización recuerdan que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, adquirió este compromiso durante la IV Cumbre Político-Empresarial contra la Morosidad organizada por la PMcM a finales de abril, en la que los partidos políticos coincidieron en la necesidad urgente de un consenso unánime para instaurar esta medida, propuesta que todos ellos habían incluido en sus últimos programas electorales.
En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha instado a los grupos parlamentarios a que tramiten la medida “con la máxima urgencia porque un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad. Con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”, ha subrayado.
Tal y como ha destacado, la Proposición de Ley incluye conceptos tan importantes como la creación de un Observatorio de la Morosidad y la instauración de medidas extrajudiciales que permitirían la solución de conflictos a través del arbitraje.
Nicolas Gonzalez Casares: