El Defensor del Pueblo ha recomendado Revisar las condiciones de financiación de los denominados nuevos medicamentos anticoagulantes orales (NACO), ahora denominados anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), según lo previsto en el artículo 92 de la Ley de Garantías y Uso Racional de los medicamentos “para permitir su dispensación con cargo a la prestación farmacéutica en el marco de la indicación terapéutica de trombosis venosa profunda, en aquellos supuestos clínicos de pacientes que así lo requieran y en los que la relación beneficio-riesgo sea más favorable que la de las alternativas disponibles”.
Así se recoge en una recomendación realizada por este organismo tras examinar el caso de un paciente con trombosis venosa recidivante (TVP) con complicaciones y comorbilidad en el que, según los facultativos “el tratamiento más adecuado y que presenta menos riesgos comparativos es con apixaban u otro NACO, frente al uso de acenocumarol warfarina”. El paciente estaba siendo tratado con apixaban, financiado por él mismo dado que, según las condiciones de financiación “estos fármacos no resultan coste-efectivos para el tratamiento de la indicación de trombosis venosa profunda, para la que sí están autorizados, al existir alternativa terapéutica anticoagulante (warfarina, acenocumarol)”.
Según el Defensor del Pueblo, las condiciones de financiación impedirían incluso que un Servicio de Salud “asumiera la conveniencia de dispensar a su cargo el medicamento en cuestión”. Tal y como explica el organismo dirigido por Soledad Becerril “no puede hacerlo, ni aun acudiendo a la regulación de disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, por mandato de la Ley”.
Por todo ello, según el Defensor del Pueblo “el Sistema no estaría prestando al paciente en este supuesto, de manera eficaz, la mejor de las alternativas terapéuticas disponibles, o la que parece ofrecer una mejor relación beneficio-riesgo” y, además, denuncian que en este caso, “los pacientes en esta situación se enfrentan a una inequidad del Sistema, pues se hace depender, en un mayor grado, el acceso a la mejor alternativa terapéutica de la capacidad económica de cada uno (el tratamiento mensual con apixaban se sitúa alrededor de los 90 euros, y es algo superior para los otros medicamentos NACO)”.
A la vista de todo ello, el Defensor del Pueblo pide reconsiderar esas condiciones de financiación, algo que ya ha sucedido anteriormente incluso con estos medicamentos en otras indicaciones.
Nicolas Gonzalez Casares: