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“Es difícil discernir entre evidencia e interés comercial en los congresos”

Eva Solla, portavoz de En Marea en el Parlamento de Galicia.

FRAN ROSA  |    26.05.2017 - 12:58

Eva Solla, enfermera y portavoz de Sanidad de En Marea en el Parlamento Gallego, hace balance para Diariofarma de la política farmacéutica aplicada por el Gobierno en estos meses desde que el Partido Popular consiguiera la mayoría absoluta.

Pregunta. ¿Qué valoración hacen de la gestión de la Consejería de Sanidad gallega en materia farmacéutica?

Respuesta. Pues pensamos que se puede mejorar bastante. Vemos un cierto descontrol en el gasto, hay una ausencia clara de I+D pública y falta transparencia. Recientemente preguntamos por el gasto en farmacia, pero lo habitual es que no se proporcionen datos, y esto es básico para poder hacer un buen análisis. También consideramos que habría que hacer presión para que las medidas que se desprenden del RD 16/2012, como son el repago de los medicamentos, la pérdida de la universalidad en la atención y la separación de la Cartera de Servicios, se reviertan.   

P. Vayamos por partes. Apunta un problema de descontrol del gasto...

R. Sí. El gasto es muy elevado. En especializada se ha incrementado un 70% desde 2009. Sólo en la comparación de 2016-2017, ha aumentado ya un 31%. Son casi 79 millones de euros más y no vemos justificación.

P. ¿Cuando preguntan, qué les dicen?

R. La respuesta del Gobierno es que hay fármacos nuevos para enfermedades raras, oncología, hematología, VIH y esclerosis múltiple que están elevando la factura. Pero la verdad es que nos parece difícil de justificar que se incremente cada año de forma tan significativa.

P. Hablaba principalmente del gasto en hospital, pero, ¿cómo está el de primaria?

R. Con el copago y la desfinanciación de medicamentos la factura en recetas se ha ido disminuyendo progresivamente. En cambio, este año ha aumentado 15 millones de euros.

P. ¿Y cuál es la explicación, en ese caso?

R. Nos dicen que es por el envejecimiento y el aumento de las prescripciones para dolencias crónicas. Nos parece raro. Además de un problema de gasto tenemos un problema muy grande de de falta de transparencia.

P. ¿Cuáles son sus propuestas para tener el gasto más controlado?

R. Muchos de los aspectos que pueden ayudar dependen del Ministerio de Sanidad. Propusimos desde el primer momento que se expidieran licencias obligatorias para producir genéricos, pero lo rechazaron. También hemos propuesto comprar conjuntamente, y tampoco se ha hecho nada en ese aspecto.

P. Cuando dice 'producir genéricos', ¿se refiere a que la Xunta produzca sus propios productos? ¿Lo ven posible en el contexto actual?

R. La Xunta de Galicia tiene que tener la autorización del Ministerio de Sanidad, que es quien tiene las competencias. Pero si a nivel legal está todo correcto, si se consigue la autorización sanitaria, ¿por qué no? No veo cuál sería el impedimento. Sería algo progresivo, que puede conllevar una inversión, y por supuesto sobre la base de un estudio previo de viabilidad. De hecho, también planteamos la creación de laboratorios de investigación, una medida que no va a dar resultados a corto plazo, pero sí a largo.

P. Hablaba también de avanzar en las negociaciones conjuntas. ¿Puede explicarlo? 

R. Una vez que se ha producido la bajada de precios en los nuevos fármacos para la hepatitis C, ahora vienen otros para, por ejemplo, la atrofia muscular espinal. Se trata de un medicamento para una enfermedad rara que ya ha sido autorizado por la EMA. El coste supera los 100.000 euros por dosis y el gasto podría ser terrible. De ahí que exista una necesidad de negociar conjuntamente con otros países para obtener precios más equilibrados.

P. Uno de los compromisos de En Marea durante la campaña era el de la eliminación de la visita comercial de delegados de la industria a centros públicos. ¿Mantienen esa posición?

R. Hay informes del Comité de Bioética de la Consejería de Sanidad que reflejan las presiones que han recibido los profesionales, los regalos y las dádivas para que se receten unos fármacos y no otros. Yo creo que los profesionales, en su mayoría, cumplen con la deontología, aunque eso no quita para que haya que regularlo. No me parece normal que en horario de trabajo en un centro público se ofrezcan regalos, o la asistencia a congresos, para estimular la prescripción.

P. Pero se supone que Farmaindustria tiene un Código de Buenas Prácticas que lo impide...

R. Ellos pueden darse a sí mismos las normas que consideren, pero la Administración tiene que tener sus propias normas. Los intereses de la Administración son la protección de la salud y de los recursos públicos, y esos intereses no coinciden íntegramente con los de la industria, que también busca ganar dinero.

P. Sobre los congresos, ¿cree que existen alternativas actualmente para la formación de los profesionales?

R. Está claro que tenemos que desarrollar las capacidades de formación en el sistema sanitario público. Cuando un laboratorio envía a un médico a un congreso es difícil discernir entre la evidencia científica y el interés comercial.

P. Entonces defienden que sea el Estado y las comunidades autónomas los que se responsabilicen de la formación a sanitarios... 

R. Está clarísimo. Para exigir deberes hay que proporcionar derechos. Si no garantizas una formación adecuada, no es que justifiques que alguien prescriba algo por ir a un congreso, pero... Se trata de que ayudemos a nuestros profesionales a ser críticos con la información que reciben. Por eso necesitamos aumentar nuestra capacidad de investigación y capacidad de formación. Y luego están los recursos humanos, que están menguando. En Galicia contamos con 1.700 sanitarios menos, muchos de ellos médicos, y eso hace que dispongan de menos tiempo para atender a lo urgente, que no siempre es lo importante, como la formación. Además de eso, tampoco hay medios ni un acceso claro a la información. En los últimos años, por no haber, no tenemos ni las memorias de los centros.

P. Dejando al medicamento, su precio y la información que existe en torno a él a un lado, ¿qué consideración tienen ustedes de la figura del farmacéutico como gestor de la farmacoterapia?

R. En el sistema sanitario ocurre que a veces es difícil definir las competencias de unos y otros profesionales. Te lo digo con conocimiento de causa, porque soy enfermera. Nosotros pensamos que sería útil y productivo que los farmacéuticos de Atención Primaria tuvieran una presencia mayor en el sistema sanitario, sobre todo teniendo en cuenta el aumento del envejecimiento y la cronicidad. Yo considero que si se planifica bien, sería positivo incluirlos, basando la Atención Primaria en la intervención de equipos multidisciplinares.

P. ¿Y qué papel le reservan, entonces, a la farmacia comunitaria?

R. Tendría sentido su integración si estuvieran dentro de la sanidad pública. Lo que no estaría tan claro es reclamar competencias para la farmacia de calle que pueden ejercer los de Atención Primaria. Además, sería complejo, ya que no están en las estructuras del SNS.

P. Pero la farmacia de calle reclama un papel más protagonista en este SNS, con el compromiso de desarrollar su vertiente más asistencial...

R. Y lo entendemos, pero quien regula tiene que hacerlo siempre mirando al interés de la salud pública y la población. No creemos que sobren profesionales para mejorar la salud, lo que no podemos es darles competencias de otros profesionales, como es el caso de las campañas de educación sanitaria, que sería más una cuestión de Enfermería.

P. Entonces de remunerar servicios como el SFT, el SPD, etc., ni hablamos, ¿no?  

R. Yo creo que es positivo tener farmacéuticos públicos en la Atención Primaria que sirvan como especialistas en el medicamento en relación con el resto de profesionales de los equipos multidisciplinares.

P. Pero las farmacias de calle también ofrecen un servicio público y tendrán que ser viables, ¿no cree?

R. Eso es otra cosa. No digo que no haya que estudiar el papel de la farmacia y las dificultades que tienen. Mientras el SNS no disponga de farmacias propias, la Administración tiene que asumir un coste. Hay que analizar bien el interés público de tenerlas abiertas y ofrecer subvenciones si es necesario.

 

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