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Montón incorporará a la Ley de Salud las ayudas al copago y Resi-EQIFar

Carmen Montón, consejera de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana en las Cortes Valencianas

CARLOS ARGANDA  |    06.10.2017 - 12:29

La regulación de las ayudas al copago, la prestación farmacéutica pública en todas las residencias sociosanitarias o algunos aspectos de uso racional de medicamentos serán incorporados al cuerpo legislativo de la Comunidad Valenciana a través del proyecto de ley de modificación de la Ley 10/2014, de salud de la Comunidad Valenciana, que ha iniciado su tramitación en las Cortes Valencianas.

La nueva ley incorpora un nuevo capítulo al título primero de la norma bajo la denominación ‘Atención Farmacoterapéutica integral’ y aborda en dos artículos la equidad farmacoterapéutica y el uso racional y armonizado de los medicamentos.

De este modo, una de las inclusiones en la norma establece que la Consejería de Sanidad “velará por la equidad farmacoterapéutica” a fin de que “todas las personas reciban una atención farmacéutica integral, continua, óptima de calidad, segura y eficiente en todos los ámbitos asistenciales y en todas las etapas del proceso farmacoterapéutico”. De este modo, se estaría dando la primera cobertura legal para la implantación del sistema Resi-EQIFar de atención farmacéutica a las residencias sociosanitarias exclusivamente desde el ámbito público.

Esta cuestión también se recogerá en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Comunidad Valenciana para 2017, tal y como explicó la consejera Carmen Montón a Diariofarma en una reciente entrevista y, de acuerdo a lo que ha explicado la vicepresidenta del gobierno regional, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de este viernes que ha aprobado el anteproyecto de esta ley.

Además, el proyecto de modificación de la Ley de Salud establece que la administración “garantizará el acceso a los tratamientos farmacológicos a la ciudadanía” prescritos por los profesionales y que adoptará “las medidas necesarias para que ninguna persona quede excluida de la prestación farmacéutica incluida en la cartera básica de servicios del sistema nacional de salud por razones económicas”. Es decir, que no introduciría la necesidad de establecer ayudas al copago que, de momento estaban reguladas a través de diferentes decretos del Consell. Cabe recordar que la normativa sobre las ayudas al copago fueron anuladas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

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Por otro lado, se establece que la Consejería “velará por el uso racional y armonizado del medicamento, con criterios de equidad, efectividad, seguridad y coste y resultantes del consenso clínico, garantizándose la optimización en todas las etapas del proceso farmacoterapéutico”.

En este sentido, la norma asegura que se pondrá “a disposición del colectivo de profesionales un sistema de información como apoyo a la prescripción” que “disponga de la información necesaria para la toma de decisiones basada en la mejor evidencia científica disponible y en los resultados en salud en la práctica clínica”. Además, este sistema deberá incluir “protocolos de tratamiento por patología recomendados, con indicación de los estándares de elección y las alternativas de elección terapéutica, según criterios de eficiencia, tal y como se establece en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos”. Esta afirmación, que podría abrir las puertas a las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs), al mencionar la Ley de Garantías no debería sobrepasar lo que en ella se establece.

Por último, la modificación legal establece que la Consejería de Sanidad “proporcionará una correcta información y formación a los y las profesionales sanitarios y la ciudadanía para una óptima utilización de los medicamentos y productos sanitarios”. Además, se regula la aplicación de “un sistema de proceso farmacoterapéutico basado en el ciclo de mejora continua y que permita la gestión clínica al colectivo de profesionales en sus distintos niveles y por tanto la corresponsabilidad para la gestión de los recursos farmacoterapéuticos por parte de este colectivo”. Este sistema fue criticado en su momento por la industria y médicos porque suponía la supervisión de las prescripciones médicas por parte de otros profesionales.

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