El portavoz de Sanidad, Jesús María Fernández, registró el pasado mes de octubre dos preguntas en el Congreso de los Diputados, en relación con la prescripción de fármacos a los beneficiarios de Muface, así como con la no incorporación de ésta, junto a Isfas y Mugeju, a la e-receta, entendida ésta como una medida que, junto a otras, puede contribuir a un uso más racional de los medicamentos. Ahora, hace unos días, ha llegado la respuesta del Gobierno, que no ha satisfecho en absoluto al portavoz socialista, que denuncia, por un lado, "que no se aclare nada" en lo que respecta a los usos de prescripción, así como la dilación en el proceso de implantación, el cual lleva, afirma, "10 años de retraso".
En lo que respecta a las prácticas de prescripción en Muface, elegida por representar al colectivo con mayor número de beneficiarios, Fernández destaca "la sobreprescripción de medicamentos de bajo valor y también de alternativas de mayor coste". Esto se explica, dice, por el hecho de que en estas organizaciones se trabaje de forma más asistencialista, "donde los especialistas tiran de receta, prescribiendo los medicamentos más caros, con más dosis diarias, e incluso alternativas de segunda línea. Son médicos que trabajan por su cuenta y que no tienen el mismo control ni cuentan con el mismo apoyo para el uso racional".
En su respuesta, el Gobierno se limita a decir que Muface se limita a garantizar el acceso de su colectivo protegido a la cartera común de servicios, por lo que "la extensión y el contenido de la prestación son los mismos que para el resto del SNS", aplicándose además sobre la prestación farmacéutica "los sistemas de precios de referencia y de precios seleccionados, así como las escalas de deducción en la facturación y la prescripción por principio activo". En definitiva, el Gobierno niega la hipótesis que defiende el portavoz del Grupo Socialista y que ha sido detallada en varios post del Blog Salud, Dinero y Atención Primaria, usando datos del 'Informe Anual del SNS de 2016' y datos del CGCOF. Según la combinación de estos datos, el gasto medio por receta en Muface, contando jubilados y activos, habría sido de 14,94 euros en 2016, frente a los 13,55 euros del SNS.
No obstante, el Gobierno cierra su respuesta apelando a "la apuesta decidida de Muface por la receta electrónica", a la que le atribuye, como bondades, "la gestión de la prestación farmacéutica que, entre otras acciones, posibilita incluir pautas y criterios de selección en el módulo de prescripción, en sintonía con un uso más racional de los medicamentos". Fernández matiza, en todo caso, que hay otros elementos que pueden apoyar esa utilización más adecuada, y cita entre ellos los protocolos y guías clínicas.
Ritmo de implantación
En la segunda batería de preguntas, precisamente, el portavoz socialista pregunta por los planes y los plazos que maneja el Gobierno para que se haga efectiva dicha implantación, no sólo en Muface, sino también en Isfas y Mugeju. En su respuesta, el Ejecutivo alude a los contactos de las tres mutualidades con los servicios de salud de las comunidades autónomas para hacer uso de los sistemas de información desarrollados, unas gestiones que, dicen, están en curso. No obsrante reconocen que el proceso no estará completado hasta el segundo semestre de 2019.
En el caso de Mugeju, se habría iniciado el proceso de estudio para la incorporación a la receta electrónica del Servicio Extremeño de Salud, al que ya están conectadas Isfas y Muface (la primera de ellas tiene en curso el proyecto para integrarse también en el programa del Servicio Aragonés). No obstante, explica el Gobierno, en el caso de Mugeju la implantación "se encuentra directamente condicionado por las disposiciones presupuestarias del organismo, en función de cuyo incremento se producirá el progresivo avance del proyecto".
Éste sería el estado actual de la incorporación a la receta electrónica para aquellos mutualistas que optan por recibir la asistencia por la vía pública. En cambio, para los que eligen la sanidad privada concertada el Ejecutivo hace referencia a la reciente reunión celebrada entre el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y las tres mutualidades, para plantear los requerimientos necesarios para el desarrollo e implantación de la receta electrónica en este ámbito.
Leída la respuesta completa del Gobierno, el portavoz socialista recuerda que ya han pasado más de 10 años desde que las primeras comunidades autónomas comenzaron a implantar sus programas, por lo que, en su opinión, no está justificado este retraso. Mucho menos entiende que el Ejecutivo hable de que, como mínimo, habrá que esperar otros dos años para completar el proceso. En lo que respecta a la vinculación del avance a la disponibilidad presupuestaria, señala que "nunca puede ser un argumento válido ni una excusa, ya que la receta electrónica, además de mejorar la calidad y la seguridad de la prescripción, genera ahorros que hacen que se pague a sí misma".
Nicolas Gonzalez Casares:
Los mutualistas de MUFACE pagamos el 30% del importe de las recetas.? Se está contemplando que se aplique igualmente los copagos actuales del Sistema Público DD Salud?