El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado a los presidentes de Congreso y Senado su Informe Anual 2017, que, entre otros aspectos, incluye un análisis de las consecuencias de la crisis económica en la aplicación de los derechos sociales. Y es que, afirman desde la institución, "la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos".
Concretamente, se refiere el informe a los gastos en materia de vivienda, salud y educación, que habían crecido hasta 2009, ejercicio en el que sumaban conjuntamente el 12,7% del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5%. Sobre el gasto público sanitario, cabe destacar que, según el Defensor del Pueblo, éste habría caído en ese periodo en 5.341 millones de euros, un retroceso que, apunta, "no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes".
"Por ello, para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas", señalan.
Esta recuperación se hace más necesaria, explican, si se tiene en cuenta que, como se indica en el Informe de 2017, las quejas de los ciudadanos por la carencia de servicios o especialidades son habituales, como también por la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras.
Proteger a los colectivos vulnerables frente al copago
Las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas también han sido un motivo de consulta por parte de la propia institución el pasado ejercicio, como lo fue el copago sanitario, por el que emitió una recomendación al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
En este orden de reivindicaciones del Defensor del Pueblo en el ámbito sanitario, cabe recordar, también, las derivadas de la falta de suministro de algunos medicamentos, las disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y la atención a las personas celiacas. "En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente", concluyen.
Nicolas Gonzalez Casares: