María José Sáenz de Buruaga, presidenta del Partido Popular y diputada en el Parlamento de Cantabria, además de ex consejera de Sanidad, analiza en esta entrevista con Diariofarma la gestión del Gobierno de su comunidad autónoma en materia de sanidad y farmacia. En el primero de estos ámbitos, pide mejorar la planificación y la situación de los profesionales sanitarios, además de una financiación adecuada, aunque descarta que la suya sea una región perjudicada por el actual modelo de financiación autonómica. En materia de farmacia, opina que se debería profundizar en la compra centralizada y avanzar en la integración de la botica en el SCS, aunque muestra sus dudas sobre la posibilidad de remunerar los servicios profesionales de forma generalizada.
Pregunta. ¿Qué balance hacen de la gestión del Gobierno de Cantabria en materia de sanidad en lo que va de legislatura?
Respuesta. Lo venimos denunciando durante toda la legislatura. La sanidad pública se ha visto relegada en el orden de prioridades políticas del Gobierno de Cantabria, que está conduciendo a nuestro sistema sanitario público no ya al estancamiento, sino a un deterioro sin precedentes que los cántabros no se merecen. Nuestra sanidad está en manos de una Consejería que no planifica, que no gestiona y que no escucha, que permanece indiferente a los problemas y es incapaz de afrontarlos. Llevan tres años mirando para otro lado y mantienen múltiples frentes abiertos sin solucionar ninguno porque no reaccionan.
P. ¿Cuáles son esos frentes abiertos que perciben ustedes?
R. La sanidad cántabra tiene en este momento tres problemas fundamentales. En primer lugar, está la infrafinanciación, que está haciendo que el sistema está volviendo a disparar su deuda. En segundo lugar, la improvisación y falta absoluta de planificación, puesto que la Consejería ha desechado por puro sectarismo la ingente labor planificadora que, en los distintos ámbitos y de la mano de cientos de profesionales, desplegamos la pasada legislatura. Y, finalmente, la inexistente política de recursos humanos y la nula interlocución profesional. Ésta tendría que haber sido la legislatura del pacto profesional, para avanzar en la motivación, el reconocimiento y las mejoras profesionales de aquellos que, con su esfuerzo y responsabilidad, contribuyeron durante la crisis a garantizar la sostenibilidad del sistema, pero se ha perdido una gran oportunidad.
P. Empecemos por el final...
R. Nuestros profesionales de Atención Primaria, al definir la situación, dicen que estamos peor que nunca, por una sobrecarga asistencial asfixiante y unas condiciones de trabajo mucho peores que las de las autonomías de nuestro entorno. La nefasta política de recursos humanos, la precariedad laboral y la alta interinidad nos convierten además en una comunidad muy poco atractiva para retener y atraer a los profesionales que tanto escasean. Es la pescadilla que se muerde la cola y, mientras tanto, nuestra Consejera no se inmuta y no respeta los compromisos adquiridos. Había un pacto profesional y se ha sembrado conflicto profesional. La situación es especialmente alarmante en Atención Primaria, tanto que tenemos dos huelgas en ciernes, la de los pediatras y médicos de familia y la de los equipos de los servicios de urgencia de atención primaria y 061.
P. ¿Y a qué se refiere cuando habla de falta de planificación?
R. Se ha frenado en seco la implantación de la estrategia de atención a la cronicidad, que es el gran reto del Sistema Nacional de Salid; el despliegue del plan de salud mental, o el plan de Atención Primaria para aumentar la capacidad de resolución del primer nivel asistencial.
P. Vayamos a la infrafinanciación. ¿Cuáles son las consecuencias?
R. En este momento, nuestro sistema ha generado una deuda superior a los 120 millones de euros, tanto en farmacia comunitaria como hospitalaria. La deuda ya comienza a devengar pago de intereses en detrimento del sistema. Aún recuerdo los 35 millones de euros que tuvimos que restar a nuestra sanidad en el periodo 2011-2015 como consecuencia de la deuda de 261 millones en suministros que heredamos. Lamentablemente, llevamos el mismo camino.
P. Ante esta situación catastrófica que usted describe, ¿qué soluciones proponen desde el Grupo Popular?
P. Para todos los problemas descritos, dejamos una solución en marcha. Me refiero al pacto profesional por la sanidad pública de Cantabria, que el Gobierno del Partido Popular suscribió en 2015 con los representantes del sector. Un pacto histórico y sin precedentes en Cantabria que identificaba los retos y problemas de nuestro sistema público de salud y acordaba una hoja de ruta conjunta para su abordaje. En él se hablaba de la necesidad de revisar y aprobar un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Cántabro de Salud que llevamos toda la legislatura demandando; de organizar y distribuir mejor los recursos disponibles; de elaborar un plan de fidelización de residentes, y de ampliar voluntariamente la edad de jubilación de especialidades deficitarias. También de avanzar en medidas estructurales como el plan de atención a la cronicidad, el de mejora de Atención Primaria o la implantación de un nuevo modelo en los centros de atención a la dependencia y de medidas a corto o medio plazo para mejorar la regulación y gestión de los contratos de larga duración, reducir la autocobertura y retribuir adecuadamente el exceso de jornada laboral de los profesionales. Todo esto quedó sobre la mesa de la consejera y ésta lo dinamitó.
P. ¿Consideran suficientes los fondos de los que dispone su comunidad autónoma para garantizar un buen funcionamiento del sistema sanitario y una adecuada asistencia?
R. Todas las medidas que proponemos requieren trabajo, diálogo y gestión, pero no siempre son cuestión de financiación. El presupuesto sanitario nunca nos parece suficiente, pero en la pasada legislatura todas esas medidas estaban sobre la mesa y, dada la evolución de la situación económica financiera de la comunidad, su implementación hubiera sido posible. El problema es que en Cantabria no hay un gobierno, sino dos, el del PSOE, que gestiona la sanidad, y el del Partido Regionalista de Miguel Ángel Revilla. No hay un proyecto con comunidad de objetivos, sino un pacto de intereses. Y en ese reparto nuestra sanidad pública ha salido perdiendo. Hay que recordar que el Gobierno de Cantabria dispone hoy de 340 millones de euros más que el Gobierno de 2015, esto es un 20% más de recursos que no han ido a parar a nuestra sanidad, que ha dejado de ser la prioridad política y presupuestaria del Gobierno y que la Consejería ha abandonado la eficiencia en la gestión.
P. Le preguntaba eso porque hay varios gobiernos autonómicos, algunos de ellos de su partido, que han pedido una revisión urgente del modelo de financiación para poder sufragar los servicios básicos. ¿Están de acuerdo con ese planteamiento?
R. Creo que es el momento de abordar la reforma del sistema, porque el anterior está agotado, es un modelo muy mejorable, y sobre todo, porque es el momento propicio. España crece hoy en actividad económica, en ingresos y en recursos a repartir entre las comunidades autónomas. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras autonomías, en Cantabria no tenemos ninguna urgencia porque partimos de una muy buena situación, ya que recibimos la mayor financiación per cápita del país, gracias a la labor realizada por el Gobierno del Partido Popular en la negociación de las transferencias sanitarias, que sirvió para determinar el coste efectivo en la prestación del servicio. No obstante, debemos estar preparados y, cuando se abra la negociación, defenderemos que el Estado financie el coste efectivo del servicio, dando el peso debido al coste fijo o estructural y a las variables demográficas y orográficas que nos caracterizan. Nuestro criterio es el de no perder un solo euro de la financiación que ahora recibimos, pero lo que es más importante aún, no recibir un euro menos de lo que vamos a necesitar para garantizar unos servicios públicos de calidad.
P. Antes de pasar al ámbito del medicamento y la farmacia ¿puede destacarnos alguna cosa que consideren que el Gobierno cántabro ha hecho bien en materia de sanidad en estos últimos años?
R. Lo más relevante que puedo recordar son las mejoras en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal. Cantabria fue, con el Gobierno del Partido Popular, pionera en su aplicación y referente en su desarrollo en la población de 55 a los 69 años de edad y ahora, tras tres años solicitándolo, se avanza progresivamente en su extensión a la población comprendida entre los 50-55 años, mejorando la accesibilidad y la participación en el mismo.
P. ¿Cómo de satisfechos están con la política farmacéutica aplicada por el Gobierno cántabro?
R. La palabra clave es estancamiento. No se ha impulsado la necesaria actualización de nuestra Ley de Ordenación Farmacéutica. Tres años después,continúa sin resolverse el concurso para la apertura de nuevas oficinas de farmacia en la comunidad y no se ha renovado el concierto con el Colegio Oficial de farmacéuticos. La Consejería de Sanidad es, además, la responsable de haber tardado casi tres años en culminar el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud que dejamos muy avanzado la pasada legislatura, de la misma manera que aún no ha sido capaz de completar la extensión de la receta electrónica al hospital. Que yo conozca, la única medida anunciada en materia de racionalización del gasto es el propósito de aumentar el suministro directo de medicamentos y material sanitario a residencias de mayores.
P. ¿Consideran que el gasto en medicamentos está controlado en Cantabria?
R. En los últimos años, el presupuesto autonómico destinado a la factura farmacéutica, ya sea vía receta o farmacia hospitalaria, se ha incrementado en un porcentaje muy por debajo de lo que crece el gasto farmacéutico en Cantabria, uno de los mayores del país, y el SCS tiene graves problemas para asumir las facturas de los últimos meses del año. En 2017, la partida prevista para farmacia comunitaria en presupuesto se agotó en el mes de julio y en este año 2018, previsiblemente ocurrirá lo mismo. Y en el caso de los suministros hospitalarios la situación es aún peor, con una deuda que al cierre de 2017 superaba los 80 millones de euros. En ambos casos, la única solución que el Gobierno pone sobre la mesa es volver a las andadas, amontonando facturas en los cajones y generando deuda. En 2011, uno de los problemas más graves a los que tuvimos que hacer frente en el Gobierno fue una deuda por suministros de 261 millones equivalente al 38% del presupuesto del SCS que puso en jaque al sistema sanitario público y a la propia comunidad.
P. ¿Qué medida o medidas aplicarían ustedes para tener controlado el gasto?
R. Durante nuestro mandato empezamos a trabajar en la contratación centralizada de suministros y servicios en el Servicio Cántabro de Salud, un instrumento necesario para racionalizar la política de compras, contar con sistemas comunes y unificar los criterios de los distintos centros sanitarios. Pusimos en marcha concursos centralizados de compra de productos sanitarios en fluidoterapia, dietoterapéuticos o absorbentes de incontinencia urinaria y nos sumamos, además, a la compra agregada a través de Ingesa en medicamentos con muy buenos resultados. A nuestro juicio, queda aún margen de eficiencia en la gestión del SCS y es necesario avanzar y profundizar en esta medida que puede generar un ahorro de aproximadamente el 10% en el grueso del capítulo 2.
P. ¿Cómo valoran la relación del SCS y la oficina de farmacia? ¿Creen que habría que intensificarla?
R. Considero que los farmacéuticos son profesionales de la salud y que la oficina de farmacia es parte del sistema sanitario. Por ello, la integración en el SCS que permita prestar sus servicios de forma coordinada y en colaboración con el resto de profesionales es fundamental. Y es que, además de la dispensación de medicamentos, se realizan otras actividades o servicios farmacéuticos cuyo objetivo es proteger la salud y prevenir la enfermedad, muy especialmente en el ámbito de la salud pública. En Cantabria, la Administración ha sabido aprovechar la accesibilidad de la farmacia y el farmacéutico para avanzar en la detección precoz de enfermedades, como la prueba rápida del VIH, detección de diabetes tipo 2, detección de pacientes susceptibles de vacunación de la gripe, programas de reducción de daños dispensando el kit antisida o con el programa de intercambio de jeringuillas, etc. Es importante que todos los profesionales sanitarios estén en contacto, hagan campañas conjuntas y, lo más importante, que los pacientes perciban el mismo mensaje y sientan la preocupación de todos ellos por su bienestar.
P. ¿Están de acuerdo con una remuneración adicional por servicios profesionales, como reclaman los colegios de farmacéuticos?
R. Los servicios profesionales han surgido como una respuesta a lo que demandan los ciudadanos que ven al farmacéutico como un profesional accesible y cercano, aunque la remuneración de los servicios es una cuestión muy compleja. En algunos casos concretos, y a través de los conciertos, ya se hace esa retribución adicional de los servicios, pero veo complicado que en la actual coyuntura, de continuas insuficiencias presupuestarias, pueda hacerse una retribución de los mismos de forma generalizada. Sería determinante, para poder abrir la puerta a esa remuneración, avanzar en la cuantificación de los resultados y ahorros que estos servicios profesionales pueden aportar al sistema.
P. En cambio, la profesión enfermera se ha quejado esta semana de que derivar estos servicios a las farmacias, en vez de dotar a médicos y enfermeros para poder realizar actividades de seguimiento farmacoterapéutico o mejora de la adherencia, es una forma de privatizar la sanidad. ¿Qué opina de ese argumento?
R. No estoy de acuerdo. Por esa misma razón, se puede llegar a cuestionar la propia existencia de nuestro modelo de farmacia, uno de los mejores del mundo en accesibilidad y prestaciones que ofrece a la población. En su día, la Administración optó por no montar una prestación farmacéutica ambulatoria pública, sino por concertar este servicio con las oficinas de farmacia, configuradas por esta razón como establecimientos sanitarios privados de interés público y sometidos a planificación. Gracias a ello, se ha conseguido una mayor capilaridad y cercanía del sistema, que el 99% de la población disponga de una farmacia en su lugar de residencia y, además, un ahorro para la Administración. El farmacéutico es un profesional experto en medicamentos que ofrece información y supervisión, además de servicios inherentes a la dispensación del medicamento, como fomentar la adherencia o el seguimiento terapéutico. Creo que la red de farmacias es un aliado importantísimo de la Administración en este ámbito, y ésta tiene que aprovechar la accesibilidad de la farmacia y el farmacéutico para llegar en condiciones de equidad a toda la población.
Nicolas Gonzalez Casares: