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El futuro de Resi-Eqifar puede estar en manos del Tribunal Constitucional

OLGA VILANOVA  |    08.04.2018 - 10:35

La Ley de Presupuestos para 2018 de la Comunidad Valenciana podría ser recurrida ante el Tribunal Constitucional  (TC) por parte del Gobierno Central. Con ello, todo el cuerpo regulatorio del proyecto de Atención Farmacéutica a residencias de la comunidad autónoma, Resi-Eqifar, podría quedar anulado o, como mínimo suspendido cautelarmente.

Tal y como ha desvelado el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MiCOF), el Ejecutivo de Mariano Rajoy habría emplazado a la Comunidad Valenciana a la convocatoria de una Comisión Bilateral de Cooperación, formada por ambas administraciones, para el inicio de negociaciones en relación a una supuesta invasión de competencias que podría terminar con un recurso ante el TC. En este sentido, el MiCOF ha informado de que la Administración del Estado “ha apreciado vicios de inconstitucionalidad en la modificación de la Ley de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Valenciana llevada a cabo en la Ley de Presupuestos para 2018”.

El colegio señala que según la Administración del Estado, “la exclusión de las oficinas de farmacia de la prestación farmacéutica en las residencias sociosanitarias decretada por la Generalitat y la obligación de todas las residencias, públicas y privadas, a integrarse en un sistema de gestión pública directa atenta contra la normativa básica estatal y con ello, contra el sistema constitucional de distribución de competencias”.

La Comisión Bilateral podría alcanzar un acuerdo que obligará a la Comunidad Valenciana a modificar el texto legal aprobado para ajustar su contenido a la Constitución y la normativa básica estatal. En el supuesto de no alcanzarse dicho acuerdo, el Gobierno podrá interponer, previo dictamen del Consejo de Estado, el correspondiente recurso de inconstitucionalidad, que acarreará la suspensión automática de la norma impugnada, si es solicitado por el Ejecutivo en su escrito.

El MiCOF pide a Montón que "negocie"

El Colegio señala que confía “en la responsabilidad institucional” de la administración autonómica y en su voluntad de “negociar lealmente” con el Estado en aras de alcanzar una solución que garantice la creación de una base legal sólida que permita “construir el más eficiente modelo de prestación farmacéutica sociosanitaria” para su comunidad.

Además, desde el Colegio consideran que es el momento de que la Consejería de Sanidad “rectifique y cuente con la farmacia comunitaria” para poner en marcha un modelo de calidad para el residente. “Queremos un modelo que una a la farmacia hospitalaria, la farmacia de atención primaria y la farmacia comunitaria con el resto de profesionales sanitarios para combatir de forma conjunta la cronicidad”, explican desde el MiCOF.

Asimismo, desde la institución se lamentan que desde la Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat no les haya “querido escuchar, para mediar en un tema de tanto calado social como es la salud de los ciudadanos”. A pesar de ello, el MiCOF mantiene su oferta de tender “puentes de colaboración” para trabajar tanto con la Consejería como con todos los agentes. En este sentido, indican que “siempre que se cuente con todos los sectores implicados”, desde el colegio estarán “dispuestos a consensuar un modelo adecuado y de calidad que preste el mejor servicio posible a los pacientes”.

La consejería no tiene conocimiento

Por su parte, fuentes de la consejería valenciana, que aseguran a Diariofarma no tener conocimiento de la convocatoria de la Comisión Bilateral. A pesar de ello, explican que “acudirán” puesto que la “disposición al diálogo siempre ha sido total”. Eso sí, recuerdan que la norma puesta en entredicho por el Gobierno Central, “cuenta con todos los informes preceptivos favorables (abogacía, Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana...)”.

Por otro lado, insisten en reiterar las razones que les ha llevado a modificar el actual modelo, que “genera una inequidad manifiesta (copagos, diferente atención farmacéutica y diferente prestación) entre residentes en centros públicos y privados”. Además, según explican, “esa inequidad genera una falta de calidad y de eficiencia que repercute en la asistencia sociosanitaria a la persona residente”.

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