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González pide en la Asamblea de Madrid una ley que aproveche el potencial de las farmacias

Imagen previa a la intervención de Luis González, presidente del COF de Madrid, en la Comisión de Sanidad de la Asamblea.

FRAN ROSA  |    17.04.2018 - 17:51

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos (COF) de Madrid, Luis González, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Popular, para informar de la situación actual del sector de la farmacia en Madrid y ha aprovechado, de cara a la aprobación de la nueva Ley de Ordenación, para pedir un marco "que mejore la actividad profesional a los que la regula, disminuya la intervención administrativa, proporcione a los ciudadanos, a los pacientes, todos los recursos disponibles públicos y concertados, de forma ordenada, y que facilite y estimule la cooperación interprofesional".

González ha comenzado su discurso ante sus señorías recordando que en la Comunidad de Madrid hay abiertas 2.861 oficinas de farmacia, 1.815 en la capital y 1.046 en el resto de municipios. "El 99,96% de la población de la Comunidad de Madrid dispone de una farmacia en su lugar de residencia", dijo, lo que implica que, haya, por ejemplo, 29 farmacias ubicadas en los 47 municipios de menos de 1.000 habitantes, o un total de 11 en los 27 municipios de menos de 500 habitantes.

En cuanto a las aportaciones que realizan las boticas madrileñas, se refirió, por un lado, a la financiación de los medicamentos a través de los conciertos de las corporaciones farmacéuticas con las autoridades sanitarias, "que permite que el usuario del sistema público solo abone en el acto de la dispensación la aportación que le corresponde, y no la totalidad del PVP del medicamento, siendo este coste soportado por las farmacias durante un mes, lo que en Madrid suponen entre 90 y 100 millones de euros". Este sistema, defendió, "proporciona al usuario del SNS un marco garantista distinto a lo que existe en otros países de nuestro entorno donde el modelo es el de reembolso al paciente, una vez justificado el gasto".

Asimismo, puso en valor "el espíritu vocacional de servicio a los ciudadanos en los ámbitos de la prestación farmacéutica, la prevención y promoción de la salud" de unos establecimientos que, por la capilaridad que garantiza la planificación, "se convierten en el establecimiento sanitario más accesible para los usuarios", todo ello con un alto grado de satisfacción, como demuestra el dato que apunta que, de las 99 millones de recetas dispensadas en 2014 por las farmacias madrileñas (en 2.017 fueron 105 millones de recetas), sólo se produjeran reclamaciones en 659 prescripciones, es decir, el 0,00068% del total de las recetas facturadas.

Estabilidad económica y una ley moderna

No obstante, expuso González, para la prestación de estos y otros servicios a los pacientes la farmacia necesita "disponer de estabilidad económica" y, en este punto, recordó que en 2016 había en la Comunidad de Madrid un total de 36 farmacias en situación de viabilidad económica comprometida que siguen prestando servicio a la población. También se quejó de las múltiples medidas regulatorias aprobadas a nivel nacional que habría producido una caída del margen neto de casi dos puntos en el periodo comprendido entre 2003 y 2016, "a pesar de que el sector invierte casi dos puntos más y mantiene el empleo con un mayor coste laboral".

Para poder compensar esta situación, el presidente del COF defendió la necesidad de contar ahora con un texto "integral e integrador, ordenador del ejercicio de las funciones que, conforme a nuestra titulación y habilitación profesional, desarrollamos en beneficio de los ciudadanos y en colaboración con el Sistema Público de Salud desde las farmacias, hospitales, centros de salud, industria o la universidad", y reconoció que la intención de la entidad colegial es presionar para "enterrar anteriores modelos de exceso reglamentista, no acordes con los objetivos de sostenibilidad, competitividad y crecimiento que han de regir el ejercicio de las profesiones en Europa".

En su opinión, para mantener un modelo "accesible, cercano y de servicio público" requiere importantes cambios en ámbitos como la planificación, asegurando "que ratios no realistas pueden llevar a irracionalidad y desajustes en el mapa farmacéutico, haciendo víctimas de estos desajustes a los propios pacientes", y también en los procedimientos para nuevas aperturas, y ahí defendió el texto del Anteproyecto, que, a su juicio, ayuda a "ordenar su convocatoria, aumentando su publicidad y a otorgar nuevas oportunidades de acceso e incluso de sostenibilidad a determinadas farmacias, a las que se permitirá su traslado de unas zonas a otras".

Otras reivindicaciones

También es fundamental para el COF, dijo, "avanzar en la flexibilidad de la regulación horaria, sin afectar a la calidad del servicio, asegurando la prestación farmacéutica, generando empleo en el marco de una farmacia más asistencial y más cercana al ciudadano y al propio Sistema de Salud; reconocer al farmacéutico la capacidad para informar y formar al público y, en su caso, publicitar sus actividades, consejos y servicios sanitarios y profesionales, sus capacidades y aptitudes, por las vías que hoy existen, lógicamente utilizando las webs autorizadas y las redes sociales; articular los mecanismos que permitan relacionar la oficina de farmacia con la farmacia hospitalaria y con las estructuras y recursos en Atención Primaria, de manera muy especial en lo que afecta a la atención domiciliaria y a la que requieren los pacientes residenciados en centros de asistencia social; apostar por un refuerzo de la formación, sobre todo la continua, así como reforzar el control y seguimiento de la mala praxis profesional allí donde estas se produzcan".

En este punto, defendió la necesidad de "definir un nuevo catálogo de infracciones, adaptado a las igualmente nuevas obligaciones del farmacéutico, a sus funciones y ampliados servicios". Más concretamente, llamó a "prestar singular atención a determinadas prácticas irregulares, en particular a la aplicación de descuentos no autorizados, a la condonación de copagos y a cualquier otra actividad orientada a coartar la libre elección de farmacia o a plantear actos de competencia desleal".

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