La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha cerrado la petición iniciada por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), el Foro Andaluz de Pacientes y otras muchas asociaciones de pacientes en relación a la discriminación y falta de abastecimiento que suponen las subastas andaluzas de medicamentos.
La petición, que fue defendida en la Comisión por Teresa Martín, presidenta de Afarán, ha sido rechazada tras un bronco debate protagonizado por los diversos europarlamentarios españoles que han participado. El rechazo, algo atípico, según han expuesto algunos diputados, ha sido pedido por 15 votos, frente a 10 que pedían que se mantuviera abierta la petición con el objeto de poder ampliar información.
Esta fue la última solicitud realizada por el portavoz del grupo Popular, Carlos Iturgáiz que, más allá de las palabras de la representante de la Junta de Andalucía en Bruselas, Francisca Pleguezuelos, que ofreció a la comisión “todos los datos que se necesiten”, esgrimió una carta de la propia consejera andaluza de Salud, Marina Álvarez, remitida a la presidenta de la Comisión de Peticiones, en la que también se ofrecía a “aclarar” cualquier cuestión. Por ese motivo, Iturgáiz reclamó del resto de grupos “aprovechar la oportunidad”, mantener abierta la petición y ampliar la información sobre el asunto.
La diputada del PP Pilar Ayuso también incidió en la necesidad de mantener abierta la petición. Según ella, si se cierra la petición “nunca se sabrá” si los peticionarios tienen o no la razón, por lo que aprovechando las palabras de Pleguezuelos consideró necesario mantener abierto el procedimiento y ampliar información.
El procedimiento habitual de trabajo de la comisión también fue esgrimido por el eurodiputado griego Notis Marias, que advirtió que, aunque votar el cierre de una petición puede ser “una forma democrática de resolver las cosas”, no es como “funcionan las cosas en esa comisión”. Según el griego, siempre se trata de alcanzar un acuerdo para beneficiar a los peticionarios y, en esta ocasión, “tratando de medir fuerzas” con los votos, la comisión se “embarca en una senda muy cenagosa en cuanto al procedimiento”.
No fue posible. La presidenta de la Comisión no fue receptiva a ninguna de las solicitudes, que también llegaron por parte de Martín y Antonio Romero, también representante de Afarán, acerca de mantener abierta la petición para ampliar información y sometió a votación si se mantenía la petición abierta o no. Ganó el no.
Discriminación de los andaluces
Minutos antes de ese desenlace, Martín centró su intervención, hecha en representación de farmacéuticos y pacientes, en explicar que los andaluces estaban discriminados al poder acceder a solo 533 medicamentos seleccionados con las subastas frente a los 10.000 que se tiene acceso en el resto de España. Además, describió a los laboratorios que acuden como “exóticos” y no tienen capacidad suficiente de fabricación “por lo que se produce desabastecimiento” que perjudica a los pacientes.
La farmacéutica también trasladó que la falta de posibilidad de elección supone un problema para pacientes con intolerancias a algunos excipientes, como el caso de la lactosa. Todo ello produce que los andaluces estén “discriminados con respecto al resto de Europa y de España” y genera en la región “un gueto farmacéutico y una pobreza sanitaria increíble”, aseveró.
Romero, que declaró en el último turno de intervenciones, quiso poner el foco en la discriminación de acceso a los medicamentos.“En la UE no se debería impedir el derecho de un paciente a acceder a una medicación”. Además, según él, “un medicamento que vale el mismo precio no puede ser elegido por la administración, debería poder serlo por el paciente”. Este farmacéutico también expuso que las subastas había sido un asunto estudiado en otras comunidades autónomas como Asturias, Castilla-La Mancha o Extremadura, pero finalmente lo han “rechazado”.
Por su parte, la representante de la Comisión Europea señaló que ninguna de las cuestiones planteadas por Afarán entraban dentro de sus competencias y que atañen a cada Estado Miembro, repitiendo los argumentos que ya había plasmado hace unos meses. “La CE no tiene competencias en la gestión de la prestación sanitaria”, aseguró. Además, puso el énfasis en que todos los medicamentos comercializados en Europa cuentan con las correspondientes autorizaciones que garantizan su seguridad, calidad y eficacia.
La Comisión Europea “se lava las manos”
Ante las palabras de la representante de la Comisión Europea, Ayuso aseguró que este organismo “se lava las manos” en relación a las subastas. Igualmente, la eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril mostró su sorpresa porque la representante de la CE no había ofrecido “ni un solo argumento a favor de esta petición, lo cual es extraño”. Jiménez Becerril también quiso conocer más de este asunto “como andaluza” y mostró su extrañeza porque “no se haya implantado en más regiones”.
Por su parte, la representante de la Junta esgrimió que se trata de “un modelo transparente que ofrece todos los datos” y tiró de manual para explicar que “ha sido avalado en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional de España, que ha avalado la equidad, legalidad, efectividad y sostenibilidad del modelo”.
A pesar de que una de las críticas que se hacen a las subastas tienen que ver con la poca transparencia en relación al destino de los fondos que se obtienen con la medida, Pleguezuelos aseguró que “se puede disponer de todos los datos que se necesiten”.
Una cuestión “política o de intereses”
Una de las respuestas a la petición más enérgica provino de la socialista Soledad Cabezón, que centró el debate en una cuestión “política o de intereses”, no sanitaria. Además, quiso desmontar los argumentos esgrimidos por Martín, en relación a que la cartera de medicamentos de Andalucía es la misma que en el resto de España y que “no hay discriminación porque se accede a todos los medicamentos”. Además, en relación a la calidad de los mismos, explicó que la Agencia Española de Medicamentos los avala puesto que los “evalúa”.
Otra eurodiputada del PP, Rosa Estarás, puso de manifiesto los intentos del grupo socialista para que la petición no llegara ni siquiera a la Comisión y advirtió que las subastas restringen la libre competencia y la libre circulación, por lo que se debería pedir informes a la Comisión de Mercado Interior (IMCO) y a la de Salud y Medio Ambiente (ENVI).
Por su parte, la eurodiputada de Izquierda Unida, Ángela Vallina de la Noval, aseguró que defiende el sistema de subastas que le “gustaría que el sistema se extendiera y los gobiernos centrales sacaran la licitación y que incluso la Comisión lo recomendara”. Por ello, reclamó el cierre de la petición. Otra defensa de las subastas llegó por parte de Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, europarlamentaria del PSOE, que reclamó “buscar la gestión de los servicios al menor coste posible” como herramienta para hacer frente al descenso del gasto público en Sanidad en los últimos años.
Nicolas Gonzalez Casares: