La Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), ha presentado un escrito ante el Parlamento Europeo en el que solicita la reapertura del expediente de su petición en contra de las subastas de medicamentos.
Afarán considera que el archivo de su petición el pasado mes de abril fue una decisión política sustentada en una serie de afirmaciones que han sido “manipuladas, o resultan equivocadas o erróneas”, por lo que considera “justificada” la reapertura de la petición en aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo.
Entre las cuestiones que pone encima de la mesa la presidenta de Afarán, Teresa Martín, se encuentran informaciones en las que “la propia Junta de Andalucía ha admitido la existencia de desabastecimientos de medicamentos”. Esta situación contrasta con la negativa a los desabastecimientos que se pusieron encima de la mesa en las intervenciones realizadas en la Comisión PETI el pasado 24 de abril, explica Martín.
Además, Afarán también critica la relación profesional que la portavoz socialista, Soledad Cabezón, tiene con el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Desde esta asociación consideran que el hecho de que la eurodiputada haya ejercido de facultativo especialista en el SAS, “en aras de una correcta aplicación del principio de buena administración (objetividad e imparcialidad)”, resulta, según Jiménez “cuanto menos indelicado y poco ético” al defender los intereses del “empleador que en su día la contrató”.
Por todo ello, y reiterando las razones que dieron lugar a la solicitud inicial en relación a los problemas a los que somete a los pacientes andaluces, la proliferación de desabastecimientos, el afán recaudatorio de las subastas, los problemas de competencia que genera y la falta de transparencia, Afarán solicita la reapertura del citado expediente.
En esa solicitud se solicita que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea “lleve a cabo una investigación sobre los aspectos restrictivos de la competencia que genera el sistema de subastas de medicamentos, la compatibilidad con el principio de transparencia en la contratación de mercados públicos y las normas de ayudas de Estado”.
Por último, reclama que PETI haga “un llamamiento a las autoridades regionales y nacionales para que suspendan la convocatoria y adjudicación de las subastas en curso hasta que se ponga fin a la investigación de la petición escrita”.
