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Luisa Carcedo explica en el Congreso sus planes y prioridades en Sanidad

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, en la Comisión de Sanidad del Congreso.

CARLOS ARGANDA  |    10.10.2018 - 23:59

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha comparecido en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar cuáles son las prioridades que tiene su Ministerio. Una comparecencia que llega tan solo tres meses después de que lo hiciera su predecesora, Carmen Montón, por lo que pocas cuestiones innovadoras ha podido trasladar a los diputados.

Entre las pocas novedades existentes, en las que se han parado varios de los grupos de oposición, se encuentra el plan que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez para cambiar el copago, un copago que según la ministra está “entre los más elevados de Europa”. Carcedo explicó que “se ha iniciado un proceso de diálogo para la eliminación de las barreras económicas que suponen los copagos farmacéuticos, empezando por los que afectan a los más vulnerables de la sociedad”. Esta coletilla de “vulnerables” llamó la atención de la portavoz de Podemos, Amparo Botejara. “No entendemos que se incorpore el vocablo vulnerable a la exclusión de copago para los pensionistas con ingresos de menos de 18.000 euros”, explicó la diputada extremeña, que no obtuvo respuesta a su cuestión.

La portavoz del PP, Teresa Angulo también solicitó que “concretara más su propuesta” ya que “siempre han hablado de eliminación del copago y ahora empiezan con ‘apellidos’”. Por eso, reclamó que se explique si se van a “eliminar todos los copagos o solo volver a los copagos previos a 2012”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea defendió su postura ya habitual de que el copago más perjudicial es el que afecta a las personas activas con rentas más bajas, las TSI 003. Por ello, recordó a la ministra que los estudios en los que basaba su decisión de quitar los copagos reconocían que el efecto sobre los pensionistas había sido transitorio. Además, cuestionó que España tenga los copagos más elevados de Europa, especialmente cuando a diferencia de otros muchos países, que enumeró, aquí no hay copagos asistenciales. La ministra, visiblemente enfadada recriminó a Igea que hablara de copagos por consulta cuando ella solo se había referido al copago farmacéutico.

Por su parte, Marta Sorlí, diputada de Compromís en el Grupo Mixto, preguntó por qué la eliminación del copago se iba a realizar por fases y “¿cuáles son esas fases?”. El portavoz del PNV, Joseba Aguirretxea mostró su apoyo a la eliminación del copago y explicó que era una política que el País Vasco había impulsado desde hacía tiempo.

Medidas en la prestación farmacéutica

La ministra también esbozó otras políticas que tratará de poner en marcha en materia farmacéutica. Por ejemplo, el impulso a las compras centralizadas de medicamentos, productos sanitarios y tecnologías, el fomento a genéricos y biosimilares o la introducción del “concepto coste-beneficio en la evaluación y financiación de medicamentos con el objetivo de facilitar la gestión de la prestación farmacéutica en las comunidades autónomas”.

Capítulo propio dedicó a la terapia celular y en concreto a los planes que tiene para abordar la introducción de las CAR-T en el Sistema Nacional de Salud, cuestión en la que se paró bastante tiempo detallando los pasos que están dando. La ministra explicó que prevé “incorporar las terapias más avanzadas, haciéndolo accesible a toda la ciudadanía y de la forma más eficiente para garantizar la sostenibilidad del SNS”. Para conseguirlo, explicó que el Ministerio está trabajando desde varios departamentos, incluida la Organización Nacional de Trasplantes, en un plan de abordaje de la terapia celular que se enmarca en un Plan Estratégico de Medicina Personalizada del SNS, en fase avanzada de colaboración.

Este plan tiene como objetivo “organizar de forma planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos llamados CAR-T en el SNS, definir e impulsar acciones que fomenten la investigación pública, así como como la producción propia y pública de estos medicamentos”, explicó. A este respecto, indicó que se ha abierto un “proceso participativo con CCAA, profesionales y pacientes para que realicen las aportaciones que consideren, con diálogo y bajo el consenso”. En cuanto a la incorporación de estos medicamentos al sistema, explicó que se “definirá el método para identificar precozmente la innovación y se desarrollará un modelo de evaluación previa y financiación que disminuya la incertidumbre financiera y clínica para su incorporación”.

A este respecto, el portavoz del PSOE, Jesús María Fernández, recordó que la ministra fue hace tiempo directora de la Agencia de Evaluación y Calidad, por lo que se mostró dispuesto a impulsar que las políticas sanitarias “se evalúen y se mejoren los sistemas de información y análisis para poder orientar políticas y comparar prácticas”.

En esta cuestión la portavoz de Podemos reclamó de la ministra “modificaciones en fijación de precio y transparencia en CIPM y todos los procesos relacionados con la industria farmacéutica”. Y, con relación a los CAR-T, se aseguró que “es una buena noticia que se aborden desde las administraciones públicas”.

Financiación

Con respecto a la financiación, la ministra no quiso entrar en el asunto, “que corresponde a otro departamento”, pero sí lanzó la idea de que, si se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que incluyen un incremento del techo de gasto en 6.000 millones, se podrían derivar a las comunidades autónomas 2.500 millones para destinarlo a los servicios del Estado del Bienestar.

La diputada de Compromis preguntó por si se van a activar los mecanismos de compensación económica del FOGA y el Fondo de Cohesión y, a este respecto, reclamó de la ministra un compromiso para compensar los 390 millones de euros que, según ella, le debería el Gobierno central a la Comunidad Valenciana. Con ella coincidió el portavoz de ERC, Joan Olóritz, que citó algunos ejemplos de medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad, con la incorporación de innovaciones a la cartera básica que han supuesto una fuerte inversión para las comunidades autónomas. Según él, la hepatitis C ha supuesto a Cataluña 170 millones, o el incremento del IVA en los productos sanitarios, 58 millones.

En algunos momentos el debate se tornó en algo parecido al de una barra de bar, según Igea. Especialmente en las réplicas entre Carcedo y los portavoces de Ciudadanos y del PP. La ministra, que lo achacó al “énfasis” del debate parlamentario llegó a pedir disculpas en un momento determinado para que constara en el diario de sesiones y, en respuesta a Igea, para rebajar la tensión, recordó que, en otros parlamentos, como el británico, “donde casi se tiran los zapatos”. Todo empezó con la crítica que Igea realizó a la ministra acerca de la elección de Faustino Blanco como secretario general. El diputado de Ciudadanos criticó su gestión en Asturias a lo que la ministra reclamó que se le criticara por su actividad en el Ministerio, que sus resultados como consejero ya se habían valorado en las elecciones autonómicas.

La portavoz del Partido Popular, que aseguró que los planes que ha presentado “es lo que ha heredado del Gobierno del PP”, reclamó a Carcedo que convocara un pleno del Consejo Interterritorial monográfico sobre financiación ya que recordó que hace no muchos meses las comunidades socialistas lo reclamaban y llegó a estar convocado para el 4 de junio, pero la moción de censura impidió que se celebrara. La ministra criticó que se tratara de un pleno con más de 20 puntos y un último sobre financiación, a lo que la portavoz popular respondió que no era así y que no pusiera en duda su capacidad. Por ese motivo, reclamó la convocatoria del pleno monográfico, “aunque solo sea por coherencia”.

Este tema de la financiación fue el origen de otro rifirrafe entre Angulo y Carcedo ya que la primera recordó que, en 2012 el sistema estaba quebrado y que había un “déficit de más de 16.000 millones de euros”. Además, Angulo recordó que se convocó una conferencia de presidentes que establecieron la hoja de ruta para abordar la financiación autonómica. La ministra ironizó con relación a la deuda de 16.000 millones y aseguró que en todos los debates sobre sanidad sale ese dato. Para el portavoz socialista es una “cantinela”.

Otras cuestiones

La ministra también abordó gran multitud de cuestiones como que se prevé modificar la estructura de carteras de servicios del SNS “para volver a recuperar la cartera básica”, tal y como le reclamó Botejara; también rechazó la propuesta del PNV de incorporar más comunidades autónomas a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) puesto que “ya hay seis comunidades y sería complejo que hubiera 17”. Por otro lado, explicó que en las próximas semanas irá al Consejo de Ministros el Real Decreto de Prescripción Enfermera, además, ha aprovechado para anunciar el desarrollo reglamentario de la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2010 que “ha estado virgen, sin desarrollar desde su aprobación”. Este último anuncio contó con el apoyo del portavoz socialista, que relató los efectos de la crisis en algunos determinantes de salud. Fernández también aprovechó para pedir a la ministra que utilice su sillón en el Consejo de Ministros para que se tenga en cuenta la “salud en todas las políticas”.

En relación con la cuestión de las privatizaciones, Carcedo reconoció que está avanzando en conversaciones con Podemos para modificar la legislación que permite la gestión privada de los servicios sanitarios. “Estamos trabajando para identificar bien dónde están los elementos de fuga. Somos defensores del sistema público, el sistema privado existe, pero nuestra obligación de reforzar el sistema público”, indicó.

Por otro lado, en relación con el reglamento del Consejo Interterritorial, la ministra se mostró partidaria de que el CISNS mantenga la “peculiaridad” que le ofrece la Ley de Cohesión y que no se quede en una mera conferencia sectorial ya que a este órgano “no solo se le consulta para un plan, sino que actúa para la cogestión del sistema, y eso requiere de una consideración especial porque estamos cogestionando el 6% del PIB”.  En cualquier caso, se haga lo que se haga, se realizará con el consenso de las comunidades autónomas, explicaron a Diariofarma fuentes del ministerio tras la comparecencia.

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