En línea con las intenciones expresadas por la Comisión Europea (CE), consistentes en revisar la legislación relacionada con los medicamentos huérfanos y pediátricos, la autoridad comunitaria ha abierto recientemente un periodo de consulta pública. Éste finaliza el 4 de enero y está especialmente dirigido a pacientes y profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos. De esta forma, quieren proceder a una "evaluación conjunta" del actual marco normativo.
La puesta en marcha de esta consulta es, en opinión de la Comisión, "un paso importante en el proceso de evaluación del impacto que tiene la regulación comunitaria sobre las enfermedades raras". En este sentido, uno de los objetivos de esta evaluación sería "estimar la eficiencia y la efectividad de las dos regulaciones existentes, en relación, particularmente, con los últimos desarrollos farmacéuticos". En ese análisis habría que incluir, apuntan, los incentivos a la investigación, el desarrollo y la comercialización de medicamentos huérfanos pediátricos.
A este respecto, cabe recordar el informe elaborado recientemente por la consultora danesa Copenhagen Economics para la CE, titulado ‘Study on the economic impact of supplementary protection certificates, pharmaceutical incentives and rewards in Europe’, en el que se abordaba el impacto de los incentivos y compensaciones a la industria, especialmente en el caso de los medicamentos húerfanos y pediátricos.
Otras visiones
La Comisión afirmaba (ver información elaborada por Diariofarma), con motivo de su publicación, que este informe será tenido en cuenta "como punto de vista externo" dentro del proceso de evaluación de los incentivos que habían requerido los Estados miembros, en la reunión del Consejo de junio de 2016, de la que formarán parte también, decían entonces, las conclusiones del estudio sobre el impacto económico de la regulación de medicamentos pediátricos y el que tienen en marcha para ver el impacto de la regulación que aplica a los fármacos huérfanos.
Ahora de lo que se trata, explica la máxima autoridad europea, es de que "las partes interesadas, especialmente, los profesionales sanitarios y los ciudadanos, ofrezcan sus puntos de vista" sobre esta cuestión para "contribuir a dar forma a la futura política de la Unión Europea en relación con estos medicamentos".
Nicolas Gonzalez Casares: