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La cuestión competencial marca las enmiendas de Cs y PSOE al Proyecto de Ley de Farmacia de Madrid

José Manuel Freire y Enrique Veloso, portavoces de Sanidad de PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

FRAN ROSA  |    03.12.2018 - 19:42

El impacto que podría tener la aplicación del Proyecto de Ley de Farmacia de Madrid, tal cual se redactó en su día, en la distribución de roles de los distintos profesionales sanitarios implicados en la gestión de la farmacoterapia ha sido motivo de controversia y, quizás por ello, se percibe un intento de clarificación de las competencias de cada uno en las enmiendas que han presentado Ciudadanos y PSOE. No obstante, el nivel de detalle y las intenciones de uno y otro partido parecen bien distintas. Muestra de ello son las 29 propuestas de corrección de la formación naranja, frente a las 165 presentadas por los socialistas madrileños, que parecen reiterar, de este modo, que su discrepancia es con la totalidad del texto.

La intención de Ciudadanos pasa, según declaraciones de su portavoz de Sanidad, Enrique Veloso, "por facilitar la tramitación de la Ley si el Gobierno regional admite las enmiendas", lo cual, por tiempos, parece ya inviable. Cabe recordar, a este respecto, que PSOE y Podemos presentaron sendas enmiendas a la totalidad. No obstante, Veloso defiende la labor de su grupo, que, a diferencia del PP, apunta, lo que ha hecho ha sido "buscar una propuesta satisfactoria para todos los colectivos profesionales y beneficiosa para los pacientes", base para configurar, dicen, "una Ley duradera y útil".

Esas intenciones constructivas expresadas por Veloso son congruentes con el tipo de enmiendas presentadas, todas de modificación o de adición. En el texto del PSOE, en cambio, se percibe una mayor discrepancia, con un buen número de propuestas de eliminación de disposiciones incluidas en el Proyecto. Ya entrando en el, la primera enmienda del texto de la formación naranja resulta bastante ilustrativa. En ella se propone la modificación de un párrafo de la exposición de motivos, agregando, a la definición de la actividad que realizan los farmacéuticos en sus establecimientos para mejorar la calidad y la seguridad de la asistencia sanitaria, el respeto que se debe mostrar "en todo momento a las competencias propias que legalmente tienen atribuidas los médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios", con los que, prosigue el texto, deben trabajar en "coordinación y colaboración".

Otra muestra del peso de la cuestión competencial en el texto de Ciudadanos se encuentra en la enmienda tercera, que modifica la letra b del artículo 2 del proyecto. En él, el Gobierno madrileño reconocía a los farmacéuticos, "cooperando con el médico y con otros profesionales sanitarios", su actividad en el ámbito de la atención farmacéutica, donde engloba acciones como "la indicación de medicamentos que no requieren prescripción médica, prevención de la enfermedad, educación sanitaria, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico personalizado y todas aquellas otras que se relacionan con el uso racional del medicamento".

Ciudadanos propone la eliminación de esa relación de competencias del texto y en cambio sugiere una concepción de la atención farmacéutica que comprenda las funciones que les son atribuidas a las farmacias "por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias y el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios".

Seguimiento de la adherencia y atención domiciliaria

Junto a estas cuestiones, la formación naranja entra de lleno a reformular lo dispuesto en el artículo 8 del Proyecto de Ley, uno de los más controvertidos, por desarrollar en él las funciones atribuidas a las oficinas de farmacia. Así, en la enmienda número 10, Ciudadanos modifica el texto inicial, en su apartado a, relacionado con el seguimiento de la medicación en programas de adherencia, introduciendo la obligación del consentimiento previo del paciente y formulando, de modo asertivo, que se desarrollará (en vez de "se podrá desarrollar", como se dice en el Proyecto) en coordinación y cooperación con otros profesionales sanitarios. Además, le atribuye a la Consejería la responsabilidad de desarrollar herramientas para que el farmacéutico comunique problemas de adherencia al responsable médico.

También proponen una modificación del apartado k, el que versa sobre la atención farmacéutica domiciliaria a pacientes en situación de vulnerabilidad sanitaria y dependientes. Para Ciudadanos, esa actividad debería circunscribirse "al suministro y abastecimiento en el ámbito sociosanitario, y siempre en colaboración con el resto de profesionales sanitarios". La atención del farmacéutico en el domicilio queda excluida de la redacción. En sus enmiendas, el Partido Socialista va más allá en este tema y plantea, simple y llanamente, la supresión de este apartado del Proyecto de Ley de Farmacia. Y no es el único, ya que se ven en el texto un buen número de propuestas de eliminación.

Sobre la posibilidad de la realización del seguimiento farmacoterapéutico, plantean una simplificación de todo lo desarrollado en el artículo 8 del Proyecto, limitan el ejercicio de los profesionales de la oficina de farmacia, incluido aquél dirigido al control de la adherencia, a aquellos casos en los que "los usuarios den su consentimiento para ello, y en coordinación y colaboración con sus profesionales sanitarios de referencia".

En lo que respecta a los sistemas personalizados de dosificación (SPD), que el Gobierno había incluido en el artículo 12, el PSOE propone la eliminación de dicho artículo, que constaba de tres apartados en los que se recogía posibilidad de ofrecerlos a pacientes que dieran su consentimiento y a través de protocolos, y se abría la posibilidad a que hubiera farmacias que contrataran con otras este servicio para dar el SPD a los pacientes. En su enmienda, este grupo propone que pase a integrarse como un apartado más del artículo 11, que define el acto de dispensación, y dispone que, "en un plazo no superior a un año, la Administración Sanitaria desarrollará la normativa específica necesaria sobre la dispensación, incluidos los sistemas personalizados de dosificación, para garantizar la calidad, seguridad de ésta, así como para contribuir al uso racional de los medicamentos y garantizar una mayor efectividad y adherencia a los tratamientos".

Junto a estas cuestiones relacionadas con las funciones a realizar por la farmacia y la necesaria coordinación, en la mayoría de los casos, con el resto de profesionales, hay otras muchas que afectan a aspectos variopintos del Proyecto de Ley. Desde la venta on line, que el PSOE propone retirar del texto, no se sabe si por desconocimiento o por entender que no requiere su inclusión, a la posibilidad de crear secciones, como la de Nutrición, que había generado expectativas en el sector. Ciudadanos, en este caso, ofrece en sus enmiendas una visión más restrictiva que el PSOE y propone la obligación de que "las secciones autorizadas deberán tener acceso separado a la vía pública y existir separación física con la oficina de farmacia”.

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