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Presentan una metodología para medir el retorno social de la inversión en intervenciones sanitarias

Imagen de la presentación del Informe de Roche y el Instituto Max Weber.

FRAN ROSA  |    10.12.2018 - 17:07

En un momento en el que la industria farmacéutica está reclamando la aplicación de una visión más amplia a la hora de evaluar el coste de los medicamentos, teniendo en cuenta el valor que aportan a la sociedad, más allá de la salud, Roche ha presentado en Madrid el 'Informe final del Proyecto SROI-EM. Impacto clínico, asistencial, económico y social del abordaje ideal de la esclerosis múltiple en comparación con el abordaje actual', que ha sido elaborado por el Instituo Max Weber, y en el que ha participado un grupo multidisciplinar de profesionales sanitarios e investigadores, además de pacientes. Y como indicó el director de Corporate Affairs de Roche, Federico Plaza, la intención es que pueda servir de base, primero, para la elaboración del Plan Estratégico en Enfermedades Neurogenerativas, que está pendiente, sustituyendo el enfoque habitual de impacto económico por el de retorno social, y, segundo, para aplicar ese mismo enfoque en la gestión de los recursos del Sistema Nacional de Salud (SNS) a nivel más general.

Como resultado de este trabajo, se han realizado 18 propuestas de intervención sobre esta enfermedad, que abarcan desde la formación de profesionales de Atención Primaria sobre los síntomas para conseguir un diagnóstico más temprano, hasta la reducción de las listas de espera para poder realizar ese diagnóstico, pasando por una mayor coordinación Primaria-Especializada, el acceso en condiciones de equidad a todos los tratamientos autorizados para esclerosis múltiple remitente recurrente, así como el seguimiento de la enfermedad en su fase más avanzada, incluida la aplicación de tratamientos para síntomas colaterales y una adecuada rehabilitación, entre otras.

La novedad que introduce este informe es que cada una de las propuestas va acompañada, como explicó Plaza, de una medición de su impacto clínico y financiero, lo cual, dijo, "es fundamental en un contexto de limitación presupuestaria", y también social. Tanto el director de Corporate Affairs de Roche como Álvaro Hidalgo, director del Instituto Max Weber, insistieron en que no todas las propuestas suponen la adición de un nuevo gasto, sino que en algunos casos de lo que se trata es de proceder a una "reasignación de los recursos", aplicando criterios de coste-oportunidad.

Para entender un poco el enfoque de este trabajo, basta mirar al detalle una de las propuestas, que, como se decía anteriormente, tiene que ver con "el acceso a tratamiento modificador de la enfermedad para los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente no tratados en la actualidad". Esta propuesta se dirige, como explicó Ester Moral, coordinadora del Grupo de Estudios de Enfermedades Desmielinizantes de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y jefa del Servicio de Neurología del Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona, a paliar "la desigualdad que se da actualmente en el acceso a los tratamientos en las distintas comunidades autónomas", una vez que los fármacos ya están autorizados. No obstante, el informe también recoge las reticencias de algunos pacientes a los efectos adversos que éstos producen.

Pues bien, según la metodología aplicada, esa extensión de los tratamientos para todos los pacientes conllevaría un gasto de unos 53,4 millones de euros anuales, aproximadamente. En cuanto al retorno, apuntan que, con esta medida aplicada de forma precoz, "se frenaría la evolución de la discapacidad" (uno de los principales problemas derivados de esta enfermedad, según Moral) y también "se evitarían brotes". La primera de estas consecuencias tendría un retorno cuantificado en unos 40 millones de euros, mientras que en la segunda se situaría en los 2,2 millones. Además, se presentan otras ganancias no cuantificadas, como puede ser la liberación de los recursos asignados actualmente a otras intervenciones y que dejarían de ser necesarias.

En total, el conjunto de las 18 medidas propuestas para un abordaje integral de la esclerosis múltiple supondría una inversión de unos 148,3 millones de euros, siendo las intervenciones dirigidas a pacientes con enfermedad en fase avanzada (52,3%) y remitente recurrente (43,3%) las que más recursos consumirían, mientras que se calcula un retorno social total de unos 271,9 millones, del cual, la mayor parte procedería de las intervenciones en la fase de diagnóstico y en la remitente recurrente. De modo general, cada euro de los 148,3 millones que habría que invertir produciría un retorno social de 1,83 euros, según la metodología aplicada por los autores.

Pedro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España, señaló que una parte del valor de esta propuesta es que hay "una Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodenegenerativas que está pendiente y que debería tener en cuenta estos consensos aquí generados". Este representante de pacientes afectados por la enfermedad ha señalado que el impacto social de ésta es "elevado" y citó, entre otros aspecto, su influencia negativa a la hora de encontrar o mantener un empleo. De ahí que subrayara la importancia de aplicar de un enfoque más amplio a la hora de evaluar el modelo de abordaje de la misma.

Un punto de partida para un cambio más profundo 

Federico Plaza se esmeró durante su intervención en trasladar la idea de que, aunque este modelo está orientado servir para la toma de decisiones en el ámbito de la esclerosis múltiple, la idea es que pueda extrapolarse a la gestión de otras enfermedades relevantes en el marco del SNS. En este sentido, destacó que, como novedad, en la propuesta elaborada por el Instituto Max Weber incluye "una memoria con lo que se va a recuperar".

No obstante, reconoció que la aplicación de este tipo de metodologías en la gestión sanitaria implica "un cambio más profundo en la forma de trabajar dentro del SNS, que pasa por romper los silos de asignación presupuestaria". En su opinión, el futuro pasa por "trabajar de otra forma", por tomar en consideración que con una intervención se pueden estar produciendo ahorros y generando recursos, "porque esas personas van a poder ir a trabajar, van a poder generar riqueza y pagar impuestos". 

En la práctica, esto obligaría a cruzar todos los datos que la Administración tiene sobre los ciudadanos para evaluar, de manera global, las repercusiones que tiene una intervención sanitaria en la vida de un paciente. Eso, que a priori suena complejo, es, según Plaza, un sueño alcanzable. Y es que, asegura, el Estado "tiene las herramientas para medirlo todo". "Los datos están, pero no están estructurados", ha añadido, para culminar recordando que "tenemos una tarjeta sanitaria, un sistema de seguridad social, y los datos fiscales recogidos por Hacienda. Al estar todo informatizado, sólo habría que buscar la manera de cruzar esos datos".

En este sentido, Hidalgo ha asegurado que él mismo ha participado en algún estudio de estas características, aglutinando datos de enfermedad, del ámbito laboral y también fiscales. Y ha concluido, como Plaza, que "todo eso se puede cuantificar". A su juicio, lo que hace falta es "voluntad para adoptar una concepción holística de la sanidad", una visión que para él es "estratégica".

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