Representantes del Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Unidos Podemos se han personado en el Congreso de los Diputados, junto a los de las organizaciones firmantes de un manifiesto a favor de la creación de un marco normativo que proteja a los profesionales sanitarios, así como a los pacientes y sus familiares, frente a los medicamentos sanitarios, para registrar este documento en la Cámara Baja y solicitar al Gobierno que tome cartas en el asunto.
Concretamente, en el manifiesto hay solicitudes, por un lado, para el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, cuya titular es Magdalena Valerio, y, por otro, para el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, encabezado por María Luisa Carcedo. Al primero de ellos le piden "el desarrollo de una norma que regule la protección de los trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario frente a la exposición a medicación peligrosa en centros públicos y privados", así como la promoción de campañas de información a los centros sanitarios sobre dicha norma, cuando sea publicada, y la "asignación de suficientes recursos de inspección para asegurar que se cumple por los centros sanitarios".
Por su parte, al Departamento de Sanidad se le exige un "estudio sobre la situación actual de los centros sanitarios y socio-sanitarios españoles en materia de protección a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la salud y pacientes a la exposición a medicación peligrosa, que incluya los niveles de contaminación existentes en los mismos, tanto en las áreas de farmacia como otros de preparación y administración de medicamentos".
Además, a partir de ese análisis, demandan "el desarrollo de una guía nacional en materia de protección a trabajadores y pacientes que complemente la norma, que se convierta en protocolo de obligado cumplimiento en los centros sanitarios y socio-sanitarios españoles, y que cuente con la colaboración de los agentes sociales, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes".
Seguidamente, piden que, dentro del marco del Consejo Interterritorial, se asegure "la equidad de todas las comunidades autónomas y centros sanitarios y socio-sanitarios en materia de recursos disponibles para la protección de trabajadores y trabajadoras del ámbito sanitario y de los pacientes". También consideran necesario "el lanzamiento de una campaña informativa a profesionales del sector sanitario y pacientes sobre los riesgos derivados de la exposición a medicación peligrosa".
Finalmente, habría que desarrollar, en opinión de las organizaciones firmantes, "un sistema de vigilancia sobre los niveles de contaminación de medicamentos peligrosos existentes en los centros sanitarios, tanto en las áreas de farmacia como en las de preparación y administración de medicamentos", y habría que establecer "una clasificación especifica de dispositivos sanitarios", a la que denominarían Sistemas cerrados de transferencia de medicamentos (citan una iniciativa similar de la FDA en Estados Unidos) "que asegure que los sistemas bajo esta clasificación garantizan la seguridad del personal sanitario y pacientes".
Motivación de la propuesta
Los firmantes argumentan esta propuesta con el hecho de que cada año haya más de 20 millones de trabajadores europeos expuestos a medicación peligrosa: carcinógena, mutagénica y reprotóxica, y citan datos del ‘Safer and Healthier Work for All’, publicado por la Comisión Europa en enero de 2017, que afirma que en el año 2012 se produjeron más de 106.500 muertes por cáncer atribuido a exposición a substancias cancerígenas en el marco laboral, convirtiendo el cáncer ocupacional en la primera causa de muerte entre los trabajadores europeos y, según la OIT, en todo el mundo.
Y, a este respecto, indican que se trata de una realidad que tiene visos de ir creciendo, por un lado, por el incremento de la incidencia del cáncer, que hace que el uso de antitumorales siga creciendo y, con ello, la exposición de los profesionales sanitarios encargados de su manipulación y su administración a los mismos; y, por otro lado, por el uso cada vez más habitual de estos mismos medicamentos para enfermedades no oncológicas, que hace que el fenómeno se extienda aún más.
Ante esta realidad, y aunque reconocen los esfuerzos que ya se han realizado en nuestro país en relación con este tema (citan, en este sentido, los documentos publicados por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud, y Bienestar en el Trabajo, así como la base de datos Infomep2, con una la lista de medicación peligrosa comercializada en España y las medidas de protección que se deben poner a disposición de los trabajadores, así como la guía de 'Recomendaciones: Sistemas cerrados para el manejo de los medicamentos y productos peligrosos', en la que ha participado la SEFH), consideran necesario dar un paso más para proteger a profesionales y pacientes y dar a estas recomendaciones rango de norma.
Para finalizar, cabe decir que el manifiesto está firmado por el Consejo General de Enfermería, la Sociedad Española de Enfermería Oncológica, la SEOM, Satse, UGT, CCOO, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, Sedisa, Gepac, el Foro Español de Pacientes, la Alianza de la Sanidad Privada Española, la SEFH, la Fundación Tecnología y Salud, y la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos.
Nicolas Gonzalez Casares: