El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso, Francisco Igea, registró hace unos días una pregunta parlamentaria en relación con las intenciones del Gobierno de aplicar visado a algunos fármacos antidiabéticos, considerando que este requerimiento, "unido a las diferencias en la gestión del mismo según la CCAA, está suponiendo una barrera que limita el acceso de los pacientes a los medicamentos afectados, ya sea por las necesidades de traslados que precisa hacer el paciente para obtener el fármaco concreto o las barreras burocráticas que pueden retardar el acceso, incluso cuando el fármaco ha demostrado clara eficacia y bajo riesgo". Cita, para respaldar su afirmación, a "diferentes asociaciones de pacientes".
Igea indica en su escrito que actualmente son 1.700 presentaciones comercializadas (el dato es general, no circunscrito a los antidiabéticos), de un total de 12.000, las que se prescriben sujetas a estas condiciones con el fin de verificar la conformidad del tratamiento prescrito con las condiciones de utilización autorizadas en la ficha del medicamento y sus indicaciones terapéuticas.
Concretamente, en el área de diabetes, el portavoz de Ciudadanos le pregunta al Gobierno si ha pensado en revisar la necesidad de requerir visado para nateglinida, pioglitazona, y las combinaciones de este último con metformina y con glimepirida, para canagliflozina, y para su combinación con metformina, para exenatida, en su versión normal y en la de liberación prolongada, así como para liraglutida, lixisentatida, albiglutida, dulaglutida y degludec.
De forma genérica, desde la formación naranja han pedido al Gobierno que confirme si "ha revisado las limitaciones que los visados producen en el acceso al tratamiento farmacológico, especialmente en los fármacos que lo precisan relativos a la diabetes" y, en caso de que no lo haya hecho, si tiene pensado "evaluar etas barreras".
También han pedido información sobre aquellos tratamientos que se hayan retirado a causa de posibles contraindicaciones o efectos secundarios, y que detallen en qué comunidades autómomas han ocurrido estos eventos. Precisamente, en relación con las CCAA piden conocer, también, las diferencias de consumos de productos antidiabéticos por cada 1.000 habitantes y preguntan al Ejecutivo si puede asegurar "que existe equidad en el acceso" a estos productos.
Nicolas Gonzalez Casares: