Documentación

Programa electoral de Podemos en Sanidad para las elecciones generales del 28 de abril

Extracto de Sanidad del Programa electoral de Unidas Podemos para las elecciones generales del 28 de abril.

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Sanidad

62. Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud.

75. Convertir la ciencia y la I+D+i en un puntal de nuestra economía aumentando la inversión pública en I+D+i al 2 % del PIB al final de la legislatura para liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) su-perarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas.

128. Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales. Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis.

139. Mantener la cobertura sanitaria universal para los y las españolas emigrantes. Las élites de nuestro país no solo han expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con la cobertura sanitaria a la que tienen derecho todos y todas las españolas al margen de donde vivan, porque la ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para hacer efectivo esto, trabajaremos para suprimir los acuerdos de exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de salud del país receptor.

201. Alcanzar la inversión en servicios públicos propia de otros Estados de la zona euro en una legislatura. Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

202. Poner freno a la mercantilización de la sanidad. Nuestra salud no puede ser un bien como otro cualquiera, con el que hacer más dinero y del que se priva a quien no puede pagarlo. Adoptaremos medidas urgentes para proteger este patrimonio común frente a su privatización, como es, por ejemplo, la sustitución de la normativa vigente —que favorece la expansión de la gestión privada de la sanidad— por una que se base en la gestión pública directa.

203. Reducir las listas de espera para garantizar que, en una legislatura, ninguna cita con un especialista ni operación que tenga que ver con una patología grave se retrase más de un mes. Dentro de las competencias del Estado, a través de los órganos correspondientes y con la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios, se hará valer esta garantía.

204. Incorporar el servicio de dentista gratuito a los servicios del sistema de salud y que este cubra servicios básicos no incluidos hasta ahora, como empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas.

205. Garantizar el acceso universal a la sanidad y eliminar los copagos. Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria, y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.

206. Cuidar al personal sanitario. Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y han perjudicado la atención a toda la ciudadanía. Por eso, pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que responda al interés de los y las profesionales y de toda la ciudadanía, por encima de criterios comerciales.

207. Tomar en serio la salud mental. Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

208. Romper el ciclo de la comida basura. Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

209. Promulgar la Ley Celiaca. Las personas celiacas padecen dificultades y sobrecostes para acceder a alimentos básicos, de modo que es necesario garantizar una acción pública y un marco normativo que las apoye y que compense esta situación. Se impedirá la discriminación laboral y escolar de personas con enfermedades como la celiaquía o la diabetes. Se impulsarán la investigación, la prevención, la promoción y el tratamiento eficaz, así como la creación y publicación de un listado de alimentos sin gluten, de gestión pública, para evitar clientelismos y dudas. Se mejorarán, junto con las comunidades autónomas, las estrategias de diagnóstico precoz y la participación de las asociaciones de afectados y afectadas en las labores de planificación y seguimiento de la seguridad y calidad alimentarias. Se incentivará que establecimientos, productores y productoras incluyan opciones sin gluten, y se estudiarán ayudas directas y fiscales para las familias afectadas. Esta regulación se actualizará al ritmo de los avances médicos y científicos.
210. Aprobar el Plan Nacional de la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). Aprobaremos este plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de garantizar la protección de sus derechos.

250. Paquete de servicios básicos. Garantizaremos que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca —estableceremos las obligaciones de servicio público adecuadas para asegurar el acceso a servicios de movilidad dignos, con independencia del lugar de residencia—; atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; atención inmediata de una patrulla de la Guardia Civil en un máximo de 15 minutos; reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda de ultramarinos, para lo cual se establecerán líneas de ayudas públicas; al menos un cajero automático dentro de un radio de 20 kilómetros, financiado a través de un canon al sector bancario para la inclusión financiera y gestionado por Bankia; y centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como una oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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