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“Si no hay un Gobierno de izquierdas, la Sanidad dejará de ser pública”

Amparo Botejara, candidata de Podemos por Badajoz a las elecciones generales del 28A y portavoz de Sanidad durante la última legislatura.

FRAN ROSA  |    11.04.2019 - 15:59

La que fuera diputada en el Congreso de los Diputados por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Amparo Botejara, se presenta de nuevo en las listas de la formación morada, que vuelve a confluir con Izquierda Unida y Equo a las elecciones del 28 de abril bajo el nombre de Unidas Podemos. Botejara defiende un modelo de gestión 100% público, llama a actuar sobre las patentes y los precios de los medicamentos y opina que la intervención de las oficinas de farmacia puede ser positiva para aspectos como la adherencia o el seguimiento farmacoterapéutico, siempre en colaboración con Atención Primaria.

Pregunta. Me llamó la atención ver el otro día que Podemos, Izquierda Unida y Equo, que van juntos a las elecciones del 28A, presenten programas diferentes. ¿Puede explicarlo?

Respuesta. La explicación es sencilla: seguimos siendo partidos distintos, otra cosa es que confluyamos para ir juntos a las elecciones. Además, nuestros programas coinciden en muchos aspectos. Se trata, en cierto modo, de preservar la identidad de cada uno, ya que, pese a las coincidencias apuntadas, seguimos teniendo estatutos distintos, sistemas de financiación diferentes, etc.

P. Le pregunto esto porque, por ejemplo, Izquierda Unida propone en su programa contar con una industria farmacéutica nacional, algo que ustedes han demandado en alguna ocasión pero que no aparece de forma específica en su programa para el 28A.

R. Nuestro programa está diseñado tratando de adaptarlo estrictamente a lo que dice la Constitución. Pero es cierto que hemos hablado en muchas ocasiones de utilizar el centro farmacéutico que tiene el Ministerio de Defensa, para disponer de un recurso para la fabricación propia de medicamentos.

P. ¿Pero cree que desde ese centro habría capacidad para abastecer todo el mercado nacional de varios principios activos, o está pensado, más bien, para alguna emergencia?

R. Ese centro está regulado y cumple una función social. Visitamos el centro y sus responsables nos aseguraron que, igual que se usó para la gripe A, están capacitados, también legalmente, para cubrir necesidades. Supongamos que van aumentando los desabastecimientos de principios activos que no son rentables para la industria. En ese centro se podría solucionar ese problema. Nosotros lo concebimos como un recurso que está ahí, que hay que empezar a utilizarlo si es preciso, e ir desarrollándolo también. Siempre que la producción sea pública vamos a conseguir que ésta sea más barata.

P. En el programa de IU se lee también su apuesta por un modelo de farmacia estatal y el desarrollo de capacidades propias de almacenamiento y distribución. ¿Están de acuerdo con ese planteamiento?

R. No se puede modificar un modelo al 100% en cuatro años. Nosotros pensamos que habría que ir paso por paso. Y lo primero que tendríamos que conseguir es disponer de la posibilidad de realizar la fabricación pública de medicamentos. Y luego, pensamos que es fundamental revisar el modelo de patentes, aunque es una cuestión que no se puede resolver aquí, sino a nivel europeo. También nos parece fundamental que haya más transparencia en relación con los precios. La cuestión de la farmacia y la distribución no la hemos analizado, hasta el momento. Por lo que no puedo pronunciarme.

P. Dejemos ya a IU a un lazo, y centrémonos en el programa de Podemos. Destacaría, como la principal medida por la que ustedes apuestan, la elevación del gasto sobre PIB, hasta el 7,5% en 2023. ¿Es factible eso? ¿De dónde sacarían ese dinero?

R. Es factible. Se trata de recuperar los recursos que teníamos antes y ponernos en línea con nuestro entorno, que de hecho dedica, en general, un porcentaje mayor a Sanidad que nosotros. Ya se ha demostrado que nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) es eficiente. Basta ver cómo hemos sido capaces de mantener unos estándares mínimos de calidad pese a la reducción drástica de recursos. Ahora tenemos el gasto público más bajo de los países de nuestro entorno y eso hay que revertirlo. Y sobre de dónde vamos a sacar el dinero, decir que nosotros apostamos porque paguen más los que tienen más. Hoy desayunamos con que Pablo Casado va a bajar los impuestos por un total de 16.000 millones. Ya me dirá cómo vamos a pagar la sanidad… Así pasa luego, que comienzan a reducirse los equipos, comienza a privatizarse el sistema, y al final acabamos con un sistema público de beneficencia.

P. Una de sus apuestas es garantizar que las grandes empresas pagan íntegro el Impuesto de Sociedades, pero a este discurso suele seguirle la amenaza de deslocalización de muchas de estas empresas. ¿Qué tienen que decir a eso?

R. En el caso de las multinacionales, decir que la mayoría de las que están implantadas aquí no tienen aquí su domicilio fiscal, sino en otros países, como Alemania. Eso implica que no están pagando sus impuestos aquí, y que su contribución al país es relativa.

P- Hablemos, entonces, de las de capital español e implantadas en España. ¿Temen una posible deslocalización?

R. Sinceramente, creo que es el argumento que se utiliza siempre. Las grandes empresas siempre amenazan con irse. Pero resulta curioso que en otros países pagan más que en España, y no se van. Entiendo que las empresas tienen que emplear los argumentos que tienen a mano para defender sus intereses.

P. Otra de las apuestas de Podemos es dotar de recursos adecuados a la Atención Primaria, a la que prometen dedicar el 25% del presupuesto sanitario.

R. Efectivamente. Es que el deterioro de estos años se ha producido especialmente en la Atención Primaria. Conozco bien el entorno y, a nivel de recursos humanos, se sabe que no se han cubierto bajas, que se han hecho contratos precarios… Sabemos que la estrategia es estrangular a la Primaria para que la gente vaya a los hospitales, y allí se encuentran con listas de espera enormes que hacen atractiva la atención en la privada. El Tribunal de Cuentas ya nos ha mostrado que el coste de la atención por esta vía nos sale seis veces más caro. Sobre la Atención Primaria quiero decir también que la actitud de los consejeros del PP ayer, levantándose del Interterritorial porque decían que las medidas que se quieren implementar son electoralistas, es impresentable. Podrán ser electoralistas, o no, pero lo que está claro es que son medidas que benefician a la ciudadanía. Defienden públicamente una mayor apuesta por la Atención Primaria y a la hora de la verdad, o se van, o votan en contra de propuestas, como la que hicimos nosotros, para reforzar la Atención Primaria. Ocurre con el PP y con Ciudadanos.

P. Hablaba antes de los modelos de gestión sanitaria. Ustedes apuestan por una gestión 100% pública. Pero, dada la implantación de la colaboración público-privada en CCAA como Madrid, o la propia Andalucía, ¿sería factible la reversión a corto plazo?

R. El Tribunal de Cuentas ha dicho que le pagamos a la Fundación Jiménez Díaz 350 millones de euros al año, y ellos incurren en costes superiores a los del SNS, en intervenciones como la biopsia de mama o intervención de varices, por ejemplo. Eso implica que se está haciendo negocio con la sanidad, y nosotros lo que queremos es que no se haga negocio con la sanidad. Sobre la viabilidad o no de la reversión, ahora tenemos el ejemplo de Alzira. Alzira fue buque insignia de privatización, y ahora lo es de la desprivatización, ya que se ha demostrado que los resultados son mejores que en la etapa anterior, en la que la gestión era privada. Esta experiencia nos ha servido para conocer los efectos secundarios de la privatización. En los 90 no disponíamos de datos para refutar eso, pero ahora sí. Por eso queremos un sistema sanitario libre de negocio.

P. Una medida que llevan en su programa y que negociaron con el PSOE de cara al acuerdo de investidura fue la reversión del copago, aunque finalmente no llegó a ejecutarse, por la imposibilidad de aprobar los presupuestos.

R. No podemos entender cómo hay partidos que votan en contra de algo que iba a ser bueno para la población. Y me cuesta entenderlo por parte del PP y Cs, pero también de ERC, que también votó en contra. Uno, cuando está en política, tiene que votar teniendo en cuenta si una medida es buena para la población o no, no atendiendo a cuestiones que nada tienen que ver con eso.

P. No puedo terminar esta entrevista sin preguntarle por el modelo de oficina de farmacia que ustedes defienden.

R. Hemos hablado con el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y hemos encontrado algunos puntos en común. Por nuestra parte, hemos dejado claro que la farmacia no puede desarrollar funciones que le correspondan a otras profesiones de Atención Primaria, como la Enfermería. Nosotros, si hay que decidir entre recursos privados o recursos públicos, nos quedamos con lo público. Otra cosa es que la oficina de farmacia pueda contribuir en aspectos como el seguimiento farmacoterapéutico, en coordinación con otros profesionales. Son ellos los que suministran los medicamentos y pueden contribuir a una buena adherencia, a alertar sobre posibles problemas relacionados con la medicación, etc. Esa contribución nos parece que puede ser positiva.

P. Por cerrar con las propuestas incluidas en el programa, puede hablar de cuáles son sus planes en relación con eutanasia, que está muy en boga, y salud mental.

R. Pues nos hemos comprometido a registrar una ley de eutanasia en los primeros días tras inicio de legislatura y volveremos a registrar nuestra propuesta de ley de salud mental, que ya registramos, pero decayó al disolverse las cortes, por lo que la presentaremos de nuevo.

P. ¿Quiere lanzar un último mensaje, de cara a la campaña?

R. Decir que, en materia sanitaria, creo, sinceramente, que estamos en un punto de inflexión. Si no hay un gobierno de izquierdas, la Sanidad dejará de ser pública. El camino que tienen diseñado las derechas está muy claro.

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