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¿Qué propone Vox para las elecciones generales en materia sanitaria?

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un mitin

CARLOS ARGANDA  |    17.04.2019 - 12:45

Vox ha presentado un programa económico que incluye entre sus medidas una reforma “imprescindible” de la sanidad española. Una reforma para una sanidad “eficiente y de calidad” que huye de las medidas que hasta el momento se han puesto en marcha por otros partidos políticos y que, según esta formación, han sido un “paliativo”.

Tras analizar de forma importante la evolución estimada de diversos parámetros socioeconómicos y de gasto sanitario, Vox realiza su propuesta de transformación desde un punto de vista económico del sistema sanitario. Una visión que se trasmite a lo largo de todo el texto, por lo que la transformación sanitaria que proponen solo se trata desde esa perspectiva. No hay ningún otro documento actual que aborde propuestas concretas en materia sanitaria, más allá de algunas propuestas que hicieron en su congreso de Vistalegre.

Para ellos, la “opción tradicional” que se ha intentado en los últimos años para garantizar la sanidad es “mejorar su eficiencia mediante la introducción de fórmulas como el copago, la reducción de las carteras de servicios y el impulso de medidas destinadas a recortar los costes administrativos y a aumentar la productividad”. Pero eso, según la formación de Santiago Abascal estas actuaciones son un “paliativo, pero no una solución definitiva”.

Descuelgue del sistema público

La propuesta de Vox es “caminar hacia un modelo sanitario que garantice una cobertura básica universal a todos los españoles que cubra la asistencia primaria, especializada y hospitalaria pero que excluya cuestiones como la estética u otro tipo de terapias que no se consideran servicios esenciales”. Las claves de ese modelo serían la “posibilidad de descuelgue del sistema sanitario público para aquellos ciudadanos que opten por la sanidad privada”, cuyo coste de prestaciones básicas, como las cubiertas por el Estado, sería deducible del IRPF. Según explican con este cambio se “garantizaría la universalidad, se traduciría en una mejor sanidad al restaurar la soberanía del consumidor, fomentando la innovación y la competencia”.

Para Vox esta reforma es esencial para garantizar la sostenibilidad ya que “si el Estado ofrece bienes o servicios cuyo uso o consumo es individual a precio cero, por ejemplo sanidad, la cantidad demandada tenderá al infinito y, en cualquier caso, será muy superior a la que se produciría si los consumidores/usuarios tuviesen que pagar la totalidad o una parte de su coste”. Además, la experiencia muestra que el Gobierno intenta permanentemente “satisfacer esas ‘necesidades’ lleva a expandir la inversión más allá de sus límites óptimos, lo que implica una presión alcista sobre el gasto público sanitario”. Para la formación derechista “esta política no puede sostenerse por tiempo indefinido, debido a las restricciones presupuestarias”, por ese motivo, los gobiernos “recurren al racionamiento burocrático, por ejemplo a las listas de espera, para moderar la demanda con un resultado: reducción de la productividad del sistema y deterioro de la calidad del servicio que sufren los españoles”.

Entre las propuestas también se encuentra la implantación de un “sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los cinco años” o la recuperación de las competencias y gestión por parte de la Administración central del Estado de la Sanidad, que es un “punto esencial” de su programa político, lo que conllevara, según explican, “la eliminación de duplicidades e ineficiencias administrativas, además de importantes ahorros, permitiendo mayor tiempo de atención del médico al paciente y sobre todo los españoles volverán a ser iguales en cualquier CCAA donde necesiten ser atendidos”.

Análisis económico de la sanidad

El análisis económico realizado por Vox asegura que la sanidad española “tiene una razonable reputación por su calidad y por su accesibilidad” y que los resultados obtenidos, en términos de esperanza de vida, “parecería avalar la efectividad de la expansión de los desembolsos del sector público en este campo”.

A partir de los datos de gasto total, gasto según Producto Interior Bruto y gasto per capita, Vox considera que “el sistema sanitario español no funciona peor que el de otros estados europeos y su coste es inferior al de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido”. No obstante, señala que “la excepción es el gasto farmacéutico que es el más alto en términos de porcentaje sobre el PIB”. Según sus datos, basados en OCDE Health Statistics 2018, España está en un 1,7% del PIB en gasto en medicamentos mientras que el resto de los países citados estarían en un 1,6% y Reino Unido en el 1,1%.

Para Vox este escenario, no obstante, “no es estático”. Según auguran “los medios económicos disponibles para financiar el sistema nacional de salud y otros capítulos del Estado del Bienestar tenderán  a disminuir, mientras sus costes presentan y presentarán una trayectoria alcista”. A este respecto citan los cambios demográficos, el incremento de la demanda, las innovaciones de las tecnologías y los costes inherentes a un sector intensivo en capital humano cualificado.

Ante esta situación, el partido de Abascal rechaza la “tesis de los que están a favor del mantener el estatus quo”, que se centra en dos premisas: “primero, las deficiencias básicas del sistema pueden resolverse mediante una mejora de su gestión; segunda, su privatización supondría extender un certificado de defunción a la cobertura universal hoy garantizada por el Estado”. Según ellos, “con independencia de sus repercusiones presupuestarias y financieras, esta sugerencia ignora el factor determinante del problema, esto es, la existencia de un marco institucional que genera incentivos conducentes a un aumento explosivo e ineficiente de la oferta y de la demanda de sanidad pública”.

¿De dónde recortar?

Entre las medidas que propone la formación de derechas, que pide una reducción de impuestos, se requiere un recorte de gastos de 24.236 millones, de los que 16.236 millones de euros que procederían de un ajuste del gasto no financiero de la Administración Central del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social, mientras que los 8.000 millones restantes provendrían de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales.

Vox atribuye al capítulo IV de transferencias corrientes una parte importante del ajuste, por una cuantía de 8.000 millones de euros, que corresponde a los fondos que van a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Según el programa de este partido, “el punto más problemático es 'dónde' van a recortar las CC.AA ya que el Estado no tiene competencias para obligar a estas a ajustar en unas partidas u otras de su autonomía presupuestaria”. Por ello, según dicen es fácil que estas “intervengan gastos fáciles y pocas de ellas quieran acometer verdaderas reformas de partidas de enorme gasto como la contratación de bienes y servicios o la centralización de las compras de material quirúrgico, sanitario, educativo o farmacéutico”.

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