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Sanidad vincula unas posibles subastas con el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos

María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones.

CARLOS ARGANDA  |    08.05.2019 - 19:49

Uno de los problemas más graves que han tenido las subastas de Andalucía han sido los problemas de abastecimiento, que acababan afectando a los pacientes. Y el Gobierno socialista no quiere cometer el mismo error dos veces. Para evitar esa situación, en caso de que finalmente se acepte la propuesta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de implantar subastas de medicamentos a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad tiene un as en la manga: el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2020.

Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) que ha tenido lugar este miércoles en Madrid, y que ha sido abordado en la reunión pese a que este asunto no se encontraba en el orden del día.

Tras explicar, a preguntas de Diariofarma, las razones por las que se podría poner en marcha un sistema de subastas, Carcedo ha vinculado su respuesta sobre las mismas al problema de la falta de suministro y a la posible solución. “Tenemos que garantizar el suministro y también tenemos que velar por la mejor gestión de los recursos públicos lo más eficaz y eficiente posible”.

"Los laboratorios adquieren un compromiso"

En relación al suministro, la ministra ha lanzado una advertencia a las compañías fabricantes de medicamentos: “Los laboratorios que fabrican los medicamentos adquieren un compromiso y tienen que ser consecuentes con ello. Por ello estamos también trabajando en los desabastecimientos y hemos aprobado el Plan de Desabastecimientos para intentar evitarlos y que todos tomemos las decisiones administrativas que estén en nuestra mano para evitar los abastecimientos”, aseguró.

No obstante, Carcedo no ha confirmado que las subastas se vayan a poner en marcha. “Se estudiará la propuesta publicada en el informe de la AIReF”, indicó, al tiempo que explicó que “hay que tener en cuenta el peso del gasto farmacéutico en el gasto sanitario”. Según ella, esta partida supone “la cuarta parte del gasto sanitario, son cantidades importantes” por ese motivo se mostró decidida a “gestionarlo bien, partiendo de la premisa de que es necesario asegurar el suministro”.

Por todo ello, la ministra confirmó que “se estudiarán los mecanismos que nos permitan el mayor ahorro posible y, por tanto, que el gasto farmacéutico tenga el impacto que debe tener para un tratamiento eficaz y un uso racional del medicamento al menos coste posible”.

Tras la rueda de prensa, fuentes del Ministerio de Sanidad han explicado a Diariofarma que no están trabajando en la propuesta ya que la AIReF la habría trasladado al Ministerio de Hacienda. No obstante, explican que antes de poner en marcha un sistema de subastas de este tipo se necesitaría “un estudio amplio con agentes como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia así como con la industria”. En cualquier caso, a día de hoy se ve como un asunto “complejo, difícil de afinar legalmente” y que aún está en el terreno de las propuestas.

Valoración de Jesús Aguirre

Jesús Aguirre, el consejero de Salud de Andalucía, ha sido el único de los consejeros de Sanidad que ha querido valorar la posible propuesta de subastas.

Para Aguirre este sistema no es válido y genera muchos problemas de accesibilidad, posibilidades de prescripción y falta de adherencia. Por ese motivo, desde su región han paralizado el modelo y profundizarán en las compras centralizadas.

A pesar de esa posición general, el consejero de Salud ha explicado que aún no ha leído el informe de la AIReF en el que basa su propuesta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “El Gobierno hará lo que crea oportuno y ya nos indicará a las comunidades autónomas cualquier movimiento que haga en relación con la Ley del medicamento”, ha indicado. Pero lejos de anunciar una campaña contra las subastas, el dirigente andaluz asume que se trata de una competencia del Gobierno central y como tal habría que cumplirla. “Lo que no puede hacer cada comunidad autónoma de su capa un sayo como ha hecho Andalucía durante muchos años”, zanjó.

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