El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido un comunicado en el que valora positivamente los cambios introducidos en el plan de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para luchar contra los desabastecimientos (Plan de Garantía de Abastecimiento 2019-2022), el cual fue aprobado por el último Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entra esas modificaciones hay, destacan, "sugerencias del Consejo General de Farmacéuticos".
A este respecto, comentan que, tanto en las reuniones mantenidas con la Aemps, como en los documentos que remitieron durante el desarrollo del Plan, habían planteado "la necesidad de contar con la información que genera la farmacia comunitaria, a través del Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (Cismed), para permitir la identificación temprana de medicamentos con problemas de suministro. Finalmente", una reivindicación que se habría plasmado en el Plan, que finalmente aludiría a la información generada por las farmacias y servicios de farmacia hospitalaria, que se confirmará con el titular de la autorización de comercialización, para identificar casos no notificados por los laboratorios. También se habría reconocido, dicen, la importancia de la integración de la información de la Aemps con la de la Base de Datos del Consejo General, Bot PLUS.
Otro aspecto que se ha tenido en cuenta es la propuesta de facilitar la sustitución por el farmacéutico ante la no disponibilidad del fármaco. En este sentido, el Plan incorpora la necesidad de “progresar en la política de sustituciones de medicamentos financiados desabastecidos por no financiados disponibles, previa información al paciente”, y también se ha incluido finalmente como alternativa la formulación magistral para tratamientos individualizados mientras dura el desabastecimiento y no haya alternativa comercial disponible, como había propuesto el CGCOF.
Otra idea planteadas por la entidad colegial, y que la Aemps parece haber hecho suya, apuntan, sería la necesidad de que el desarrollo normativo del concepto de suspensión temporal o medicamentos no comercializado se alinee con los criterios de inclusión en nomenclátor.
Nicolas Gonzalez Casares: