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Farmaindustria opina que la Airef ha obviado el impacto de sus medidas en el tejido industrial y la inversión

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria

Humberto Arnés, director general de Farmaindustria

DIARIOFARMA  |    06.06.2019 - 21:00

Al igual que ha hecho el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Farmaindustria ha reaccionado a la publicación de los resultados del estudio del Spending Review de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con un comunicado en el que opina que éste se centra de forma exclusiva en la reducción de costes, que ignora los procesos de innovación incremental, que obvia la igualdad de precios entre marcas y genéricos, y que además no tiene en cuenta el posible impacto sobre el tejido industrial y las inversiones en investigación biomédica en España. 

Así, tras su análisis del documento, y reco nociendo la necesidad de profundizar un poco más en su lectura para realizar una valoración más detallada de cada una de las propuestas, Farmaindustria considera que "el estudio deja de lado los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes, para centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios (menos hospitalizaciones y menor gasto hospitalario) y sociales, como las mejoras en el ámbito de la incapacidad laboral (que se traduce en mayor productividad) o los cuidados familiares". También ignora, prosiguen, "la complejidad del proceso de innovación y la naturaleza incremental del progreso terapéutico, reduciendo los procedimientos de intervención de precios a un mero problema de obtener el precio más bajo posible a lo largo del ciclo de vida del medicamento".

Otro aspecto que han querido subrayar es la falta de consideración sobre la reducción del gasto farmacéutico público en receta (en oficina de farmacia), "que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010, al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018". "Lejos de subir, el gasto per cápita en España es notablemente inferior al de los países de su entorno: un 32% inferior a la media de países de la Eurozona, según datos de 2016", añaden. De hecho, recuerdan que la propia Airef prevé que para 2019-22 el crecimiento sea "muy reducido", del 1,4% medio anual, e inferior al crecimiento del PIB nominal (3,8%), por lo que esta partida, opinan, "no amenazaría en ningún caso a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud". Por eso dicen no entender "la necesidad de abordar un plan para ahorrar 1.500 millones de euros en 4 años, con medidas de gran calado que el informe además califica como fáciles de implementar”.

Farmaindustria también pone el foco en el hecho de que el informe ignore el tamaño del mercado fuera de patente. "No se menciona", señalan desde la patronal, "que, una vez que expira la patente, en España los medicamentos originales bajan al mismo precio que su genérico correspondiente, con lo que el indicador relevante en términos de eficiencia no es tanto el porcentaje de mercado que ocupan los genéricos cuanto el porcentaje de mercado de los medicamentos a precio de genérico, que en la actualidad alcanza el 82% de las dispensaciones de medicamentos de prescripción en oficinas de farmacia, según datos de 2018". Tampoco tienen en cuenta, dicen, el Convenio entre Gobierno y Farmaindustria, que implica que, en caso de que el gasto público crezca más de lo que lo hace el PIB, la industria farmacéutica devuelva la diferencia a la Administración.

La asociación de laboratorios innovadores manifiesta que el estudio termina convirtiéndose en "un cúmulo de medidas que pretenden afrontar un mismo problema y se acaban solapando e incurriendo en incompatibilidades entre ellas, sin hacer una evaluación comparativa de las mismas y sin respetar el principio de proporcionalidad que debe presidir toda regulación".

Un importante daño

En relación con esto, consideran que sus autores "no han tenido en cuenta su impacto sobre el tejido productivo e innovador del país". Observan que "las citadas medidas supondrían un importante daño, desde el punto de vista productivo, para la industria farmacéutica, que produce medicamentos en España por valor de 15.000 millones de euros y es el sector líder en I+D industrial en nuestro país, con más de un 20% del total, y que está a la cabeza en las exportaciones de alta tecno­logía, con un 25% del total". Recuerdan, también, que generan más de 40.500 empleos directos (que suman hasta 200.000 contando los indirectos e inducidos), la mayoría de carácter indefinido, con ele­vada cualificación y alta paridad.

Rescatan, además, la cifra de inversión en I+D, que ascendió a los 1.150 millones de euros en 2018, y estiman que "las propuestas de Airef supondrían un claro perjuicio para las inversiones en este ámbito en España y, a la larga, acabarían generando un grave daño en un ámbito clave para el futuro de cualquier país, como es la investigación biomédica", en la que, según la patronal, España "figura hoy en el grupo de cabeza en Europa", gracias a la aportación de los distintos actores implicados.

Dicho todo esto, desde la patronal han mostrado su apertura al diálogo con todos los agentes implicados, y especialmente con las distintas administraciones, para encontrar soluciones a los retos que plantea el futuro del Sistema Nacional de Salud y a la necesidad de trabajar de manera constante por la eficiencia de la inversión pública en la sanidad y, dentro de ella, el medicamento. Como ejemplo, han puesto el Convenio por la Sostenibilidad, el Acceso y la Innovación entre Gobierno y Farmaindustria, recientemente prorrogado para 2019, que tiene como objetivo asegurar el acceso de los ciudadanos a las innovaciones terapéuticas en condiciones de equidad y garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario. Lo que piden, no obstante, es que los cambios que se quieran hacer en el sistema se planteen desde una perspectiva "abierta, realista y a largo plazo, que tenga en cuenta desde el valor que para la salud y los pacientes tiene el medicamento", así como "su condición de inversión para el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad".

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