La Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), que tiene como presidente de honor al que fuera miembro del Panel de Expertos en temas de Salud del Consejo de Europa (2012-2016), Fernando Lamata, al ex director de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, Roberto Sabrido, como presidente, y al ex presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, como vicepresidente, ha emitido un comunicado en el que califica como "interesantes" algunas de las propuestas de la Airef, "como generalizar la subasta de Andalucía", y mostrar a la vez su desacuerdo con que haya entrada a lo que ellos consideran "la causa principal de la ineficiencia en el gasto público en farmacia, que son los altos, desproporcionados e injustificados precios de los nuevos medicamentos".
"Llama la atención que en el detallado informe de Airef no se analice la falta de justificación de los precios de los nuevos medicamentos. Es como si al analizar los gastos en construcción de edificios sanitarios no nos fijáramos en que un centro sanitario cuyo coste de construcción fuera 30 millones de euros se hubiera pagado a un precio de 2.000 millones de euros (lo que ha pasado con los medicamentos para la Hepatitis C)", señalan.
Prosiguen haciendo una crítica al informe por hacer una mención "escueta" a esta cuestión, señalando "que los precios en España son similares a los de los países de nuestro entorno". El problema, según esta organización, es que "no se discute si esos precios están justificados". A este respecto, han apelado a la preocupación mostrada por los gobiernos de los países de la UE, así como a la resolución de la Asamblea de la OMS sobre transparencia en los precios de los medicamentos, donde también se habría mostrado cierto recelo con respecto a los citados precios.
Sobre las medidas que plantea la Airef, dicen compartir algunas, como "impulsar un sistema de selección de medicamentos de ámbito nacional, similar al implantado en Andalucía; un nuevo sistema de precios de referencia internos que incluya la indicación terapéutica; mejorar la prescripción con guías y otros incentivos; el seguimiento farmacoterapéutico, o la educación sanitaria". En cambio, rechazan, por ejemplo, "la aplicación de criterio de coste-efectividad para fijar el precio de los medicamentos". "Esta metodología es útil para acepar o rechazar la financiación pública, pero no para fijar el precio, ya que se utiliza el precio solicitado por la industria como coste, sin analizar los costes reales de fabricación e I+D, que es lo que debemos remunerar", opinan.
Tampoco están de acuerdo con la creación de una autoridad independiente, que, como propone la Airef, se podría financiar con tasas cobradas a la industria, "un error", dicen, "porque las hace industria-dependientes". En su opinión, "deben tener financiación vía presupuestos generales para ser realmente independientes, y se debe reforzar el sistema de incompatibilidades para que ningún miembro de estos organismos, responsables de asesorar sobre la fijación de precios, reciba ingresos de la industria para financiar su docencia, su investigación u otro tipo de servicios".
Otros aspectos con los que no están de acuerdo
Reniegan, además, de la retirada del descuento del 7,5% a las empresas farmacéuticas (RD 8/2010), de la subida de precios para evitar desabastecimientos, de la aplicación de nuevos copagos, que suponen pagar dos veces a los más enfermos y más mayores, así como de los cálculos de la Airef, "que señala, por ejemplo, que en 2018 el gasto crecería un 0,7%, pero los datos del Ministerio de Hacienda muestran ya una subida del 2,78% en oficina de farmacia, y del 7,44% en gasto farmacéutico público hospitalario".
En síntesis, la discrepancia principal con el informe está en la fijación de precio. La Asociación indica que transitar hacia un modelo de pago por valor implica "aceptar precios abusivos de forma injustificada" y aquí estaría, dicen, "la causa de la ineficiencia del sistema, la causa de la falta de acceso a los medicamentos, la causa de la prescripción inadecuada". "Sin cambiar el modelo de fijación de precios no cortaremos la hemorragia presupuestaria, que afecta al gasto en personal y en equipamiento, y no evitaremos el daño moral que impone el actual sistema, afectando a sus principios de equidad y solidaridad, y a su viabilidad futura", concluyen.
Nicolas Gonzalez Casares: