Profesión

Sanidad regulará el conflicto de intereses en Salud Pública y exigirá transparencia a sociedades científicas

El Ministerio de Sanidad quiere regular los conflictos de intereses y la transparencia de los profesionales sanitarios y entidades científicas en el ámbito de la Salud Pública.

El Ministerio de Sanidad quiere regular los conflictos de intereses y la transparencia de los profesionales sanitarios y entidades científicas en el ámbito de la Salud Pública. Para ello, ha iniciado el proceso de tramitación del real decreto que desarrollará el artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, con el inicio de un periodo de consulta pública previa.

Sanidad explica que la Ley 33/2011 “sentó la transparencia y la imparcialidad como principios informantes inexcusables en la actuación de las organizaciones científicas, profesionales y personas expertas que colaboren con la administración en evaluar acciones o realizar recomendaciones que afecten a la salud pública”. Según indica, los conflictos de interés que afectan a las personas y organizaciones expertas “pueden originar que sus recomendaciones o informes se alejen del interés general”.

Esta es la razón principal por la que el Ministerio de Sanidad considera necesario iniciar la regulación de los conflictos de interés, que además, “se generan no solo en el ámbito de la salud pública, sino también en el ámbito asistencial, en el docente, en el investigador, en el de asesoramiento científico, etc”. Por ese motivo, Sanidad ve “imprescindible garantizar la transparencia e imparcialidad de las decisiones en todos los niveles y ámbitos del sistema de salud”.

Una imperiosa demanda social

Según la justificación que el Ministerio hace de su medida, las exigencias de transparencia son en 2019 “una imperiosa demanda de la sociedad española pues la transparencia y la imparcialidad en la actividad pública están íntimamente vinculadas con la calidad de la democracia”.

Además, según explican “la transparencia de la actividad pública no solo es un derecho de la ciudadanía sino también una garantía para la buena marcha de las instituciones y para la lucha contra la corrupción”.

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