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Lo más destacado de la política farmacéutica nacional en 2019

FRAN ROSA  |    07.01.2020 - 10:34

Como cada año, en Diariofarma hemos pensado que podría resultar de su interés disponer de una recopilación con las noticias más destacadas de 2019. Con esa intención hemos confeccionado este resumen, donde podrá encontrar, mes a mes, lo más reseñable de la política farmacéutica a nivel nacional. La puesta en marcha de Valtermed, la actualización del Plan contra los desabastecimientos, el nuevo Plan para impulsar genéricos y biosimilares, la propuesta de subastas de Airef o la creación del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica son solo algunos ejemplos de lo que podrá encontrar en las siguientes líneas.

Enero

Tras el revuelo suscitado por la aclaración realizada por la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) a finales de 2018, en relación con la Orden 2874/2007, por la que se establecen los medicamentos no sustituibles en oficina de farmacia, María Jesús Lamas, directora de la Agencia, remitió un escrito a Farmaindustria señalando la “conveniencia” de que, en cualquier intercambio de un medicamento biológico por otro, sea "partícipe el prescriptor en consulta con el paciente". Este matiz no sería aplicable, sin embargo, en el ámbito hospitalario, donde, a su juicio, las decisiones ya cuentan con la participación de los facultativos, como miembros de las comisiones de Farmacia y Terapéutica.

Y de una Orden, a otra, ya que Ministerio de Sanidad corregía algunos precios de la OPR que entraba en vigor el 1 de enero. Se modificó el de algunos productos, con aumentos en todos los casos, y además se dejó sin actualizar el precio de algunas presentaciones incluidas en el listado de medicamentos esenciales de la OMS y sin sustituto posible, con el objetivo de preservar su viabilidad en el mercado, que era algo que se venía reclamando desde el sector desde hacía tiempo.

En enero se presentaron también las conclusiones de la ponencia de genómica, que posteriormente recibirían el respaldo unánime de la Cámara. En ellas, se abogada por hacer converger una incorporación ágil y equitativa de todos los avances que se vayan produciendo en este campo a la Cartera de Servicios, siempre manteniendo la sostenibilidad. Asimismo, se apostaba por la asignación de un presupuesto propio, para poner en marcha una estrategia nacional, de la que se deberían rendir cuentas anualmente ante la Cámara Alta.

En este mismo mes, Diariofarma desvelaba las intenciones de Ministerio y comunidades autónomas de implementar un sistema para medir resultados en salud de los nuevos medicamentos de alto impacto económico. Lo contaba la propia directora general de Farmacia, Patricia Lacruz, a través de Twitter, donde adelantaba ya su nombre, Valtermed. Fuentes cercanas a la Dirección General confirmaban a este periódico la intención de recopilar datos de efectividad en práctica clínica para poder ajustar las condiciones de precio y financiación.

Durante este mismo mes, en el que se presentaron los Presupuestos que fueron aprobados finalmente, el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, cifraba la modificación del copago contenida en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos en 392 millones de euros. Cabe recordar que se había optado por una eliminación progresiva del mismo, comenzando por los pensionistas más vulnerables.

En enero surgieron también novedades con respecto a la negociación del nuevo Convenio de Farmacia. A instancias de la Dirección General de Empleo, la Audiencia Nacional retomaba la causa, para determinar si UGT cumplía los requisitos de legitimación exigidos en el Estatuto de los Trabajadores, y señalaba juicio para el 26 de febrero de ese año. Los intentos de FEFE y UGT para hacer cambiar de posición a Empleo fueron en vano.

Febrero

En paralelo a la puesta en marcha de Valtermed, se ha producido en 2019 la llegada de nuevas terapias avanzadas. Tal dimensión comenzaron a adquirir que la subdirectora de Calidad de los Medicamentos del Ministerio de Sanidad, Dolores Fraga, y la coordinadora de Terapias Avanzadas de la Comunidad de Madrid, Encarnación Cruz, se vieron obligadas a lanzar mensajes para moderar las expectativas, poniendo el foco en las incertidumbres asociadas. Por eso, comenzaron a hablar de modelos de acceso condicionados a la generación de evidencia.

Ese mismo mes se producía la remodelación del Consejo Asesor de Sanidad, cuya composición se hizo pública días después. Una de las nuevas componentes del mismo iba a ser la jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Son Espases, Olga Delgado, quien, en una entrevista con Diariofarma, consideraba "fundamental" el "ser capaces de compaginar los intereses de la industria, que conlleva un aumento de costes, con la necesidad de tener un SNS público, fuerte, solvente y poder mantenerlo para generaciones posteriores". Una línea argumental muy similar a la que defendería la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, días después, durante una visita a la planta de Takeda en Tres Cantos. Carcedo apostaba por un crecimiento de la industria que fuera compatible con la sostenibilidad del SNS.

A comienzos del mes de febrero (el día 9, concretamente) se cumplía el plazo para la entrada en vigor del Reglamento Delegado que regula la verificación de medicamentos, y los integrantes del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), es decir, Farmaindustria, Aeseg, el Consejo General de COF y Fedifar ponían en valor el trabajo conjunto que habían realizado para cumplir los requerimientos de seguridad que exigía dicha normativa. En cambio, se confirmaba que la verificación no iba a ser posible en los hospitales, ya que el nodo que habían ideado el Ministerio de Sanidad y las CCAA para canalizar los datos no había sido reglamentado ni tampoco desarrollado.

En este mes se generó también cierta controversia entre el Ministerio y algunas autonomías, en relación con la inclusión de determinadas vacunas en la prestación. Canarias anunciaba que iba a ser la primera en incorporar Bexsero en su calendario, anuncio que fue criticado por la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, que tildó la decisión de "política" y llamó a las regiones a respetar el calendario común y el cauce de la Comisión de Salud Pública para nuevas incorporaciones. Lejos de aliviarse la polémica, ésta se avivó, con la decisión de Castilla y León de financiar la tetravalente antimeningocócica a los 12 años y a los 12 meses. Sonia Tamames, jefa de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de la Junta de Castilla y León, admitía, en un encuentro con periodistas, que la cercanía de las elecciones había pesado en la decisión.

En relación con el acceso a los medicamentos, la asociación que aglutina a los laboratorios titulares de fármacos huérfanos (Aelmhu) arrojaba algunos datos en relación a éstos, que situarían a España por detrás de otros países de la Unión Europea. También se anunciaba, por esas fechas, la validación de los criterios de selección de centros para aplicar las CAR-T por parte del Grupo de Trabajo Institucional del 'Plan para el abordaje de las Terapias Avanzadas en el Sistema Nacional de Salud'. La decisión final, no obstante, tenía que pasar por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde, de hecho, ha sido un tema recurrente durante todo el año.

Marzo

A primeros de marzo se conocía la decisión de la Audiencia Nacional de declarar nulo el XXV Convenio de Farmacia, firmado por FEFE y UGT, tras la autoexclusión de UTF, CCOO y Fetrafa, estimando dicho tribunal la falta de legitimación de UGT para rubricar en solitario un convenio sectorial. FEFE solicitaría posteriormente una petición de aclaración a la AN, para que reconociera la eficacia limitada del mismo, la cual fue desestimada, a finales de este mes, por no formar parte de la causa original.

En marzo también se celebró una nueva reunión del CISNS, donde volvió a salir a la palestra la incorporación de nuevas vacunas. Tanto para éstas, como para los medicamentos de alto impacto, se acordó la aplicación de los criterios de coste-efectividad. A Carcedo, que defendió la incorporación "ordenada" de las vacunas, le salió un defensor en el conselleiro gallego, Jesús Vázquez Almuiña, que se mostró partidario de una inclusión consensuada. Así fue, de hecho, como se decidió, en el seno de la Comisión de Salud Pública, la inclusión en el calendario de la vacuna Men ACWY, aunque desde los 12 años. La incorporación de Bexsero, en cambio, volvió a ser rechazada.

Otra novedad en el campo de la política de vacunación fue la que tuvo que ver con la firma, por parte de 15 Estados miembro, entre ellos España, de un acuerdo marco con la compañía farmacéutica Seqirus para la producción y el suministro de vacunas contra la gripe, en el marco del EU Joint Procurement Agreement to procure medical countermeasures. 

También derivada de la relación de España con la UE, pero en otro sentido, fue la noticia sobre la negativa de nuestro país a impulsar la evaluación clínica única, siempre que se obligara a los Estados a asumirla (esta misma posición la mantienen otros estados del entorno). Diariofarma ya había informado previamente de las reticencias mostradas por las CCAA, a las que se habría sumado el Ejecutivo español. La mirada estaba puesta, más bien, en la cohesión interna, en el marco de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT).

La negativa a la evaluación clínica europea se expresó a través de una respuesta a una pregunta parlamentaria, lo mismo que se hizo con las líneas maestras en Farmacia, días después. El Gobierno avanzaba sus planes de abrazar el horizon scanning, adaptar los IPT, impulsar la medición de resultados en salud a través de Valtermed y, a partir de ellos, aplicar nuevos modelos de financiación. Nuevos modelos de financiación que iban a comenzar a aplicarse, entre otros, con los CAR-T, segmento en el que ya comenzaba a suscitarse un interesante debate derivado de la posible aparición de alternativas académicas. Expertos de distinto perfil comenzaban a opinar, subrayando las limitaciones existentes para que se pudiera producir una verdadera competencia entre éstas y las industriales.

En otro orden de cosas, cabe destacar la puesta en marcha, por parte de la Aemps, de un nuevo Plan contra los desabastecimientos de medicamentos, un problema acuciante, con actuaciones en todos los planos. También se conoció a finales de este mes la intención de Ministerio de Sanidad de crear un Comité Asesor para la evaluación económica de los medicamentos, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, iba preparando el terreno para la presentación de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que generaría mucho revuelo por incluir, entre otras medidas, la implantación de unas subastas a nivel nacional.

Finalmente, cabe destacar el acuerdo alcanzado entre Farmaindustria y el Gobierno para prorrogar hasta fin de año su convenio, el que vinculaba el crecimiento del gasto en medicamentos protegidos por patente al del PIB.

Abril

El mes de abril de 2019 estuvo marcado por la celebración de unas nuevas elecciones. Los diferentes partidos presentaron sus propuestas programáticas, que fueron recogidas en su integridad por Diariofarma. De aquellas elecciones salió victorioso el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, y éste se vio abocado a elegir entre pactar con Unidas Podemos o Ciudadanos para sacar adelante la Legislatura. Finalmente, lo hizo con la formación morada, que había defendido en campaña, en materia de Sanidad, una gestión 100% pública, mientras que el partido naranja había puesto un mayor interés en fomentar la cohesión dentro del SNS, entre otras medidas.

En abril se conoció también la composición del Comité Asesor para la prestación farmacéutica, que sería presidido por Félix Lobo, y que contaría con otros expertos como Ana Clopés, Jaume Puig-Junoy, Marta Trapero y Roberto Sabrido como vocales. También se informó de los primeros centros designados para la aplicación de las CAR-T, una selección que generó algunas discrepancias.

Relacionada con la incorporación de las CAR-T y la gestión de la prestación farmacéutica estuvo la entrevista realizada a Marta Moreno, directora Market Access & Public Affairs de Novartis Oncología, que desgranó algunos detalles de la negociación y el acuerdo de precio y financiación de la primera CAR-T industrial, Kymriah, y valoró algunas de las medidas impulsadas por Farmacia, como la puesta en marcha de Valtermed o la creación del Comité Asesor. Hizo lo propio el responsable de Corporate Affairs & Market Access de Celgene, Juan José Polledo, quien analizó también el nuevo marco de precios y financiación.

Finalmente, cabe rescatar la información publicada por este periódico sobre la decisión de FEFE de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional. UGT, no obstante, se desmarcaba de este nuevo proceso judicial y admitía su intención de iniciar una nueva negociación que integrara también a los sindicatos que habían decidido autoexcluirse del anterior proceso por discrepancias con la representación propuesta.

Mayo

El mes de mayo fue intenso en actividad informativa en el área de Farmacia. Arrancaba con la remisión, por parte del Gobierno, de la actualización del Programa de Estabilidad, que revelaba, entre otros aspectos, la intención de mantener el gasto en Salud en el entorno del 6% del PIB hasta 2021, lo que generaba dudas sobre la credibilidad de la propuesta socialista de elevar ese gasto hasta el 7,2% al final de Legislatura. En esa misma actualización se adelantaban las intenciones de aplicar las medidas propuestas por la Airef, entre ellas, las subastas, que generaron mucha controversia en el sector.

Diariofarma publicó en exclusiva las 18 medidas incluidas en el informe de Autoridad Independiente, cuyos responsables intervinieron públicamente para explicar el posible ahorro que podrían generar, el cual cifraron en unos 1.500 millones de euros. Mientras los representantes de Airef, miembros del Gobierno y portavoces del partido socialista defendían las propuestas, incluidas las subastas, distintos actores del sector privado, como el Consejo General de COF, FEFE, Fedifar, Aeseg y Farmaindustria alertaban de las consecuencias que podría traer la aplicación de este sistema, sobre todo en materia de desabastecimientos, vistos los precedentes en Andalucía. La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quiso lanzar un mensaje tranquilizador vinculando su puesta en marcha con el compromiso con la garantía de abastecimiento expresado en el Plan. Este periódico desveló además cuál era el alcance que pretendía darse a dichas subastas.

Pese a la oposición frontal del sector, el Ministerio de Sanidad no parecía ceder a las advertencias lanzadas desde las distintas patronales y asociaciones. Muestra de ello es que su implantación sería una de las medidas incluidas en el Plan para impulsar genéricos y biosimilares, cuyos detalles se conocerían al final del mes.

Otro tema recurrente fue el del sistema para fijar los precios de los medicamentos, cuya revisión estaba siendo reclamada desde distintos sectores. Farmaindustria, por su parte, defendía el sistema actual, al que calificaba como "garantista", abogaba por mantener la confidencialidad y negaba que los precios actuales fueran caros. El secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, reclamaba en la OMS "precios más asequibles", y España aparecía entre los países firmantes de una Resolución para aumentar la transparencia ante el máximo organismo internacional, que finalmente salió adelante, pero excluyendo la obligación de la industria de desglosar sus costes. También relacionada con los precios estaba la propuesta de Airef de incluir a las CCAA en la CIPM, una posibilidad a la que abrió la puerta la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y que sería posteriormente abordada en el CISNS.

Este periódico ha estado muy atento a la evolución de la actividad de la CIPM y dio cuenta en su día de la incorporación a las notas de la Comisión de los criterios que justifican el carácter selectivo de la financiación de los medicamentos. Este mismo mes se daba a conocer un informe de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, remitido a las comunidades autónomas, en el que se descartaba la posibilidad de que éstas pudieran incluir en su cartera de servicios, y por tanto financiar con fondos públicos, medicamentos con una resolución expresa de no financiación.

Al margen de estas cuestiones, cabe recordar que mayo fue también un mes de elecciones, en este caso autonómicas, procesos de los que Diariofarma hizo una intensiva labor de seguimiento. Se confirmaba, además, el recurso de FEFE ante el Supremo contra la sentencia de la AN que declaraba la nulidad del XXV Convenio.

Junio

El mes de junio arrancaba con la noticia de que el Ministerio de Hacienda estaba obligando a las comunidades autónomas de Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana a firmar el convenio con Farmaindustria, el que vincula el crecimiento de medicamentos protegidos por patente al del PIB, y amenazaba también con cortar el FLA a las que no le informaran adecuadamente de la evolución del gasto hospitalario.

La patronal, por su parte, hacía público un acuerdo entre sus asociados para repartir el peso (en función del volumen de ventas y su crecimiento) de los 140-150 millones que tenían que devolver como consecuencia del acuerdo previamente citado. Asimismo, los laboratorios desglosaban en junio los pagos a sanitarios correspondientes a 2018, confirmando así su compromiso con la transparencia.

Airef matizaba además el borrador de su informe, aunque solo en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la composición de la CIPM, cambió su llamamiento inicial a la participación exclusiva de las CCAA para mantener la presencia de la Administración Central. También ajustó el impacto inicial que había estimado para la modificación del copago, aunque no alteró su recomendación inicial de aplicar subastas y un sistema de precios de referencia por ATC-4, que eran las que más reticencias habían generado en el sector.

En junio se hizo público, además, el 'Informe de Gestión' del Defensor del Pueblo, que incluyó entre los aspectos demandados con asiduidad por la ciudadanía los relacionados con el acceso a los medicamentos. El copago, los desabastecimientos y las trabas a la prescripción figuraban como principales motivos. Precisamente, la garantía de acceso a los tratamientos fue una de las reivindicaciones realizadas por la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, en una entrevista con Diariofarma.

Este periódico informaba también de una revisión de precios impulsada por la Comisión de Farmacia, que afectaba a los antidiabéticos. Dicha revisión se llevó a cabo siguiendo las conclusiones de un grupo Técnico formado por todas las CCAA y la Dirección General de Cartera Básica de Servicios y Farmacia, atendiendo a "cambios en las circunstancias económicas, técnicas, sanitarias o en la valoración de su utilidad terapéutica", como marca el apartado 2 del artículo 96 de Real Decreto legislativo 1/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de medicamentos.

Julio

En julio seguíamos informando de nuevos avances en lo que respecta a la transparencia sobre los acuerdos de precio y condiciones de financiación de los medicamentos, incluido el establecimiento de reservas singulares u otros mecanismos dirigidos a establecer las condiciones de prescripción y dispensación.

Se producía, además, el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación al Plan para impulsar los genéricos y los biosimilares. En general, este organismo avalaba las propuestas realizadas para fomentar su uso, entre ellas, la creación de conjuntos por ATC-4, aunque a la vez proponía algunas mejoras, como la de dotar de una mayor flexibilidad al sistema de precios de referencia. También se pronunciaba sobre éstas y otras medidas la responsable de Acceso de Kern Pharma, Ana Vieta, que en una entrevista con este periódico ponía en cuestión algunos de los planteamientos más controvertidos de Airef.

Se conocía, también por estas fechas, la intención de Sanidad de crear una especialidad única de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria, un asunto que, terminado el año, no ha terminado de resolverse, así como la aprobación, por parte de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del calendario acelerado de vacunaciones, con el objetivo de recoger las vacunas y pautas a seguir para aquellas personas de diferentes edades que no tienen documentadas en su historial de vacunación todas aquellas vacunas recomendadas con las pautas correctas. 

Finalmente, cabe destacar las declaraciones de la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, durante su intervención en el encuentro 'Presente y futuro de la terapia con células CART', organizado por Gilead en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, asegurando que ya se disponía de una primera versión de Valtermed en la que se iban a introducir los protocolos farmacoclínicos de los CAR-T aprobados, Kymriah y Yeskarta, para poder realizar el seguimiento sistemático de sus resultados.

Septiembre

El mes de agosto estuvo exento de novedades en el ámbito de la política farmacéutica a nivel nacional. De ahí que haya que dar el salto a septiembre, mes en el que, tradicionalmente, Farmaindustria celebra su encuentro anual en la UIMP, y que, en esta ocasión, reunió a representantes de la industria farmacéutica con responsables de los ministerios de Industria y Sanidad, que intercambiaron impresiones sobre el devenir del sector.

Tanto la ministra de Industria, Reyes Maroto, como el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, incidieron en la aportación de los laboratorios al tejido económico nacional, mientras que Farmaindustria y las compañías del sector trasladaron el mensaje de que esa aportación podría incrementarse si existen los incentivos adecuados. En el encuentro también participó Patricia Lacruz, que hizo alusión a la revisión de criterios de fijación de precios y financiación que estaban impulsando Farmacia y CCAA, y la directora de la Aemps, María Jesús Lamas, que llamó a consolidar al SNS "como investigador y productor" en el área de las terapias avanzadas.

En lo que respecta al Convenio de Farmacia, Diariofarma informó de los avances para el acuerdo en la bancada sindical, de cara al reparto de representantes en la futura mesa de negociación que se constituiría a finales de ese mes. FEFE, no obstante, seguía jugando con la baza del recurso al Supremo para ganar fuerza en la negociación. En septiembre publicamos una entrevista, también, con Pedro Serrano, responsable del Servicio de Evaluación Sanitaria de Canarias, quien explicaba el peso de los informes de la Red de Agencias en las decisiones sobre incorporación de vacunas.

El BOE publicaba además la Orden de Precios de Referencia, que pasaría a tener efecto en farmacias el 1 de noviembre. Las alegaciones presentadas, en este caso, produjeron la corrección al alza del precio de 116 medicamentos sobre el borrador inicial.

Octubre

Quizás el tema más destacado del mes de octubre fuera la información sobre la versión final del Plan para el impulso de genéricos y biosimilares, que, entre otros aspectos, iba a incluir finalmente la intercambiabilidad entre biológicos y su prescripción por principio activo, medidas que chocaban con las posiciones de la industria, que sigue esforzándose por diferenciar entre originales y similares. Aeseg y Biosim, no obstante, aplaudieron el marco general y la motivación de Sanidad, aunque mostraron discrepancias con algunas de las medidas a nivel particular. Este mismo mes, precisamente, se conocían los datos de IQVIA, que situaban a España en la parte media-baja de la UE en cuanto al uso de biosimilares y avalaban así la necesidad de impulsar medidas para fomentarlo.

Otro de los asuntos que volvió a salir a la palestra en octubre fue el de la transparencia de los precios. Y es que, la Mesa del Congreso admitía a trámite la iniciativa legislativa popular (ILP) Medicamentos a un precio justo impulsada por No Es Sano, junto a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), Medicusmundi, la Fundación Civio y la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC), a las cuales se les abría un plazo para obtener 500.000 firmas antes de junio de 2020. Entre otras cosas, piden transparencia en la fijación de precios, un postulado que, de alguna manera, fue rechazado por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, que admitió que el Ministerio de Sanidad no entregue información sobre el precio de un medicamento por los efectos sobre la competencia y sobre los precios internacionales que eso podría tener.

También hubo pronunciamientos, éste desde la esfera privada, en relación con la decisión de Sanidad de no permitir la inclusión en las carteras de las CCAA de los medicamentos con decisión de no financiación. El despacho de abogados Jausas aludía a la falta de carácter jurídico de dicho informe, lo que hacía que no fuera vinculante para las autonomías.

Este mismo mes se confirmó que la financiación de las otros cuatro medicamentos de alto impacto económico (Spinraza, Symkevi, Kalydeco y Alofisel) quedaría supeditada al seguimiento de resultados a través de Valtermed. Además, la CIPM actualizaba su reglamento para incorporar a todas las CCAA y establecer la posibilidad de llegar a acuerdos por vía telemática. Adicionalmente, la Comisión detallaba la información sobre el acuerdo de precio para NC1, la primera terapia avanzada desarrollada por un centro público, en este caso el Hospital Puerta de Hierro, al que se asignaba solo un 5% de incentivo sobre sus costes.

En el apartado de la prestación, se conocía este mes la decisión de Sanidad y CCAA de incorporar el tratamiento para la deshabituación tabáquica con vareciclina en la Cartera de Servicios del SNS, y la economista Marta Trapero explicaba en Diariofarma la decisión desde el punto de vista de la farmacoeconomía, avanzando una posibilidad, que luego se cumplió, de que los titulares de sus competidores movieran ficha, bajando precios, para no quedarse fuera. También se confirmaba la financiación de la PrEP para la prevención del VIH a partir del 1 de noviembre.

En el apartado de Salud Pública, el Ministerio avanzaba su intención de regular los conflictos de intereses en los que pueden incurrir las sociedades científicas en su relación con la Administración, y la directora del ramo, Pilar Aparicio, lanzaba un llamamiento a los profesionales sanitarios para no alimentar el cuestionamiento público de las vacunas como herramienta preventiva.

Noviembre

De cara a las últimas elecciones, celebradas el pasado 10 de noviembre, elaboramos dos artículos comparativos entre las formaciones que, a priori, parecían componer los dos bloques ideológicos con aspiraciones a llegar al poder. Por un lado, analizamos lo que unía y separaba a PSOE, Más País y Unidas Podemos y, por otro, las diferencias y similitudes entre PP, Ciudadanos y VOX. Del primero de estos artículos se pueden sacar algunas ideas coincidentes para el nuevo Gobierno de coalición de PSOE y UP, que al cierre de esta información no había terminado de cerrarse, pero parecía cerca de ser posible.

En noviembre se ha celebrado, como viene siendo habitual, el encuentro con periodistas de Farmaindustria, donde los distintos representantes de la patronal han desglosado su posición en relación con la actualización del convenio con la Administración General del Estado (días después se supo que Aeseg y Biosim rechazan incorporarse al convenio), la responsabilidad que deberían asumir las compañías no asociadas en la devolución del exceso de gasto sobre el PIB, las dificultades en el acceso a determinados medicamentos (SEOM constataba días después esas dificultades en el área de Oncología), o la incorporación de agentes públicos a la I+D farmacéutica.

Precisamente, sobre esta cuestión se pronunciaron algunos actores políticos en la Asamblea de Madrid, con motivo de una PNL presentada por Más Madrid, la delegación madrileña de Más País. Tanto esta formación, como Unidas Podemos y el PSOE parecen por la labor de crear un laboratorio farmacéutico público. En relación con esto, cabe destacar la entrevista que realizamos al jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Aemps, César Hernández, donde aseguraba que el procedimiento para aprobar terapias avanzadas por procedimiento nacional, como había sido el caso de NC1, era igual de estricto, en cuanto a requerimientos de eficacia y seguridad, que el del empleado para las industriales.

En noviembre pudimos entrevistar, además, a la director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Patricia Lacruz, quien defendió, una a una, las medidas incluidas en el Plan para impulsar los genéricos y biosimilares. Se mostró convencida de la necesidad de eliminar trabas a la competencia y de aplicar un claw back a la farmacia, entre otras medidas, consciente de que cuentan con el rechazo de buena parte del sector.

El sector de la farmacia, encarnado en el CGCOF, alertó de que el claw back podría poner en peligro la viabilidad de muchas farmacias. También protestó por una nueva salida de tono de Enfermería, cuyos representantes pusieron el grito en el cielo por un programa en Cantabria para pesar a los niños en farmacias, lo que calificaban como una "privatización de la Sanidad". En este caso, fue FEFE la que tildó este posicionamiento de "sectario".

Diciembre

En diciembre, el tema más destacado ha sido el de la publicación del Real Decreto que regula la verificación de medicamentos. Finalmente, como cabía esperar, Ministerio y CCAA han optado por la creación de un nodo para canalizar la información de las verificaciones realizadas tanto en las farmacias comunitarias como en los servicios de Farmacia Hospitalaria, haciendo mención, para este último canal, a la posibilidad de incluir la agregación de códigos como requisito en los contratos de suministro. La propia ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, argumentaba a los representantes de la farmacia, durante los Premios Panorama 2019, el porqué de la creación de este NodoSNS Farma, y lo hacía explicando la necesidad de disponer de los datos para el control de la facturación de recetas al SNS.

La nueva norma también regula la desaparición del cupón precinto, aunque esto será en 2024, y a través de ella se ha procedido a la eliminación de la categoría de especial control médico, que obligaba a las farmacias a realizar una serie de anotaciones en un registro cuando éstos eran dispensados, para facilitar la farmacovigilancia.

Este mismo mes entrevistábamos al presidente del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica, Félix Lobo, quien detallaba las funciones de este organismo asesor de la Comisión de Precios. Un ejemplo de las actividades que van a desarrollar es el informe que han emitido en relación al Plan para impulsar la utilización de genéricos y biosimilares. Descartó que vayan a intervenir en la evaluación de productos concretos.

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) se pronunciaba a finales de este año al respecto de los problemas de acceso a antineoplásicos en España, mediante la actualización de su posicionamiento, y defendía que, en los que casos en los que su beneficio clínico es demostrado y el coste es asumible, esos problemas de acceso no se dan. Desde la SEFH se ha denunciado también la falta de una política rigurosa de la Farmacia en Prisiones, lo que habría provocado, aseguran, la muerte de varios presos por sobredosis de medicamentos.

 


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