El Gobierno y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid anunciaron el pasado miércoles, 20 de mayo, la decisión de interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con motivo de la decisión del Gobierno de negarle por dos veces el pase a la fase I.
Aseguran que, "de acuerdo con los datos que maneja la Comunidad de Madrid, los indicadores de salud, la capacidad de detección y seguimiento de nuevos contagios, así como la capacidad estratégica del sistema sanitario madrileño para hacer frente a un eventual rebrote del Covid-19, permitirían ya el cambio de fase". Y no solo eso. consideran que cumplen "todos los requisitos técnicos que exige el Ministerio, desde que lo solicitaron por primera vez". Cabe recordar, a este respecto, que la que por entonces era directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, terminó dimitiendo por sus discrepancias con esta valoración que ahora hace y entonces hacía el Gobierno regional.
El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso interpreta que las decisiones del Ministerio de Sanidad podrían violar "varios principios y normas esenciales de nuestro ordenamiento jurídico". Por eso, consideran justificada "la presentación del recurso contencioso-administrativo". Se quejan además de un presunto trato discriminatorio frente a otras CCAA.
En cuanto a los criterios ofrecidos por la Dirección General de Salud Pública, en un informe técnico que ha circulado por diversos medios de comunicación, tras ser adelantado por El País, se habrían apuntado algunos aspectos poblacionales, relacionados con el volumen de desplazamientos que se realizan, y también relativos al carácter incipiente del sistema de vigilancia de nuevos casos, la capacidad limitada para realizar PCR, o algunas carencias en lo relativo a la integración de las residencias de mayores en los sistemas de coordinación asistencial, como razones para negarle a Madrid el pase a la fase I. También había algunas menciones a la necesidad de personal.
El Gobierno madrileño se queja de que este informe de la Dirección General de Salud Pública es "posterior a la comunicación de la decisión a la Comunidad de Madrid". En cuanto a las razones que esgrime, dicen que "no tienen relación directa con los indicadores del llamado Plan para la Transición a una Nueva Normalidad".
Médicos y enfermeras piden más recursos humanos
En los últimos días, coincidiendo con el conflicto entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central en torno a la desescalada en esta comunidad autónoma, se han producido pronunciamientos por los colectivos de médicos y enfermeras. Comparten la opinión de que, para afrontar con éxito un cambio de fase, se necesitan más recursos humanos. Sobre todo en Atención Primaria, pero también en hospitales.
El presidente del Colegio de Médicos, Miguel Ángel Sánchez Chillón, ha declarado públicamente que los avances producidos en los últimos días no son suficientes para saltar de fase. La institución colegial ha emitido un comunicado señalando que las necesidades asistenciales que se van a desprender de esta nueva situación, "tanto por el incremento de las listas de espera de consulta, intervenciones y pruebas complementarias de todas las patologías demoradas, como por las necesidades derivadas de la pandemia de la Covid-19", hace que los centros de Atención Primaria "necesiten urgentemente personal médico que refuerce los diferentes dispositivos existentes".
En relación con los hospitales, apuntan que éstos deben "disponer de suficientes médicos que garanticen la atención de las urgencias y de la asistencia ordinaria, que se verá incrementada debido al aumento de las listas de espera".
En este sentido, llaman a aprovechar la formación provista a los Médicos Internos Residentes (MIR) en la Comunidad de Madrid y consideran que sería "un error" dejar marchar a casi 1.000 profesionales que han recibido una excelente formación y que conocen cómo funcionan los circuitos internos de nuestros centros, los programas de historia clínica, etc.".
Por su parte, el presidente y la secretaria del Colegio de Enfermería de Madrid, Jorge Andrada y Sara Gasco, habrían trasladado al Gobierno regional que, de cara a la desescalada, es preciso mantener la "prudencia" y que se haga "sin poner en riesgo la salud y la seguridad de los sanitarios y del resto de ciudadanos madrileños".
Para ello, consideran que es clave "un refuerzo de la Atención Primaria", que incluya "la contratación de más enfermeras". Además, han planteado la reapertura inmediata de todos los centros de salud y de los SUAP (Servicio de Urgencias de Atención Primaria) en el medio rural, así como un cambio importante en cuanto al tratamiento que debe darse a las personas residentes en centros sociosanitarios. Opinan que hay que "considerarlos como residentes-pacientes" y que es fundamental que "absolutamente todas las residencias tengan la obligación de disponer de servicio sanitario".
Nicolas Gonzalez Casares: