El Consejo de Ministros dio luz verde al Real Decreto-ley por el que se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para apoyar a las autonomías con los gastos derivados de la pandemia, en especial en el sistema sanitario, así como en educación y para la compensación de la pérdida de ingresos fiscales, entre otros. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó que las CCAA "no tendrán que devolver el dinero, no va a incrementar su deuda pública ni va a generar intereses a abonar al Estado español".
La ministra de Hacienda concretó que 9.000 millones de euros se destinará a gasto sanitario para reforzar las plantillas y los sistemas de salud. El objetivo es que estén en condiciones de actuar de forma temprana ante la aparición de cualquier nuevo brote de coronavirus. Del resto, 2.000 millones cubrirán las necesidades del sistema educativo y 5.000 millones compensarán la caída de la recaudación de los impuestos propios de las comunidades y la caída de viajeros en su transporte público.
El fondo se divide en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones, se abonará en julio y se repartirá en función de la incidencia del virus en los territorios: ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PCR totales realizadas, así como población protegida equivalente. Se tomarán como referencia los datos a 30 de abril, explican desde Moncloa.
El segundo tramo contempla los 3.000 millones restantes de gasto sanitario, que se repartirán con base en los mismos parámetros, pero con diferentes ponderaciones, y a partir del próximo día 31 de octubre.
El tramo de 2.000 millones reservado a la educación se abonará en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar: el 80%, en función de la población de 0-16 años de cada comunidad, y el 20% restante por el número de habitantes de 17 a 24 años para cubrir las necesidades de la educación universitaria.
El cuarto tramo, dotado con 5.000 millones de euros se dividirá en dos: 4.200 millones se distribuirán en función de peso de la recaudación en los años 2017, 2018 y 2019, con un ajuste de población, y 800 millones se destinarán "a financiar el déficit adicional que ha sufrido el transporte público autonómico motivado por las medidas adoptadas durante el estado de alarma".
El Real Decreto-ley también permite, "de manera excepcional", que las comunidades autónomas con superávit en años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación provocadas por la pandemia.
Nicolas Gonzalez Casares: