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PSOE y UP abogan por un Fondo de Innovación Sanitaria y el impulso de genéricos y biosimilares

FRAN ROSA  |    25.06.2020 - 18:47

El Grupo Socialista y Unidas Podemos han consensuado un primer borrador con conclusiones sobre las comparecencias que han tenido lugar en el marco del Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social, el punto de partida de las agrupaciones que conforman el Gobierno de coalición para poder acordar ahora un documento en el marco de la citada Comisión. La primer reunión para alcanzar ese consenso tiene lugar hoy, 25 de junio, en el Congreso de los Diputados.

El documento del PSOE y Unidas Podemos está organizado en propuestas en torno a 10 bloques temáticos: Gobernanza; Recursos Humanos y Profesionales; Atención Primaria y de Salud; Salud Pública; Investigación I+D+i, fármacos y vacunas; Transformación digital; Coordinación de los servicios Sanitarios; Política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica; Adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales, y Modelo de atención sanitaria.

En materia de Gobernanza, consideran necesario reafirmar los valores en que se basa el Sistema Nacional de Salud (SNS), entre los que destacan la universalidad, accesibilidad, equidad, solidaridad y la calidad y alcanzar "un nuevo pacto social en pro de la sanidad pública, para dotar a España de un SNS que, como símbolo de la solidaridad colectiva, implique a todas las fuerzas políticas y a todos los sectores", incluidos los "agentes económicos". La idea es poder preservar los valores del SNS "gobierne quien gobierne". Abogan, también, por la "transparencia y la rendición de cuentas" en todos los niveles de la Administración sanitaria, "profesionalizar la gestión" seleccionando a directivos con procedimientos reglados que resten connotaciones partidistas a estos puestos, y basar las decisiones "en datos y evidencias que sean reflejados, siempre que sea posible, en informes técnicos".

También hay un apartado dedicado a la necesidad de fomentar la "cogobernanza, cooperación y coordinación" entre las autonomías, y entre éstas y el Ministerio de Sanidad. Proponen además dotar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de "capacidades adicionales como órgano colegiado del nuevo cogobierno de la Sanidad", incluyendo una posible modificación de su reglamento. Las capacidades del Ministerio de Sanidad, siempre preservando el modelo descentralizado, también deberían ser reforzadas, según estas agrupaciones.

Además, proponen la elaboración de un calendario de reformas legislativas a partir de las propuestas que salgan de la Comisión, priorizando dos ámbitos: el primero, para afrontar un rebrote de la pandemia o el surgimiento de otras, y el segundo, para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del SNS, con el objetivo principal de acabar con la temporalidad. A la cuestión de las condiciones laborales dedican un apartado íntegro, en el que hay alusiones a la remuneración, la creación de condiciones para fomentar el desarrollo profesional y también para contrarrestar la saturación o burn out.

En lo que respecta a la financiación, apuestan por aumentar la inversión pública hasta, al menos, la media europea en proporción al PIB de aquí al final de legislatura, y matizan que "todo el incremento se destinará a sanidad pública de gestión directa". También hay referencias a la necesaria dotación del Fondo de Cohesión, que debería contar con recursos para, por ejemplo, "financiar la implantación de mejoras en la cartera de servicios por cambios científico-técnicos no previstos", y citan ahí a las innovaciones terapéuticas, diagnósticas, de cuidados y de organización. También hay una mención expresa a la creación de "un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria para financiar medicamentos de alto coste".

En paralelo, llaman a "asegurar una financiación sanitaria suficiente y equitativa" a través de la actualización del Sistema de Financiación Autonómica, con base en los criterios de "solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso", la cual deberá ser abordada en el marco de un CISNS monográfico.

Propuestas en política farmacéutica

En el bloque de medidas en política farmacéutica, defienden la aplicación de medidas propuestas en el informe de la Airef de junio de 2019. Asimismo, consideran que es preciso realizar "una evaluación de la eficiencia" y el impulso de "una política de uso racional de los medicamentos que abarque la prescripción, la asistencia farmacéutica y el consumo responsable por los pacientes", por ejemplo, en términos de adherencia.

Apuestan por una "inclusión selectiva" de medicamentos en la prestación, una "política activa" para dinamizar la entrada de genéricos y biosimilares y, al mismo tiempo, el "fomento y mantenimiento de los incentivos a la innovación". No obstante, para "detectar sobreprecios abusivos", consideran que habría que legislar "para aumentar la transparencia en el desarrollo y producción de los fármacos" y colaborar con instituciones europeas, entre ellas la EMA, para lograr que los medicamentos sean "asequibles y seguros".

En relación con las decisiones de precio y financiación, consideran que habría que desarrollar un proyecto para la implantación sistemática de la evaluación económica, poner en marcha una red nacional específica para la evaluación de medicamentos en coordinación con las CCAA, que deberían evaluar periódicamente las decisiones de inclusión y exclusión, así como la posible intervención de los precios, dando visibilidad a los criterios de la Comisión, y con información detallada de los compromisos de confidencialidad con las empresas farmacéuticas.

También hay una mención explícita a la prohibición de la financiación de actividades formativas sobre los medicamentos por parte de la industria, debiendo quedar esta en manos de las administraciones públicas.

El documento también reserva un espacio para la farmacia comunitaria, en la que, dicen, habría que "impulsar las buenas prácticas y desarrollar el papel asistencial y sanitario en coordinación con los profesionales de Atención Primaria".

En materia de suministros, y con el fin de estar preparados para futuras crisis sanitarias, plantean la definición de un Plan Estratégico Nacional, con una gobernanza definida, con unas infraestructuras y unos protocolos bien detallados, y que incorpore la producción de "suministros estratégicos y productos críticos". El fin último es establecer el marco para poder disponer de esa reserva estratégica de la que tanto se viene hablando. Se habla, adicionalmente, de una línea de ayudas para crear un tejido productivo e investigador en torno a los materiales específicos que requiere la respuesta a la actual pandemia, que concluya en una especie de clúster nacional donde confluyan empresas, centros tecnológicos y hospitalarios, y universidades.

Entre las medidas incluidas en el documento también se incluye el fomento de una mayor presencia de plantas de fabricación de medicamentos, especialmente de vacunas, en territorio nacional "para reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad con respecto a otros países".

En cuanto al impulso de la I+D+i sanitaria, la propuestas giran, en primer lugar, en torno al incremento gradual de las inversiones hasta el 2% del PIB en los próximos cinco años. Consideran que el Instituto de Salud Carlos III sigue siendo idóneo para vertebrar la coordinación del presupuesto y la actividad en investigación biomédica. Además, hay una mención expresa al refuerzo de la colaboración público-privada en este ámbito, además de dinamizar la investigación 100% pública integrando a más científicos en las plantillas del SNS y facilitando el desarrollo de estas actividades en el mismo.

La transformación digital

En lo que respecta a la transformación digital, opinan que deberían ponerse en marcha una Estrategia Nacional liderada por el Ministerio, en coordinación con las CCAA y con la participación de sectores y actores implicados, priorizando soluciones de software libre y código abierto para "garantizar la soberanía tecnológica desde lo público", evitando así "situar en manos privadas infraestructuras digitales estratégicas", además de proteger los datos de los ciudadanos. Lo que proponen es realizar seguimiento de las innovaciones que se van produciendo e impulsar experiencias piloto con las que se consideren útiles, y realizar una evaluación periódica de los avances que se van integrando para poder difundir entre los servicios sanitarios las experiencias exitosas.

De forma concreta, proponen el desarrollo de un Plan urgente de digitalización en Atención Primaria para, entre otros aspectos, dinamizar la telemedicina. El aumento de la dotación de recursos y la reordenación de la actividad en este ámbito asistencial, para hacerlo más protagonista, también está muy presente en el documento. Como lo está el refuerzo de la Salud Pública, a partir del desarrollo de la Ley General de 2011, desarrollando un Plan de Emergencias y fortaleciendo estructuras, tanto a nivel nacional como autonómico, como medidas más generales.

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