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PSOE, UP, Cs y PP acuerdan en el Congreso el dictamen definitivo para la reconstrucción sanitaria

Imagen del Pleno en el Congreso de los Diputados.

FRAN ROSA  |    22.07.2020 - 18:18

El Congreso de los Diputados ha aprobado, por 256 votos a favor, 88 en contra y tres abstenciones (los otros tres votos que faltan corresponden a diputados que no han estado presentes en la votación, aunque se ha habilitado también la vía telemática), el bloque de propuestas sanitarias correspondiente al Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

Finalmente, además del Grupo Socialista, el Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y Ciudadanos, que ya habían mostrado su predisposición al acuerdo, éste ha conseguido atraer al Grupo Popular, que había presentado una batería de enmiendas, todas ellas aceptadas. Cabe destacar una que se ha fundido con otra de Ciudadanos, y que tiene que ver con la creación de un Centro Estatal de Salud Pública y Calidad Asistencial, "a través de la fórmula jurídica más adecuada, incluyendo la posibilidad de una Agencia", una reivindicación repetida por los populares en todo el proceso de análisis de la reconstrucción del sistema sanitario.

Los que se han caído del acuerdo han sido los grupos nacionalistas y VOX, cuyas posiciones contrarias ya habían sido evidenciadas durante el debate en la Comisión. En el caso de los nacionalistas, han rechazado sistemáticamente algunas de las propuestas incluidas en el ámbito de la Gobernanza. Una de ellas tiene que ver con "repensar la institucionalidad actual del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para dotarle de capacidades adicionales como órgano colegiado del nuevo cogobierno de la sanidad española, de modo que pueda impulsar eficazmente la cooperación y la coordinación de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y los servicios autonómicos de salud entre sí y con el Ministerio de Sanidad". De hecho, se plantea el estudio de "la modificación del Reglamento de Funcionamiento del CISNS, para la mejora de su coordinación y eficacia". También se llama a "reforzar al Ministerio de Sanidad para que pueda desempeñar con efectividad sus funciones en un sistema descentralizado". Estos planteamientos, y otros como el de la creación de ese Centro o Agencia de Salud Pública no han sido de su agrado en ningún momento.

A VOX se le conocen sus planteamientos beligerantes contra la inmigración irregular, que se han hecho más patentes, si cabe, al abrigo de la pandemia. El documento incluye la necesidad de impulsar el derecho a la salud como un derecho fundamental, lo que implica profundizar en la garantía de asistencia sanitaria universal, independientemente de la condición administrativa del sujeto, algo con lo que no están de acuerdo. Más allá de este aspecto, en los debates celebrados en el marco de la Comisión siempre han mostrado un perfil de confrontación contra el Gobierno, acusando a sus responsables de distintas negligencias en la gestión de la pandemia. En ningún momento han mostrado intención de adherirse al acuerdo.

Aspectos destacados en I+D+i y Política Farmacéutica

Además de las cuestiones de la gobernanza y el modelo sanitario (finalmente se ha incluido una perspectiva predominantemente pública de la gestión de la sanidad), en el documento se abordan, como ya es sabido, el ámbito de la financiación, donde se ha acordado elevar el nivel de gasto sanitario sobre PIB a la media europea, así como dinamizar los diferentes fondos para garantizar la equidad e incluso la creación de "un nuevo Fondo de Innovación Sanitaria, para financiar entre otras, terapias tuteladas y
medicamentos de alto coste"; la transformación digital; la coordinación de lo sanitario y lo social; el refuerzo de Salud Pública y Atención Primaria; los incentivos a la I+D+i en vacunas y tratamientos y la renovación de la Política Farmacéutica.

En lo que respecta a la I+D+i en vacunas y medicamentos, además de elevar el presupuesto general hasta el 2% del PIB, hay propuestas en la línea de fomentar la investigación pública, con recursos humanos e infraestructuras, y también de impulsar la colaboración público-privada en este ámbito.

Por otro lado, en términos de Política Farmacéutica, destaca la apuesta por la implementación de las medidas propuestas por la Airef, el fomento de la evaluación económica en la toma de decisiones sobre precios y financiación, la promoción de genéricos y biosimilares o el avance en la compra centralizada.

También se ha introducido una nueva propuesta consistente en "establecer líneas de colaboración con la industria farmacéutica de medicamentos genéricos y la de los biosimilares, así como con el sector de las empresas españolas biotecnológicas y de tecnología sanitaria, con el objetivo de favorecer el autoabastecimiento o reducir cuanto menos la dependencia frente a otros países para garantizar stock de este tipo de productos".

Revisión del Plan Profarma

También se contempla la revisión y actualización del Plan Profarma, teniendo en cuenta "todas las aportaciones de las compañías con impacto en el empleo, la producción, la exportación, la I+D y la transferencia tecnológica", incentivando además "el desarrollo de productos para necesidades importantes o mal atendidas, como las enfermedades raras".

A nivel general, el documento aboga por "estimular una mayor presencia de nuevas plantas de fabricación de medicamentos, esencialmente de vacunas, para reducir nuestra dependencia y vulnerabilidad respecto de otros países", y por "potenciar, con todo tipo de medidas, la industria biosanitaria y farmacéutica en España". En este sentido, se incluye la recomendación de "desarrollar acuerdos estratégicos con la producción privada nacional para la fabricación de medicamentos o tecnologías esenciales, con precio de venta según coste".

Finalmente, se ha mantenido la propuesta de prohibir la financiación de la formación sanitaria por parte de la industria a sociedades científicas y organizaciones de pacientes, ya sea directa o indirectamente, una medida que ha sido rechazada por estas organizaciones en los últimos días.

La última versión del documento publicado incluye además un último punto en el que se llama a "garantizar la sostenibilidad de las redes de farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial". También se recomienda "impulsar las buenas prácticas en farmacia comunitaria y el desarrollo del papel asistencial y sanitario del farmacéutico, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria".

Una vez aprobado el documento, habrá que esperar a ver su trascendencia real. El dictamen no tiene ninguna capacidad normativa. Se trata, más bien, de un documento de sugerencias que tiene el valor de haberse consensuado por cuatro de los principales partidos a nivel estatal. Voces de algunos grupos parlamentarios han reducido las expectativas en torno a él, calificándolo como "un compendio de PNLs" (proposiciones no de ley) agrupadas en un único texto.

 


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