Portavoces de los distintos grupos parlamentarios, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, el director del Observatorio Europeo de Políticas y Sistemas Sanitarios de la OMS, Josep Figueras, y la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, han demostrado esta mañana, con sus intervenciones en el IV Congreso de Organizaciones de Pacientes, que las cosas van lentas en lo que respecta a la reforma del sistema sanitario para responder a eventos puntuales, como la pandemia, y también a problemas estructurales, como son las carencias en la atención a los pacientes crónicos, que se han multiplicado con la irrupción de la covid-19.
Figueras tiene claro que el de la covid-19 "es solo otro shock que nos muestra debilidades estructurales y crónicas" del sistema sanitario, y una una oportunidad, "quizás la última", ha dicho, de corregirlas. Calzón ha mantenido también esa visión posibilista y, tras reconocer que la pandemia no ha hecho más que "ahondar en fallos" en los que ya se estaba trabajando, ha asegurado que el Gobierno tiene la intención de reafirmar los trabajos que se estaban realizando y que hay que "intensificar", en relación a asuntos como el abordaje de la cronicidad o el reforzamiento de la Atención Primaria.
Escobar ha recordado, a este respecto, que los pacientes crónicos se encuentran en una situación "más frágil y vulnerable" que antes de la pandemia, por la cancelación de consultas, el retraso de procesos de rehabilitación, las dificultades para acceder a la medicación y el miedo de acudir a los centros, y ha apuntado, como posibles soluciones, una mejora de la gobernanza y también el fomento de la participación de éstos en las decisiones.
Sobre la cuestión de la gobernanza ha hablado largo y tendido Figueras, quien ha reconocido que la diatriba entre salud y economía, y a la hora de priorizar entre pacientes crónicos y pacientes de covid, hace que ésta sea una labor especialmente "compleja". A su juicio, aspectos como el liderazgo, el consenso político y la coordinación entre administraciones puede resultar vital, y ha asegurado que "en la mayoría de los países descentralizados ha habido centralización de competencias para abordar los retos en regulación, compra, financiación, coordinación con el sector privado, etc.", mientras que la gestión se ha mantenido descentralizada.
Como no podía ser de otra manera, los portavoces políticos españoles han dado su versión sobre cómo ha funcionado y cómo debería funcionar la coordinación en España, en el marco del Consejo Interterritorial. La ex ministra de Sanidad y diputada del PSOE en el Congreso, María Luisa Carcedo, ha opinado que el CISNS está funcionando "de manera excelente". "Ahora, con la pandemia, de forma especial. Pero es que en periodo normal, es la conferencia sectorial que mejor funciona, un órgano donde surgen pocas discrepancias desde el punto de vista sanitario, aunque puedan surgir después, como ha pasado con los calendarios de vacunación, por cuestiones políticas", ha añadido.
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Senado, no lo ve del todo igual, y considera que precisamente en la pandemia se ha mostrado "la necesidad de potenciar el SNS como red integrada de servicios sanitarios", así como de "disponer de instrumentos para tomar decisiones comunes, ágiles y eficaces". "Esa debería ser la función del CISNS, pero la realidad nos dice que hay carencias en su operatividad. Creemos necesario que hay que reforzar su papel como órgano de gobernanza, para asegurar su operatividad y eficacia", ha proseguido.
En un sentido similar se ha expresado Elvira Velasco, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, quien ha vuelto a defender que hay que dar "un rango normativo a los acuerdos (del CISNS), para que no se queden en recomendaciones. Hay que diseñar nuevas vías para hacer efectivos esos acuerdos", ha apuntado.
Otro de los temas en los que se han observado algunas discrepancias tiene que ver con la participación de los pacientes. Velasco ha sugerido la "falta de un sistema reglado, para hacer efectiva la participación en el comité consultivo del CISNS o en el organismo donde se acuerde". En su opinión, habría que ubicar esto "dentro del marco normativo, y que no quede al albur de consideraciones individuales".
Amparo Botejara, responsable del Área de Sanidad de Podemos, ha opinado que la participación de los pacientes es importante, como lo es la de los gestores y los sanitarios, en la toma de decisiones, pero, a juicio de su grupo, habría que ampliar esa concepción, la de paciente, ya que no debería restringirse el derecho a la participación a las personas que están enfermas, sino que debería considerarse éste como un derecho de ciudadanía. En este sentido, ha recordado que los canales de participación comunitaria están contemplados en la Ley General de Sanidad y en la de Cohesión, y que simplemente deben ser desarrollados "con una dinámica democrática y ajustada a toda la población".
Cada uno de los portavoces políticos han defendido las que, para ellos, deberían ser las reformas prioritarias para adecuar el sistema sanitario a las necesidades de los pacientes: Botejara ha apostado, en este sentido, por "financiar adecuadamente el SNS, fidelizar a los sanitarios (con mejores condiciones) y reforzar la Atención Primaria"; Carcedo también ha abogado por ese refuerzo a la Primaria y por impulso de la salud comunitaria, con una visión preventiva y de promoción de la salud antes de que la enfermedad emerja; Velasco se ha decantado por "poner en marcha la Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial para mejorar la respuesta epidemiológica y contar con unos indicadores" sobre la atención prestada, poner en marcha "un Plan de Recursos Humanos" que mitigue las carencias actuales de personal y abrazar las nuevas tecnologías, y Sánchez ha apostado por "reducir la temporalidad y eliminar las rigideces" en materia de recursos humanos, mejorar la transparencia y reducir la burocracia en cuestiones como la atención transfronteriza.
Nicolas Gonzalez Casares: