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¿Es el CISNS una Conferencia Sectorial? Yo creo que aún no

DIARIOFARMA  |    01.10.2020 - 12:04

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

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¿Es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) una conferencia sectorial? Aunque ahora sea un debate que salta a los medios generales, esta cuestión lleva coleando en el sector durante los últimos años y protagonizó grandes debates del propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) desde 2016. Se trata de una pregunta, cuya respuesta puede tener hoy una trascendencia muy relevante, como por ejemplo, hacer efectivo de forma inmediata el confinamiento de gran parte de la Comunidad de Madrid.

Se trata de un interesante debate jurídico, que a mí se me escapa, pero al que creo que es imprescindible otorgar luz con la narración de los hechos que se han sucedido desde que se empezó a hablar del CISNS como conferencia sectorial.

Vamos a hacer un poco de repaso por la cuestión. En octubre de 2016 entró en vigor la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, una norma que regulaba las conferencias sectoriales de modo que sus decisiones fueran vinculantes para las materias en las que la Administración General del Estado actuara en funciones de coordinación. Esta norma no fue recurrida por ningún partido, especialmente los nacionalistas, que no debieron ver que se aplicaría al CISNS. Para los impulsores de la norma, no había duda.

El ‘calvario’ de la actualización del reglamento

La cuestión es que justo después de la entrada en vigor de esta norma, se hacía necesario actualizar el reglamento del CISNS para adecuarlo a la nueva regulación. Gran parte de las actuaciones en el CISNS durante 2017 y principios de 2018 fue encaminada a negociar entre Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas el texto de un reglamento que convertía el CISNS en conferencia sectorial.

Por cuestiones políticas, ya que muchas de las comunidades autónomas planteaban su posición en función del partido en el que estaban, no se llegó a acuerdo. Es decir, las del PP apoyaban la conversión en conferencia sectorial y las del PSOE, con alguna excepción como Extremadura, la rechazaban junto con los nacionalistas. La única realidad es que el reglamento nunca se aprobó.

En estas que llegó la Moción de Censura de 2018, el cambio de gobierno y la visión de los socialistas cambió. En diversas intervenciones de sus ministros apuntaban a la posibilidad de convertir el CISNS en conferencia sectorial. En una de sus primeras comparecencias en la Comisión de Sanidad, Illa anunció que reforzará el CISNS y hará “vinculantes algunas de sus decisiones”, como quería hacer el PP. Previamente María Luisa Carcedo también había dejado entrever su intención de avanzar en esta misma materia. Pero no ocurrió.

Durante ese tiempo, el PP presentó en el Congreso de los Diputados diversas iniciativas parlamentarias para instar el Ejecutivo a elaborar un reglamento que considere al CISNS una conferencia sectorial y algunas comunidades del PSOE, como Castilla-La Mancha o Aragón) pedían que el Consejo fuera más ejecutivo y que algunos de sus acuerdos fueran vinculantes.

Más intentos infrucutosos

Pese a todo ello, nada se avanzaba en cuando al reglamento del CISNS y en la consideración de este como conferencia sectorial… hasta que llegó la covid-19. Y es que fue con el Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, cuando el Gobierno quiso introducir en la normativa por decreto la consideración del CISNS como conferencia sectorial. Eso en los borradores. Porque el texto que finalmente aprobó el ejecutivo y fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) carecía de dicho apartado. Las malabares políticas para conseguir los votos necesarios para su convalidación hicieron que ese artículo decayera y, por tanto, el CISNS no sería considerado conferencia sectorial, sino que mantendría la naturaleza jurídica previa a la regulación de estas conferencias.

Y ahora es cuando el Ministerio de Sanidad, para obligar a Madrid a tomar una serie de decisiones que la región no comparte, se comporta como si el CISNS fuera en efecto una conferencia sectorial y pudiera obligar a una comunidad autónoma a ejecutar un acuerdo del CISNS, incluso sin consenso. Pero la realidad es que si el martes, el CISNS no era una conferencia sectorial, tampoco lo sería el miércoles.

Otra cuestión relevante es que, incluso en caso de que el CISNS hubiera sido considerado como conferencia sectorial, según el borrador de reglamento de 2017 que lo regulaba en esta configuración, el orden del día de la convocatoria debería haber especificado el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar, así como la clase de decisión (acuerdo, acuerdo en base a coordinación del Ministerio de Sanidad o recomendación) a tomar. Por ello, no basta que el título del plan haga referencia a que se trata de una “declaración de actuaciones coordinadas en salud pública” para que realmente sea un acuerdo de coordinación.

Por todo ello, y pese a que como es obvio, no soy ningún experto jurista, creo que a día de hoy el CISNS no debería ser considerada una conferencia sectorial. Y no lo es porque el Gobierno no quiso. Para él, ni para los gobiernos anteriores, no era suficiente la Ley 40/2015. No aprobó la regulación cuando tuvo oportunidad con el RDL 21/2020, ni se impulsó su reglamento, y ahora no puede actuar como si lo hubiera hecho y abocando a la Comunidad de Madrid (y otras) a acudir a los tribunales.

Más allá de todo esto, ¿se puede tomar una medida tan drástica que afecta a derechos fundamentales sin la exigencia de unas mínimas garantías jurídicas? ¿Son suficientes las que ofrece un ‘acuerdo’ y una resolución publicada en el BOE? No lo creo.

En cualquier caso, creo que es impresentable que a día de hoy, siete meses después de empezar la pandemia, no tengamos un cuadro de mandos único del SNS que integre la información epidemiológica y de capacidad asistencial de todo el país, como por otra parte anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril al inicio de la desescalada y, por supuesto, que sea transparente y manejable y no un pdf. Un cuadro de mandos que impida que Madrid hable de control de la enfermedad al tiempo que Illa habla de transmisión comunitaria incontrolada.

También creo que los indicadores para la toma de decisiones tienen que ser más claros y amplios, pactados con los expertos, y no entiendo que se aplique solo a los municipios de mayor población, ¿es que los pueblos grandes, pequeños y medianos no tienen derecho a la protección? Por eso parece un plan hecho a medida para la ocasión, es decir, para confinar Madrid. Un plan adecuado debería analizar y hacer público los lugares y circunstancias donde se están produciendo los contagios para actuar en consecuencia e informar y concienciar a la población acerca de la manera de evitarlos. Si no se hace así, seguiremos tratando el virus a cañonazos y no con el bisturí que sería necesario.

Por último, considero que es muy importante tratar de conciliar en lo posible la economía y la salud. Parece que algunos han olvidado que la economía es uno de los determinantes clave de la salud y, por tanto, no se puede condenar a la enfermedad, la mala calidad de vida y la pérdida de años de vida, a una gran parte de la población a cambio de tomar unas decisiones drásticas que ya hemos visto que tienen una duración muy limitada.


José María López Alemany es director de Diariofarma.

 


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