Política

Copago: el CAPF señala cambios para mejorar efectos negativos y su equidad

El Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF) ha emitido un documento de consenso en el que muestra una serie de principios que deberían regir un sistema de copago con mayor equidad que el actual y con menores efectos negativos.

El Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF) ha emitido un documento de consenso en el que se recoge su opinión acerca de la necesidad de reformar el sistema actual de copago de medicamentos.

El documento, que aunque está fechado en mayo de 2020 ha sido publicado ahora en la web del Ministerio de Sanidad, coincide en el tiempo con la última modificación sobre el copago que se quiere realizar a través de la Ley de Presupuestos para 2021.

El CAPF ha identificado una serie de elementos que considera que son cuestiones a mejorar en la legislación actual. En concreto, se para en la situación de los activos con rentas bajas que no pertenecen a grupos vulnerables. Según el órgano presidido por Félix Lobo, “pagan copagos excesivos y superiores a pensionistas de renta igual o superior”. Esta cuestión es analizada por el comité, que considera que “no tiene ningún sentido” realizar la distinción entre pensionistas y no pensionistas, especialmente en un momento en que los jubilados “no son los grupos más pobres”. Por ese motivo, consideran que, dado que las tecnologías de la información actuales lo permiten, se debería avanzar en el modelo de copago por renta, teniendo en cuenta otros factores como la cronicidad, o la tipología de las enfermedades que se sufren.

Además, el CAPF considera que en algunos casos el nivel de copago de la población activa con enfermedades crónicas puede afectar a la adherencia terapéutica y suponer en algunos casos una aportación acumulada “muy elevada”.

Disuasorio pero sin ser barrera

Por todos estos motivos, el Comité Asesor considera que el copago ideal, que es un instrumento de disuasión, y no de financiación, tal y como remarca, debería “respetar la equidad entre grupos de rentas y necesidades sanitarias” en cuanto a la cantidad acumulada que aporte cada paciente. Además, según indican, no debería ser en ningún caso una barrera económica para la adherencia terapéutica, especialmente en los grupos de rentas más bajas. El modelo de copago que propone el CAPF también excluiría de la aportación a los grupos de población más vulnerables, con rentas bajas e incluso la población infantil.

Pero los copagos no solo se modularían en función de la renta ya que el CAPF propone que ciertos medicamentos para enfermedades graves y crónicas tengan un copago aún más reducido, como sucede con la aportación reducida de la actualidad.

Más allá de todo esto, el Comité considera que se puede realizar un modelo de “pago fijo muy bajo con pagos porcentuales más moderados que los actuales en función del precio, con el objetivo de reforzar la disuasión del consumo innecesario”. Un modelo que podría ser similar al del euro por receta que en 2013 se puso en marcha en Madrid y Cataluña. Un elemento relevante sería el establecimiento de topes máximos anuales o una escala decreciente de aportación incluso para este modelo mixto de aportación.

Pese a todas las propuestas realizadas, y la justificación de las mismas, el CAPF considera que antes de ponerlas en marcha sería “imprescindible realizar un estudio del impacto sanitario y económico, que puede ser elevado, y otro sobre los efectos económicos de estas modificaciones antes y después de tomar la decisión”.

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