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Facme, contraria al Plan de los IPT de Sanidad y sus redes de evaluación

Pilar Garrido, presidenta de Facme

DIARIOFARMA  |    14.12.2020 - 20:16

La Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) ha posicionado en contra tanto del ‘Plan para la consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos en el SNS’ como de la ‘Red de evaluación de medicamentos en el SNS. Facme considera que se han establecido sin un debate con los profesionales.

A través de un comunicado, la entidad que representa a gran parte de las sociedades científicas sanitarias, considera necesario “revisar el modelo” que en España existe para la inclusión de medicamentos y otras prestaciones sanitarias en el SNS, para incorporar una correcta evaluación de su efectividad, evaluación económica e impacto presupuestario. Pero considera “imprescindible que dicha revisión del modelo se realice de forma más rigurosa, participativa y transparente que la ahora propuesta”.

Facme muestra su “desacuerdo con que un tema de tanta trascendencia se establezca sin debate y audiencia pública formal y sin las garantías propias de un proceso normativo”. Igualmente, asegura a través del comunicado “estamos en desacuerdo también con el propio contenido del Plan, porque creemos que no garantiza una correcta evaluación de la efectividad de los medicamentos”. La entidad considera que “tampoco el sistema de gobernanza que se establece es adecuado, con falta de garantías de independencia, rigor técnico, transparencia y rendición de cuentas”.

La independencia para la evaluación de la efectividad clínica de un medicamento, “se ve afectada si la designación del experto para la evaluación clínica se realiza por el mismo órgano de la administración autonómica que es responsable del presupuesto en la partida de medicamentos, en un sistema, además, poco transparente”.

Falta de transparencia

Según Facme, “la falta de transparencia es tal que se informa de la existencia de nodos de evaluación y de 120 expertos ya designados por las CCAA e incluidos en un plan de formación sin que haya habido información pública sobre el proceso de selección y designación ni se conozca su identidad”. De la misma manera, aseguran “estamos seguros de que los médicos realmente expertos en el conocimiento de una enfermedad están dispuestos a que se conozca su participación en un panel de evaluación, a emitir su opinión crítica acerca del valor terapéutico de un medicamento, a realizar discusiones públicas y a firmar y rendir cuentas sobre un informe consensuado y riguroso”.

De la misma manera, para Facme, el procedimiento que se propone para la valoración del beneficio clínico de un medicamento “no garantiza su rigor técnico”.

Llaman la atención, a juicio de esta entidad “las indicaciones para expresar los resultados de eficacia de acuerdo con un programa de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria o la consagración de tablas de comparaciones indirectas”. Igualmente “se plantea la necesidad de evaluar la literatura científica sin que se perciba necesario incorporar a los médicos expertos en la enfermedad”. Finalmente, se plantea que “el objetivo es valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica” pero el procedimiento no garantiza la incorporación del conocimiento de los médicos expertos en las enfermedades concretas ni la opinión de los pacientes que las padecen.

La Federación califica de “buena” noticia que haya acceso a recursos económicos destinados a la mejora del sistema de evaluación de medicamentos para el SNS. Consideramos imprescindible que esos recursos permitan mejorar el rigor técnico de la evaluación que se debe realizar (la terapéutica y la económica), “facilitando la incorporación de los médicos expertos que afortunadamente ya existen en nuestro SNS así como los economistas de la salud de nuestras Universidades, para uno y otro tipo de evaluaciones”. También deben dedicarse dichos recursos a mejorar la gobernanza de la evaluación para incorporar prestaciones al SNS, de forma que se garantice una evaluación independiente de los aspectos terapéuticos y económicos, con un proceso de toma de decisión que responda a criterios de buen gobierno en la Administración Pública, con transparencia y rendición de cuentas.

 


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