El Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), se han unido para denunciar “la indefensión para los profesionales sanitarios y el riesgo para la población que supone la ley de eutanasia”. Además, han emitido un comunicado con el que quieren “poner de manifiesto la grave preocupación que estos profesionales tienen ante el proyecto de ley de eutanasia”.
Según explican, la eutanasia “está prohibida en toda Europa con la excepción del Benelux” y, por tanto, consideran que la sociedad “puede ser confundida mediante una intensa presión desde los medios, pero las profesiones sanitarias no”. Tal y como señalan, son los colegios firmantes son conocedores de “la gravedad de las acciones que conlleva, a nivel personal e institucional, y la ‘pendiente deslizante’ hacia la eliminación y/o corrupción del derecho a la vida que implica”.
Además, los tres organismos consideran que la demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto. Por ello, denuncian que “en vez de potenciar unos Cuidados Paliativos infra-desarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos”. De este modo, señalan que “es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable”.
Los tres colegios también consideran que esta ley es “muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus”. Según indican, es “incomprensible que, en ausencia de demanda social, la ley se tramite de forma acelerada por decreto, sin diálogo alguno con las profesiones sanitarias y contra el criterio del Comité de Bioética, máximo órgano asesor del gobierno en este tema”.
Por todo ello, se unen en la demanda de una Ley General de Cuidados Paliativos, “previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de ley de eutanasia”. En el caso de que no se produzca dicha retirada, se reservan “el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología”.
Nicolas Gonzalez Casares: