Las patentes han sido uno de los elementos clave para el desarrollo acelerado de las vacunas para la covid-19. Esta ha sido una de las conclusiones a las que se ha llegado en el marco del coloquio ‘Patentes, investigación y acceso a las vacunas contra el covid-19’, celebrado en el marco del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Además, los expertos han considerado, a pocas fechas de la decisión sobre las patentes de las vacunas de la covid-19 por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no suponen una limitación al acceso a las mismas por parte de los países más pobres del planeta.
El encuentro ha sido moderado por el subdirector general de Farmaindustria, Javier Urzay y también participaron Miquel Montañá, socio de Clifford Chance; Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y jefe de Sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de Salud; Pilar Nicolás, profesora de Derecho Público, Cátedra de Derecho y Genoma Humano en la Universidad del País Vasco, y Alfonso Castresana, secretario general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.
Urzay ha destacado que el desarrollo de las vacunas de la covid “no hubiera sido posible sin el trabajo conjunto de gobiernos, agencias reguladoras, investigadores e industria a la búsqueda de soluciones” y que ha sido un “éxito” tanto de los implicados en los procesos de I+D, como en los de producción, regulatorio, distribución, etc. No obstante, también ha reconocido que queda mucho trabajo por realizar ya que “hay mucha población mundial por vacunar, pero eso no empaña el éxito colectivo”.
El subdirector general de Farmaindustria ha resaltado que en este tiempo de pandemia se ha producido un trabajo colaborativo, con compañías “compartiendo datos y recursos” con otros laboratorios, así como con el ámbito público. Además, ha explicado que en un año se ha multiplicado por tres la capacidad productiva mundial de vacunas y se espera que en un año más se vuelva a duplicar.
El experto en patentes Miguel Montañá ha relatado los elementos incorporados en la normativa mundial de patentes farmacéuticas para terminar rechazando que la propiedad intelectual sea la responsable de las dificultades de acceso. Este abogado ha recurdado que los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) ya establecían una moratoria para los países en vías de desarrollo hasta 2033. Además, Montañá recuerda que desde hace 20 años, con la declaración de Doha, “cualquier empresa que quiera fabricar vacunas para los países africanos, , puede hacerlo con solo una comunicación a la OMC”.
Pese a estos mecanismos que ya permitirían a los estados emitir licencias obligatorias, La India y Sudáfrica han reclamado a la OMC desactivar las vacunas en los países pobres mientras dure la pandemia. Montañá ha explicado las grandes líneas de esta polémica en la que se debe alcanzar un acuerdo por consenso, lo que dificultaría que los promotores consiguieran su objetivo. La UE, por su parte considera según este abogado que se “está tratando de matar moscas a cañonazos”, por lo que trata de “llegar al mismo sitio sin desactivar los incentivos a los investigadores”. Esta cuestión es clave ya que “si no se protegieran los esfuerzos de investigación, no habría incentivos para desarrollar nuevas vacunas frente a nuevos serotipos”, destaca Montañá.
Además, este abogado se ha mostrado extrañado por el hecho de que no haya habido ningún litigio entre titular de patente y otra compañía que haya intentado desarrollar una vacuna y ha puesto el foco en que en estos países en desarrollo hay problemas para la correcta distribución y mantenimiento de las vacunas.
Por su parte, el presidente de la AEV ha remarcado que estamos “ante la crisis sanitaria más compleja y rotunda que hemos vivido a nivel mundial” y, por ese motivo, considera que no se debe olvidar que estamos ante “una pandemia y que el planteamiento tiene que ser global”. A este respecto, García Rojas ha considerado que la actuación de la UE “ha sido ejemplar”.
De acuerdo con esta visión global, García Rojas ha cuestionado la necesidad de administrar una tercera dosis de forma generalizada en los países desarrollados. Además de que “no hay evidencia”, el presidente de la AEV vuelto a recordar que es necesario “asegurar la vacunación en países en vías de desarrollo”. Eso sí, García Rojas ha confirmado que para los colectivos que desarrollen menos inmunidad sí que habría que administrar la tercera dosis: “para personas mayores tiene sentido”, ha asegurado.
El secretario general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes también ha cuestionado el objetivo de la suspensión de las patentes de las vacunas de la covid y ha explicado que presenta problemas de aplicación. “¿Para cuánto tiempo y para qué se suspende?”, se ha preguntado Castresana al tiempo que ha señalado que “es posible que tengamos que estar vacunándonos más años”.
Por último, Pilar Nicolás, ha criticado algunos de los procesos de información a la población que se han llevado a cabo durante la pandemia. Se ha centrado especialmente en la decisión de modificar la vacuna a administrar a quienes se habían vacunado con Vaxzevria. “Ha faltado trasladar a la población las cosas como son, tratando a la población como más madura, y más teniendo en cuenta que los españoles confían mucho en la ciencia”, ha explicado la profesora de Derecho Público de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano en la Universidad del País Vasco.
Nicolas Gonzalez Casares: