El sistema de evaluación de medicamentos implantado en nuestro país presenta una serie de carencias muy relevantes que lo alejan de los estándares de algunos de los modelos más avanzados del mundo.
Aspectos como la transparencia; la participación efectiva de los agentes interesados; la separación entre la evaluación y la decisión, con una excesiva influencia política; la existencia de procedimientos explícitos y públicos o una dirección estratégica de todas las evaluaciones del sistema sanitario son algunas de las cuestiones que se plantearon en la primera mesa de los IV Encuentros de Expertos en Gestión Sanitaria y Economía de la Salud dirigidos por los profesores Jaume Puig Junoy y Lluís Segu de la UPF Barcelona School of Management.
Los participantes en esta primera sesión, que aborda las ‘Bases para un modelo de evaluación de intervenciones en Salud’, que cuenta con la colaboración de Almirall, fueron Pilar Pinilla Domínguez, directora asociada de NICE International; José María Abellán Perpiñán, catedrático de la Universidad de Murcia y Pedro Gómez Pajuelo, experto y funcionario en excedencia de la Administración General del Estado. La mesa contó con la moderación de Juan Oliva Moreno, catedrático de la Universidad de Economía en la Castilla-La Mancha.
En su introducción, Oliva expuso que, en los últimos tiempos, el análisis del modelo de evaluación de tecnologías sanitarias “ha suscitado encendidos debates” en nuestro país. La propuesta de un HispaNICE, desarrollada por más de 300 expertos hace ahora un año ha sido la última intentona de establecer un sistema reglado e independiente que aborde la dirección y ejecución de la evaluación de medicamentos.
A la hora de valorar las probabilidades de que España cuente con un HispaNICE un año después de la “efervescencia de debates” que se produjeron cuando se presentó, tal y como dijo Oliva, ninguno de los ponentes fue especialmente optimista. “Creo que en el corto plazo hay que darlo por terminado” señaló Abellán. No obstante, este economista no pierde la esperanza y recuerda que es un debate que ha resurgido periódicamente a lo largo de los últimos años, aunque sí considera que los fondos Next Generation eran una oportunidad para “destinar los recursos necesarios”.
Por su parte, Pilar Pinilla también mostró su esperanza en que “aún sea viable” poner en marcha este mecanismo de evaluación. No obstante, recordó que lo más importante es que haya “compromiso político”, algo que de momento no se espera. A este respecto, Gómez Pajuelo señaló que ni hay fondos en los Presupuestos Generales del Estado ni hay intención política expresada en los Plan Normativo Anual, por lo que a corto plazo es algo que no ocurrirá. Para este experto la situación no es entendible y, puesto que “las cuentas públicas están lejos del equilibrio”, se preguntó: “¿A qué estamos esperando para incorporar los procesos de evaluación?”.
Claves de un ‘HispaNICE’
Pilar Pinilla, cuya labor profesional está enfocada a la asesoría a sistemas sanitarios que quieran dar pasos para parecerse al NICE inglés, señaló que una de las claves es la existencia de “rigor científico, transparencia e inclusividad de actores”, que el proceso esté basado en estándares, que se tenga en cuenta toda la evidencia disponible y que “sea abierto públicamente” haciendo partícipe a la sociedad y, por tanto, que todos los actores tengan oportunidad de participar.
Por su parte, Abellán añadió a las palabras de Pinilla la necesidad de que todo el sistema esté regido por la “ejemplaridad”, algo que se debe a la falta de cohesión y vertebración de un sistema muy fragmentado, por lo que recamó una mayor “institucionalización del trabajo en red más rápida”. Además, apunto que es importante la definición de umbrales e incidió también en la importancia de la participación de los agentes. Como elementos clave del modelo señaló que “además de riguroso, tiene que ser ágil y dinámico, también en la evaluación continua”.
El economista murciano puso como ejemplo de armonización la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y consideró que la constitución de un HispaNICE o Autoridad Independiente de Evaluación de Prácticas y Políticas Sanitarias (AIEPPS), debería establecer una “una arquitectura institucional que vertebre y cohesione la dispersión evaluadora existente con métodos, procesos homologables a los de otras organizaciones evaluadoras de nuestro entorno”.
Gómez Pajuelo también incidió en la participación de los agentes, para lo que reclamó “mucha información pública, además de evidencia independiente” y puso el foco en la multitud de evaluaciones que se realizan en nuestro país; algo que, según él, “termina suponiendo confusión más que aclaración”. Según este experto, en el modelo de evaluación de medicamentos de nuestro país “hay bastante influencia política”, que no separa las evaluaciones de las decisiones participando en ambas instancias las mismas entidades e incluso personas. Para él, “el evaluador debería ser una persona libre” y la decisión política, en caso de no seguir sus recomendaciones debería justificarse. No obstante, Gómez Pajuelo lamentó que “estamos lejos de tener esa separación”, algo que sí sucede en el NICE, como señaló Pinilla.
Evaluación en los IPT
Esta experta también analizó las claves de los nuevos Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) elaborados por Revalmed, y se mostró incrédula con que sea posible disponer de una evaluación económica de calidad en los plazos que se han establecido y que son de solo 10 días. Para Abellán, conseguirlo en este tiempo supondría “una heroicidad”, si bien ve con buenos ojos que “por fin” haya una evaluación económica ex ante que informe la decisión de precio y financiación de los medicamentos. Por ello, este economista consideró que el plan de consolidación de los IPT presenta “luces y sombras” y consideró necesario que evolucione de cara a buscar asesoramiento por “grupos de expertos de la academia independientes, como hace el NICE” y que se evalúe la metodología seleccionada ya que, según dijo, “hay otras metodologías más abiertas que Genesis”, la metodología utilizada que ha sido desarrollada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).
Además, la representante del NICE criticó que en los procedimientos de los IPT “no hay transparencia en términos de la evidencia que se utiliza” y que no se exponen ni los criterios y críticas a la evidencia, ni el proceso deliberativo de cómo se llega a las conclusiones. Por todo ello, consideró que “hay áreas de mejora” ya que según dijo, “no se puede hacer un IPT en 90 días con los estándares de calidad que se quiere tener”.
Por último, Gómez Pajuelo también abordó las dificultades por las que se está pasando en la elaboración de los IPT. Según dijo uno de los problemas existentes es la voluntariedad de los miembros de los nodos, algo con lo que habría que acabar ya que apostó por “retribuir a la red” con el objetivo de acelerar los procesos y evitar la dilación de los plazos. Además, este experto abogó también por hacer “vinculantes en el SNS” los IPT, algo que evitaría “romper” la equidad en el sistema.
Nicolas Gonzalez Casares: