El sindicato de enfermería Satse ha pedido este jueves al Gobierno “que ponga orden en el caos y el descontrol que están generaron los test de autodiagnóstico del covid en las oficinas privadas de farmacia”.
Según explica el sindicato “los acuerdos alcanzados en algunas comunidades con los empresarios de las oficinas privadas de farmacia, sobre los test y su notificación al servicio de salud, constituye un nuevo ejemplo de descontrol y descoordinación entre las diferentes administraciones públicas en la lucha contra la pandemia”.
Satse asegura que esas comunidades “han querido beneficiar a las oficinas privadas de farmacia” en la realización de estas pruebas, “que pueden y deben realizarse en los centros públicos a cargo de profesionales sanitarios competentes y perfectamente habilitados y cualificados para hacerlo”.
“En lugar de reforzar los centros de salud con personal y material sanitario para que a cualquier ciudadano se le pueda realizar este tipo de test de manera gratuita y con todas las garantías de salud y seguridad, en algunas autonomías se ha optado por permitir hacerlos en las oficinas de farmacia, lo que además de conllevar riesgos, le supondrá a la persona pagar una media de unos 10 euros, con lo que los empresarios de las farmacias cobrarán esta cantidad, y además recibirán una contraprestación económica por este servicio”, afirma el sindicato en una nota.
Satse defiende que “estos recursos económicos se destinen a la sanidad pública y a sus profesionales, para que como se ha hecho en otras comunidades se posibilite que las enfermeras y enfermeros puedan, con carácter voluntario, doblar turno, para que un mayor número de personas puedan ser atendidas en los centros sanitarios”.
Igualmente, el sindicato pone en duda que en las oficinas de farmacia se pueda acceder a datos sobre la salud de los usuarios, “que está especialmente protegida conforme a la legislación actual”.
Satse no entiende por qué “estos test no son gratuitos en España, al igual que se ha hecho en otros países como Alemina, Portugal, o Gran Bretaña, cuyos gobiernos facilitan un número determinado de pruebas al mes sin coste para el ciudadano”.
El sindicato está a favor de que las pruebas puedan ser adquiridas en “otros establecimientos comerciales o en grandes superficies para que, a través de la libre competencia, resulten mucho más baratos, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas”.
Nicolas Gonzalez Casares: